El Mostrador /El Sernac tiene con jaqueca crónica a la banca. El triunfo de la entidad que dirige Juan José Ossa en el caso Cencosud y la consiguiente confirmación de que es el zar de los consumidores en temas financieros, en detrimento de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF), tiene con los pelos de punta al principal rubro del sistema financiero local.
Pero no es el único motivo. Aunque algunos lo olvidan, en 2012 la disputa del Sernac con los bancos fue estrambótica a propósito de las clonaciones de tarjetas en Temuco y Santiago.
En ese caso, el Sernac entró en acción con dureza y ordenó devolver la plata sustraída a los clientes y hacer auditorías de los procesos con los afectados. La SBIF, organismo históricamente condescendiente con la banca, respaldó el rol del Sernac.
El poder mediático del organismo pareció ser suficiente para que 7 de los 11 involucrados (Santander, Chile, Estado, BCI, Scotiabank, Corpbanca, Falabella) aceptarán lo ordenado.
Pero a la Asociación de Bancos no le gustó nada como actuó el Sernac y acudió directamente al ministro de Economía, Pablo Longueira. Jorge Awad le envió en agosto de 2012 una carta reclamando por las actuaciones del organismo dirigido entonces por Juan Antonio Peribonio, hoy intendente de la Región Metropolitana.
Sus argumentos fueron claros apuntando al exceso de atribuciones con que el Sernac actuaba, sin base en la ley. No le fue bien y tuvo respuesta pública del hoy candidato presidencial de la UDI.
Sin embargo, el Sernac también había intervenido ante los bancos medianos y chicos. Y no todos estuvieron dispuestos a acatar sus exigencias. BBVA, Itaú, Bice y Security cuestionaron las solicitudes del Sernac y sólo respondieron la información entregada según su estimación de lo que correspondía hacer.
El Sernac refutó su resistencia y acudió a tribunales, al menos, en dos casos. Como todo resultado judicial, no siempre los ganadores son los ganadores, ni viceversa. En el Sernac creen que la ley los respalda y en los bancos piensan que obtuvieron un triunfo.
Los fallos de primera instancia resolvieron a comienzos de abril pasado que el Sernac no aportó antecedentes suficientes para condenar a los bancos, pero fuentes de gobierno aseguran que los considerandos de los jueces confirman sus presunciones de que los bancos son responsables de hacer reparaciones a sus clientes cuando sus sistemas de seguridad son vulnerados.
Dicen que también validaron la tesis de que el Sernac puede actuar en representación del interés general, a diferencia de lo que plantearon los bancos en tribunales, donde indicaron que este caso no se cumplían las condiciones básicas para que el Sernac intercediera, dado que aquí sólo se trataba de un interés individual de los consumidores afectados.
La pelea no quedó ahí y hace poco alcanzó su clímax. El pasado 19 de abril de 2013, los mismos cuatro bancos, tras ver rechazados el 14 de marzo de 2013 sus recursos de invalidación ante el Sernac por los oficios que éste les envió el año pasado, acudieron a Contraloría para reclamar por la actuación del Sernac. Y lo hicieron sin pelos en la lengua.
Acusaron una actuación del Sernac “que carece de toda base constitucional y legal”, que se excedió en sus facultades y que se autogeneró nuevas atribuciones que no existen en la ley, por lo que, dicen, se vulnera la Constitución. Indicaron que los oficios del Sernac de 2012 tenían un “genuino espíritu viciado” al intentar hacerlos responsables civiles del robo de los dineros.
Entre los documentos que agregaron está la famosa carta enviada por Awad a Longueira. Sin embargo, cercanos a la ABIF advierten que la asociación nunca ha intervenido en este caso y que estos cuatro bancos han actuado por cuenta propia.
No obstante, conocedores del tema aseguran que los reclamos de estos cuatro bancos son idénticos a los de Awad ante Longueira lo que revelaría que están dando una batalla legal de fondo a nivel de industria que busca sentar precedentes para el futuro en la relación del Sernac y los bancos.
Incluso algunos creen que los bancos grandes están detrás de los reclamos del BBVA, Itaú, Bice y Security. Aunque en la ABIF lo niegan, al igual que lo hace un ejecutivo de uno de los cuatro bancos que acudieron a Contraloría consultado por El Mostrador Mercados.
Pero de hecho, la misma carta reclama ante Longueira que Peribonio en su momento amenazó a los cuatro bancos ‘díscolos’ de hacer público su rechazo al acuerdo que habían aceptado los otros actores, lo que Awad califica como “inaceptable”.
El fiscal de uno de estos cuatro bancos cree que si los bancos grandes no rechazaron la actuación del Sernac y se allanaron a un acuerdo fue porque tienen un alto nivel de reclamos y una exposición mucho mayor que los pequeños y medianos.
El martes 4 de junio próximo el actual director del Sernac, Juan José Ossa, acudirá a las oficinas del contralor Ramiro Mendoza. Así lo indica la agenda de este último y se anticipa que los cuestionamientos de los bancos estarán presentes en la conversación.
Hace dos semanas, el propio Ossa deslizó esta disputa en el programa de televisión Tolerancia Cero, indicándola como un ejemplo de que la tirantez con los bancos continuará.
LA DUREZA DE LOS BANCOS CON EL SERNAC
El documento ingresado el 19 de abril de este año a Contraloría expone en 38 páginas la larga argumentación de los cuatro bancos contra el Sernac.
Los bancos alegan ante Mendoza que el Sernac se “excedió” en las competencias que le otorga la ley y que, de paso, se “autogeneró” otras, al exigir compensaciones para los clientes, adicionales a la devolución del dinero robado y también por intentar mediar entre los bancos y los clientes, sin que hubiera reclamos que justificaran esa actuación.
Dicen que al Sernac sólo le corresponde recibir reclamos y darlos a conocer al proveedor financiero para que éste proponga a su criterio y voluntariedad soluciones. Algo así como un buzón del consumidor.
En efecto el Sernac –a través diversos oficios enviados en agosto del año pasado- pidió a los bancos que le informaran las medidas que estaban tomando para solucionar el caso. En dichos documentos les indicó que la devolución de las platas sustraídas a sus clientes debía hacerse 24 horas después de determinar la sustracción ilícita y que dicha determinación del delito debía ocurrir 24 horas después de ocurrido el hecho.
Además, les señaló que debían compensar cada día de retraso de esta devolución pagándoles intereses equivalente a la máxima convencional (56% anual en ese momento), devolver los costos provocados por el evento (intereses, gastos), pagar una indemnización por el daño provocado, pagar el costo del reclamo (0,1 UTM, es decir, unos $ 3.700) y contratar una auditoría que verificara el cumplimiento de estas medidas.
Los bancos sólo devolvieron el dinero y cubrieron costos adicionales generados por la sustracción de los dineros, como interés u otros gastos. Se negaron a cumplir las otras medidas informadas por el Sernac pues a su juicio, como indican en la solicitud al Contralor, los bancos sólo respondían información y “no quedaban a su capricho o voluntad arbitraria (del Sernac)”.
Ante Contraloría señalan que el Sernac no sólo les solicitó información de lo que estaban haciendo o iban a hacer, sino que los apremió para que aceptaran las medidas que la entidad exigía que tomaran.
BBVA, Itaú, Bice y Security son duros al denunciar ante Contraloría la ‘ilegal’ actuación del Sernac. “La ley no autoriza al servicio para, de oficio, iniciar un procedimiento de solución alternativo de un conflicto que no existe porque no hay reclamos y donde el proveedor no ha propuesto bases de solución, sino que le son ‘sugeridas’ por la autoridad”, dicen los bancos en la solicitud ante Mendoza, aludiendo al hecho que Sernac habría impuesto las medidas de resarcimiento.
En este caso, el Sernac había respondido a los bancos, al rechazar en marzo pasado los recursos de invalidación que presentaron por los oficios del Sernac de agosto 2012, que no impuso nada sino que sólo pidió que informaran las medidas que estaban tomando, delineando lo que se considera como un mínimo de compensaciones a partir de la ley.
Y como parte de proceso les señala que su rol fue buscar un entendimiento voluntario entre bancos y clientes, siendo en modo alguno su intención hacerlos responsables del delito.
La molestia de los bancos frente a la actuación de Peribonio y el Sernac es rotunda e incluye el difícil escenario que enfrentan de descrédito frente a la población.
“De pronto es fácil, Sr Contralor, para una industria sumamente regulada como la nuestra y que es permanentemente objetivo del más severo escrutinio por parte de las autoridades públicas, de los medios de comunicación yd e sus clientes, dictar actos administrativos revestidos de legalidad y que, en todo caso, gozan de esa presunción, que imponen o aparentan imponer cargas económicas sobre la base de obligaciones y exposición a eventuales sanciones o a la denuncia ante los medios para, descubierto el intento, eludir las consecuencias aduciendo que se trataba de mera solicitudes, peticiones voluntarias, lineamientos o parámetros carentes de valor, fuerza vinculante u obligatoriedad”.
Sobre la solicitud de indemnizaciones los bancos fueron tajantes. “La atribución que permite al Sernac requerir documentación no puede referirse, natural y lógicamente, a los instrumentos que dan cuenta de pago de indemnizaciones que no han sido decretadas judicialmente”.
Los bancos incluso no aceptan que, según interpretan de la actuación del Sernac, se les haga responsables de devolver la plata robada.
“La verdad sea dicha, lo que subyace a los actos administrativos objetados es que, evidentemente, el Sernac, sin debido proceso, condenó o asumió indubitada la responsabilidad civil, ipso iure, de los cuatro bancos requeridos como corresponsables de los delitos consistentes en la defraudación de que fueron objeto sus clientes, en la parte civil o indemnizatoria. Por eso los fuerza a reintegrar los dineros sustraídos y a revertir los cargos asociados a ellos (cuestión que los bancos ya habían hecho, pero por mera liberalidad y por razones estrictamente comerciales, con el fin de colaborar con la mantención de la confianza y seguridad en el medio de pago)….”, indica que el documento ingresado a Contraloría.
Y agregan que “no es aventurado ni resulta ir demasiado lejos sostener que, mediante los oficios, se obró como comisión especial, proscrita por art. 19 N 3 inciso 5° de la Constitución, desde que se actuó de facto como un tribunal, al conocer, resolver y tratar de imponer la ejecución de lo decidido”.
Los bancos denuncian que en su resolución 314, que rechazó el 13 de marzo pasado el recurso de invalidación que ellos presentaron, “ante la evidente falta de sustento normativo y competencial para obrar como lo hizo, en lugar de invalidar los actos antijurídicos…trata de darles sustento haciendo una interpretación indebida y contraria a las atribuciones contenidas….”.