Red Diario Digital/ Como se ha comprobado, tanto Redbanc como Transbank constituyen un monopolio efectivo, con todos los problemas que se asocian a los monopolios, como el aumento del costo de los servicios y la falta de información que genera para los usuarios. Pero además, este sistema tiene una característica que lo hace más especial: ambas empresas son de propiedad de los mismos bancos a los cuales supuestamente prestan servicios. Es decir, el mismo banco que otorga las tarjetas de crédito o débito es, a la vez, dueño de los sistemas que permiten que dichas tarjetas se puedan utilizar.
Como dijo el diputado UDI Gonzalo Arenas, quien encabezó esta denuncia:
“El mismo dueño le cobra a usted por entregarle una tarjeta, después le cobra por usarla en el cajero automático y después le cobra al comercio por pagar con ella. Tres cobros que llegan al mismo bolsillo, para una misma operación: el uso de una tarjeta de crédito o débito”.
¿Cómo se hace para ocultar estas operaciones? En el caso de la empresa Redbanc, ésta no les cobra directamente a los usuarios los servicios que utilizan a través de sus cajeros, sino que se los cobra, bajo tres conceptos, directamente al banco emisor de la tarjeta: primero exige una cuota fija, luego un cobro variable por número de tarjetas del emisor, y tercero un cobro por servicio de operatoria del sistema por número de transacciones de las tarjetas del emisor.
El banco, posteriormente, se la descuenta a cada uno de los usuarios en un concepto llamado “Comisión Anual Tarjeta Redbanc”, comisión que es muy poco conocida y transparente, puesto que no permite a los usuarios verificar que dicho cobro corresponda realmente a los gastos por la utilización de Redbanc.
En el caso de Transbank, tampoco se cobra directamente al usuario, sino que sus cobros se dirigen al comercio asociado, los que deben pagar una “Tasa de Comisión Máxima” que aplican cada vez que una persona paga con una tarjeta de crédito y que corresponde a 2,95% o 2,50% si es una tarjeta de débito, tasa que afecta en mayor medida a los pequeños comerciantes.
Es importante destacar que el cobro es casi igual si es tarjeta de crédito o débito, a pesar de que en el segundo caso es dinero propio que el usuario acumula en su cuenta, por lo tanto no hay crédito ni tampoco riesgo alguno para el banco. Es decir, se construye la sensación de que utilizar las tarjetas es gratis, cuando en realidad cada operación que usted realiza va sumando unos pesos al gran fondo que luego se distribuirán los bancos integrantes de este consorcio.
A lo anterior debemos agregar que la Fiscalía Nacional Económica investiga también el monopolio que ejercería Transbank en los sistemas de pago on line, a través de su plataforma “Webpay”, sobre lo que aún no existen resoluciones.
Tráfico de necesidades
La historia de las tarjetas de crédito en Chile es bastante especial, sobre todo porque involucra al actual presidente de Chile, el empresario Sebastián Piñera, quien tiene una habilidad excepcional por figurar en cada caso donde se den este tipo de irregularidades.
Piñera fue en un comienzo accionista minoritario de Bancard, una de las empresas que trajeron el negocio de las tarjetas de crédito a Chile. Piñera poseía inicialmente el 2,94% de las acciones, y para mediados de la década de 1980 ya se había hecho del control de la empresa. Después de la crisis de 1982, coincidentemente, Bancard comenzó un fuerte periodo de expansión, llegando en 1987 a controlar el 87% del mercado, que llegaba a casi medio millón de tarjetas.
En 1987 Piñera crea Fincard, que llegaría a ser la mayor emisora de tarjetas de crédito de Chile. Fincard lanzó al mercado Magna, una tarjeta orientada a los segmentos de más pobres que el que abarcaban las tarjetas tradicionales.
Paralelamente, en 1986 se realizó la privatización de la banca chilena, modificándose la ley de bancos para que pudieran ser emisores de tarjetas de crédito, lo que hizo al mercado mucho más competitivo. Por eso, en 1989 Piñera vende Bancard a Transbank, empresa creada aquel mismo año por siete bancos, en unos US$40 millones, y luego en 1993 vende Fincard al Banco Santander en US$60 millones.
Desde ese minuto, Transbank se consolida como la única empresa en Chile que se dedica a la emisión y administración de las tarjetas de crédito, quedándose con los millonarios beneficios económicos.
En la actualidad, los dueños de Transbank son: Banco Santander 32,7%, Banco Chile 26,2%, BCI 8,7%, Banco Estado 8,7%, Scotiabank 8,7%, Corpbanca 8,7% y el banco BBVA con el 6,3%. A su vez, los propietarios de Redbank son: Banco Chile 38,1%, Banco Santander 33,4%, BCI 12,7% y Corpbanca 2,5%.
Como decíamos en un principio, el mercado de las tarjetas de crédito ha crecido exponencialmente. Los bancos han triplicado sus clientes de crédito en los últimos veinte años, y tan sólo en 2011 tuvieron 1.500 millones de dólares de ganancia por este concepto.
Sin embargo, el escándalo que se desató tras el caso La Polar en 2011 sembró muchas dudas en la población respecto al funcionamiento supuestamente legal del mercado de los créditos.
El testimonio transmitido por televisión de algunos “captadores”, aquellas personas que se colocan en las puertas de las grandes tiendas para ofrecer las tarjetas, quienes señalaban cómo se les adiestraba para “primero vender necesidades y sueños y luego vender el dinero para conseguirlos”, no dejó a nadie impasible.
Estas mismas personas denunciaron cómo La Polar permitía sacar tarjeta de crédito sólo con la firma del usuario, sin que fuera necesario ni siquiera tener un sueldo. Los expertos hacían sus análisis, explicando cómo las empresas ganan dinero en la medida que rebajan los precios de los productos si se compran a crédito, ya que los intereses de las cuotas están exentos de pago de IVA, razón por la cual es más rentable que la gente pague un poco menos pero en cuotas.
Lamentablemente, a las pocas semanas el tema del crédito y el endeudamiento asociado desapareció de las pantallas, y todo siguió como antes, en la vertiginosa e imprudente carrera del consumo.
El sociólogo e investigador del área laboral del ICAL, Felipe Valenzuela, ha expresado varias veces que lo que se esconde tras el auge de los créditos no es un “consumismo enfermizo” que tendríamos los chilenos en nuestro ADN cultural, sino que es un problema derivado de la precaria legislación laboral y de los malos sueldos que perciben los chilenos, lo que no les alcanza para adquirir los productos necesarios para su vida. Valenzuela cuestiona así que mientras las ganancias de los bancos van en aumento, los bolsillos de los trabajadores se ven cada día más perjudicados.
“La Superintendencia de Bancos informa que las utilidades de los bancos han logrado un incremento en el año 2011 del 3,77%. Estas ganancias corresponden a 3.493 millones de dólares, que para una mejor comprensión son equivalentes a unos 145.000 millones de pesos mensuales”, señala el investigador, contrastando estos datos con otras cifras que indican que “el endeudamiento de los hogares chilenos casi se duplicó en la última década, al pasar del 22,6% del Producto Interno Bruto (PIB) en el año 2000, a 39,1% en 2009, unos USD 62.500 millones, siendo los créditos de consumo los que más crecieron”.
El sociólogo del ICAL concluye: “Por un lado están las desigualdades que obligan a grandes sectores a endeudarse para cubrir los costos de sus vidas y la falta de una democracia que permita la participación de los representantes del pueblo en la toma de decisiones que afectan la vida de los chilenos, lo que tiene mucho que ver con las enormes utilidades que la banca exhibe orgullosa de cara al mundo”.
Lamentablemente, el sistema de créditos se ha arraigado en la vida cotidiana del chileno, generando un verdadero “sobre endeudamiento”. Esto significa que cada día son más las personas que incluso deben pedir créditos para pagar las deudas de créditos anteriores.
De ahí que parezca por lo menos sospechoso que sean empresarios y parlamentarios de la derecha quienes estén cuestionando estas operaciones monopólicas. Da para pensar que la verdadera intención no es terminar con el endeudamiento que el crédito genera en la ciudadanía, sino más bien quedarse con una tajada de esa inmensa torta.
Por ejemplo, uno de los empresarios que ha participado en esta ofensiva contra Transbank es Javier Etcheberry, quien ha demandado ante el Tribunal de la Libre Competencia a BancoEstado -financiera estatal de la que fue presidente en tiempos de Ricardo lagos- por posición monopólica en el mercado del producto “CuentaRut”.
Etcheberry es propietario de las empresas Multicaja y Multitarjeta, con las que, en sus propias palabras, pretende extender el negocio de las tarjetas al segmento socioeconómico más bajo, que se caracteriza por tener una baja bancarización.
Etcheverry explica: “Para atender dicho segmento, es esencial e indispensable que BancoEstado contrate con Multitarjeta la operación de tarjetas CuentaRut emitidas por dicho banco, habilitando así en nuestra red las transacciones realizadas con dichas tarjetas de débito. Por eso, que la demandada se haya negado a contratar a Multitarjeta para que ésta opere las tarjetas asociadas a la CuentaRut tiene el efecto directo de cerrar completamente el acceso de nuestras empresas a prestar sus servicios como operador en ese segmento”.
El mismo diputado UDI Gonzalo Arenas ha elogiado el sistema de transacciones electrónicas y ha respaldado la iniciativa de Etcheberry, diciendo:
«Como los bancos son los dueños de este medio de pago, el sistema de multicajas podría permitir que se expandan a las comunas periféricas, porque Transbank no se mete ahí.”
El diputado de la Comisión de Economía del Parlamento sostiene:
“El ideal es que este sistema de las tarjetas se extienda mayormente en las ferias libres. Eso es algo alcanzable con el nuevo proyecto de ley que tenemos presentado. Sería un gran logro y esperamos que así sea. Así las ferias no perderían a esos potenciales clientes, implementarían a través de terceros y buscarían un mecanismo donde se llegue a ese nicho».
Fuente: Semanario El Siglo, edición N° 1654