Falsos exonerados

Haroldo Quinteros Bugueño/ Profesor universitario. Doctor en Educación.

En el nuevo escenario político que ha surgido luego que la Contraloría General de la República descubriera que entre los beneficiarios de asignaciones por exoneraciones políticas figuran personas que no reunían los requisitos exigidos para impetrar ese derecho, descuella, en primer lugar, una singular persona, doña Evelyn Matthei. La Ministra del Trabajo acaba de declarar que la Ley que dio origen a ese derecho, tenía por objeto defraudar al país.

Aunque todo el mundo conoce el integrismo político y la ostensible falta de prudencia de Matthei, es importante enfatizar en torno al caso que, efectivamente, durante la dictadura militar que se impuso en el país por casi dos décadas, hubo, sin discusión alguna, masivas y abusivas exoneraciones de personas en razón exclusiva de sus ideas políticas, afines al ideario y programa del gobierno que presidió el ex-presidente de la República Salvador Allende.

Eso, además de los miles de asesinados, desaparecidos, encarcelados por años, emigrados y exiliados, con todo lo dramático que tales situaciones conllevan. Por supuesto, el fanatismo de ultra-derecha que caracteriza a la ministra obnubila de tal modo su capacidad reflexiva, que le hace olvidar que una vez terminada la dictadura, era obligatorio para el Estado de Chile efectuar las reparaciones correspondientes a las víctimas de la dictadura, con arreglo a cánones establecidos por las Naciones Unidas y por otros organismos políticos multinacionales y, desde luego, de defensa de los Derechos Humanos.

Tales reparaciones se han efectuado siempre, y sin excepción, en todos los países en que se han instalado dictaduras fascistas, como la Alemania de Hitler y la de su aliado Franco, en España; la Alemania de hoy, luego del fin del régimen social-fascista que imperó allí hasta la caída del Muro de Berlín, y la de sus congéneres del glacis europeo-oriental; Los Balcanes, y, desde luego, en todos y cada uno de los países, como Chile, en que actuaron de manera concertada las dictaduras de la “Operación Cóndor.”

Lo único que cabe en estos momentos, es que el caso sea investigado y sancionado por el Poder Judicial, procedimiento que ya se ha iniciado. No obstante, es imprescindible, en beneficio de la sanidad moral del país, que la Justicia intervenga a fondo en el problema, que deslinde bien todas las responsabilidades que haya, sean de quienes sean, y extienda su acción hasta cubrir todos y cada uno de los beneficiarios de la ley de exonerados. Vale decir, es hora de poner fin a los dimes y diretes tan habituales en períodos de campañas electorales, y dejar que la Ley haga su trabajo, hasta el fin. Por cierto, la tarea será difícil, por la extrema complejidad del caso, pero hay que hacerla.

Hay una cuestión básica sobre la cual debe partir la Justicia: la identidad real del exonerado político, que –valga la redundancia- sólo puede ser… política. ¿Obvio, no? Vale decir, los beneficiarios de esa ley sólo pueden ser personas que fueron perseguidas por la dictadura. En torno a este punto, hay una faceta del caso que sólo puede causar estupor. Hay “exonerados políticos” que fueron instigadores, ejecutores y cómplices del golpe de Estado de 1973. Entre estos personajes, figuran, por ejemplo, Sergio Onofre Jarpa, Mario Arnello, Víctor Carmine, Gustavo Lorca, Luciano Vásquez, Juan de Dios Carmona (que en 1976 renunció a la Democracia Cristiana para sumarse al gobierno dictatorial), y varios más.

Es cierto que a septiembre de 1973, todos ellos eran parlamentarios y dejaron de serlo cuando se produjo el cuartelazo, pero todos, sin excepción,  voluntariamente y por razones inversamente políticas al espíritu de la ley de exonerados en comento, participaron en la ejecución del golpe, y más tarde fueron colaboradores directos de la dictadura. Desde luego, recuperaron con creces sus “pegas” perdidas de parlamentarios, al ocupar altos cargos en el régimen de sus amores.  Probablemente, lo que más grafica este absurdo es que entre los “exonerados políticos” figuran Hermógenes Pérez de Arce, el más radical de los pinochetistas de Chile, y…¡hasta ex – agentes  de la CNI!

Pero, en fin, así es Chile, el país de los absurdos más insólitos del mundo: una constitución política “votada democráticamente” en una atroz dictadura, y, por añadidura, inmutable;  tribunales militares en tiempos de paz que juzgan y condenan a civiles; establecimientos educacionales privados desde la educación pre-escolar hasta la terciaria, que, además de ser la mayoría de los existentes en el país, son financiados por el Estado; aseguradoras de pensiones privadas (la mayoría de las existentes) que pueden sacar de Chile prácticamente toda la plata que quieran, mientras que sus clientes no reciben al jubilar ni la mitad de su último estipendio, etc., etc. ; y ahora, esta ley de exonerados políticos que beneficia a los enemigos más enconados de los perseguidos. ¿Seguiremos siempre así?