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El Mostrador / por Marcela Jiménez.- Un detalle no menor es que el informe de la Contraloría también cuestiona a la actual administración por no... Caso falsos exonerados desata fuego cruzado entre oficialismo y oposición

Ubi_230x230El Mostrador / por Marcela Jiménez.- Un detalle no menor es que el informe de la Contraloría también cuestiona a la actual administración por no haber subsanado deficiencias e irregularidades en este tema, cayendo igualmente en falta. Desde la oposición reconocen que es una situación incómoda, que los complica, pero es evidente —recalcan— “la operación política para tratar una vez más de perjudicar a Bachelet”.

Quedan poco más de 30 días para las primarias presidenciales y el clima de tensión política es evidente, con la derecha y la oposición cruzando casi a diario dos críticas: intervención electoral y operación política, acusaciones donde no está ajena la lógica del empate. Si el comando de Michelle Bachelet venía de la semana anterior reclamando por la intervención electoral de La Moneda, el último informe de la Contraloría General sobre tres mil casos de falsos exonerados le cayó como anillo al dedo al oficialismo para acusar de lo mismo a los gobiernos de la Concertación. Una estrategia que no estaría libre del efecto boomerang, ya que los coletazos —advierten— podrían terminar salpicando también a la Alianza.

El informe de la Contraloría determinó una calificación irregular del 30 % de los poco más de 9 mil casos que se investigaron, por un monto de cerca de 60 millones de dólares por pagos indebidos entre 2005 y 2012. Se trata de personas que —según el órgano fiscalizador— no calificaban en la condición de exonerado político para el beneficio monetario de por vida.

Rápidamente la derecha tomó vuelo con el tema. La diputada RN, Karla Rubilar —que el año 2008 lanzó las primeras denuncias— se reunió el martes con la vocera de palacio, Cecilia Pérez y este miércoles, con el subsecretario de Interior, Rodrigo Ubilla.

Además, el jefe de la bancada de diputados UDI, Gustavo Hasbún, ya anunció que habrá una arremetida en el Congreso, pues solicitarán que la próxima semana se realice una sesión especial de la Cámara de Diputados sobre el caso e incluso propone una comisión investigadora especial.

Es que dadas las fechas en cuestión, se abarca desde el final del gobierno de Ricardo Lagos, pero sobre todo la administración Bachelet completa, razón por la que el caso adquiere relevancia estos días a ojos del oficialismo. No es gratuito, entonces, que más de un parlamentario de la derecha ya ha dicho que la candidata presidencial debería ser citada a dar explicaciones al Congreso.

El tema en La Moneda lo lleva el subsecretario Ubilla, quien ayer afirmó que él no era el llamado a definir de quiénes son las responsabilidades penales en este caso, aludiendo a Bachelet. Pero sí acotó que tiene claro “que la ley que otorga estos beneficios establece que es el Presidente de la República el que debe otorgar y calificar la condición de exonerado y en la misma ley se establece que el Presidente es quien delega en el subsecretario del Interior, por lo cual la investigación me imagino debe avanzar en esa línea”.

Lo cierto es que más allá de las declaraciones rimbombantes, del efecto comunicacional que se logre y que quizás se reactive alguna causa en tribunales, ya que el Consejo de Defensa del Estado y el Ministerio Público tienen los antecedentes, en el seno de La Moneda reconocen que el caso no puede ni va a escalar a mayores, porque —recalcan en privado— se trata de situaciones que están prescritas.

¿UN BOOMERANG?

Un detalle no menor es que el informe de la Contraloría también cuestiona a la actual administración por no haber subsanado deficiencias e irregularidades en este tema, cayendo igualmente en falta.

Desde la oposición reconocen que esta es una situación incómoda, que los complica, pero es evidente —subrayan— “la operación política para tratar una vez más de perjudicar a Bachelet”. Advierten que de tensionarse las cosas, el caso de falsos exonerados puede terminar transformándose “en un balazo en el pie para este gobierno”, porque también hay casos en la administración Piñera y autoridades de ésta que certificaron beneficiarios.

En octubre del 2011 la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados fue mandata precisamente para investigar esta situación, la que fue presidida por el UDI Felipe Salaberry. Se citó al entonces ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, al subsecretario Ubilla, al contralor Ramiro Mendoza y se solicitó a dicho ministerio que realizara una auditoría completa de lo sucedido con las irregularidades.

En esa comisión se puso sobre la mesa lo ocurrido con el ministro Andrés Chadwick, quien como senador de la UDI, igual que parlamentarios de oposición, especialmente socialistas —como Isabel Allende, Camilo Escalona y los ex senadores Ricardo Núñez y Jaime Gazmuri— certificó supuestos exonerados políticos.

De hecho, en el informe de la Comisión de Trabajo consta que se solicitó al Ministerio del Interior los antecedentes sobre “el núcleo de exonerados de la empresa Fiat, ubicada en la ciudad de Rancagua (…) certificada por el actual Ministro Secretario General de Gobierno, señor Andrés Chadwick Pinera” y además, se pidió la nómina de “los 218 casos de posibles exonerados políticos que han sido analizados bajo el actual gobierno, con expresa indicación de los funcionarios a quienes les correspondió calificarlos”.

La derecha reclama que ese informe y esa comisión no dio los frutos esperados porque fueron minoría y no se logró investigar más allá. Pero desde la oposición recalcan que fue el propio oficialismo el que “bajó las revoluciones, desaceleró la investigación y le quitó piso”, todo para evitar comprarse un conflicto que les rebotara en la cara.

En Palacio hoy reconocen que efectivamente tienen casos en esta administración, pero aseguran que son muchos menos que los que involucra el período Bachelet y que responden más a errores administrativos que a un fraude a las arcas fiscales. Mismos argumentos que sacan a colación en la oposición. Gazmuri dijo que “puede haber habido faltas administrativas, pero no un fraude al fisco masivo”.

Con este escenario, Bachelet ayer se limitó a precisar que “es bueno que se investigue todo tipo de situación que pudiera no ser la adecuada”.

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