Raúl Sohr, Periodista y analista internacional
La Nación /Para los bolivianos queda claro que más allá de la irritación inicial del Gobierno chileno, con las declaraciones de molestia de rigor, nada cambiaría si llevaban su caso ante la CIJ. Las relaciones económicas, como ocurrió con Perú, quedarían intactas. Al no incurrir en costos de ningún tipo, La Paz gana un nuevo escenario para ventilar sus reivindicaciones.
El regocijo boliviano por la acogida de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de su demanda contra Chile por una salida al mar es comprensible. Hasta ahora Santiago había manifestado que La Paz no tenía base jurídica para pedir a la CIJ que tomase el caso. En Chile se señaló en forma reiterada que no había asuntos pendientes con Bolivia. El único camino abierto para los bolivianos era dialogar en un marco bilateral. Pero ello sin abrigar esperanza alguna de lograr soberanía plena en el litoral chileno. Es más, el Gobierno boliviano fue advertido que llevar sus demandas a la CIJ, en La Haya, significaría un retroceso en las relaciones entre ambos países.
El Gobierno del Presidente Evo Morales ha seguido con atención lo ocurrido entre Chile y Perú desde que Lima presentó, a comienzos de 2008, su reclamo ante la CIJ. También entonces Santiago planteó que los tratados no admitían dos interpretaciones y la petición peruana carecía de base. En el plano diplomático la respuesta chilena fue un enfriamiento de las relaciones con Lima. El Gobierno del Presidente Alan García postuló la tesis de las “cuerdas separadas”. Ello quería decir que la demanda marítima de su país no tenía por qué alterar las buenas relaciones entre ambos países. El Estado chileno, en todo caso, terminó por aceptar la postura peruana. El Gobierno del Presidente Sebastián Piñera impulsó una dinámica política de acercamiento económico invalidando la política seguida hasta entonces. También en el plano político se han fortalecido los vínculos entre Lima y Santiago. Una expresión de ello, entre otras, es la “Alianza del Pacífico”, donde además de Chile y Perú participan Colombia y México.
Para los bolivianos quedó claro que más allá de la irritación inicial del Gobierno chileno, con las declaraciones de molestia de rigor, nada cambiaría si llevaban su caso ante la CIJ. Las relaciones económicas, como ocurrió con Perú, quedarían intactas. Al no incurrir en costos de ningún tipo, La Paz ganaba un nuevo escenario para ventilar sus reivindicaciones. Ello le permite acentuar la presión sobre Chile a nivel regional con la legitimidad lograda por la aceptación de la CIJ de considerar sus demandas.
Para el Presidente Morales remitir el tema de la salida al mar a la CIJ es un éxito. Morales viene de señalar que la postura de Chile consiste en “dilatar, dilatar y dilatar” un diálogo que satisfaga sus demandas. Por lo tanto no tiene esperanzas por esa vía y ello lo obligaba a encontrar otros cursos de acción. Dejar el asunto en manos de La Haya le permite ganar tiempo. Nada le impide, si lo estimara útil, buscar un acercamiento a Chile, con alguna oferta de gas, agua y territorio. En tanto, en ambos países se han cerrado filas tras sus Presidentes para mostrar unidad y fortalecer la postura de sus respectivos estados. Desde ese punto de vista es ganancia pura para ambos mandatarios.
En todo caso, el peso de la prueba correrá por cuenta de Bolivia. Chile se verá obligado a litigar, con los costos que ello implica, y la demanda complica su proyección regional. En realidad, vistas las cosas desde Santiago, nada por lo cual felicitarse.