Las presiones que mantienen a Julio Pereira como director del SII y cómo su permanencia podría afectar la operación renta
Destacado 9 marzo, 2013 Edición Cero
Cambio 21/Por María Elba Troncoso.- Julio Pereira se sostiene en su cargo por las presiones y por ahora no se sabe hasta cuándo el Presidente Piñera se dejará presionar. El servicio está fuertemente golpeado a días de la Operación Renta 2013, un proceso clave para la economía del país.
El presidente Piñera ratificó en su cargo al director del Servicio de Impuesto Internos, Julio Pereira y la cámara de diputados no aprobó el informe de la comisión investigadora, a pesar de las graves acusaciones en su contra por la millonaria condonación a Johnson’s y sus permanentes conflictos de interés con Cencosud, que dañan gravemente la imagen de un servicio público con tradición de probidad. Dos muestras de las presiones que la derecha ha realizado para evitar sacar a Pereira de su puesto.
Con la excusa de que el sumario de la Contraloría no determina sanciones para Pereira, los timoneles de la Alianza, Carlos Larraín y Patricio Melero, también cerraron filas, rechazando las críticas de quienes exigen su salida.
Carlos Larraín afirmó que «Julio Pereira ha sido un abogado competente, déjenlo tranquilo», mientras que Melero defendió su permanencia al frente del SII «su honorabilidad y trayectoria, no hay ninguna razón para que deje su cargo». Y agregó «Julio Pereira es un funcionario de primer nivel, que ha hecho un buen trabajo en el SII».
Así, se prolonga un conflicto que lleva más de 9 meses y que pone en entredicho el accionar del un servicio que en sus 110 años de existencia, solamente ha tenido 19 directores, designados por el presidente de la República y que tenía el record de nunca haber tenido un director objeto de cuestionamientos, investigaciones internas, sumarios o juicios… hasta ahora.
Los conflictos de intereses
Una de las primeras nominaciones que realizó Piñera cuando asumió el 2010, fue el director del Servicio de Impuesto Internos. A los pocos días, ya era cuestionado por sus potencia¬les conflictos de interés y por la falta de garantías e independencia que ten¬dría al momento de fiscalizar la legali¬dad de la planificación impositiva de la venta de acciones de LAN, realizada por su nuevo jefe.
A partir de ahí Julio Pereira ha estado en la palestra por sus permanentes conflictos de interés. El más importante: el «perdonazo» de 59 mil millones de pesos en multas por impuestos impagos a Johnson’s, que permitió la adquisición de la multitienda por parte de Cencosud.
Pero también ha sido cuestionado por un contrato de arriendo con Cencosud por 22 millones de pesos mensuales por los terrenos del mall Portal La Reina, por la contratación de su concuñado en la dirección regional de Valparaíso y por sus acciones en Ripley CorpBanca, Falabella y Entel.
Las presiones
Fue el propio presidente Piñera quien a principio de febrero reconoció haber sido presionado para mantener a Pereira: «En estos casos se producen defensas de los partidos… hay un partido que defendió con mucha fuer¬za la permanencia del ex ministro Ribera y ahora defiende la permanencia del director de Impuestos Internos», indicó en la entrevista publicada en La Tercera, haciendo alusión de paso a la polémica salida del ministro de Jus¬ticia mencionado en el caso de las acreditaciones universitarias.
Esto de las presiones no es nuevo. En octubre pasado, la comisión de la Cámara aprobó por 7 votos a favor y 6 en contra, el informe elaborado por la Concertación, donde se subraya la existencia de conflictos de intereses del Pereira y del subdirector jurídico Mario Vila.
Ahí la derecha también presionó a los parlamentarios para no seguir adelante con la investigación. Según el presidente de la instan¬cia, Fuad Chahín (DC), «permanentemente los diputados de derecha trataron de encubrir y evitar que pudiéramos conocer la verdad de lo sucedido en el SII con ocasión de la con¬donación a Johnson’s».
Otro integrante de la instancia, el diputado socialista Carlos Montes, sostuvo que «hay indicios que nos llevan a pedir que el ministerio Público investigue; aun¬que tratamos de conocer los expedientes, no pudimos porque la derecha bloqueó esa posibilidad, pues para ello se requerían 9 votos y nosotros no los teníamos. Esperamos que el ministerio Público profundice, tenga todos los antecedentes y pueda lle¬gar a conclusiones más definitivas».
A partir de entonces el mandatario ha sido objeto de un sinnúmero de emplazamientos para que remueva de su cargo a Pereira. Ante la insistencia a fines de febrero se excusó diciendo: «Espero recibir esta semana un informe de la Contraloría, y como lo dije desde el primer día, cuando analice ese informe voy a tomar una de¬terminación», afirmó, pasándole la pelota al contralor por una decisión que es privativa de su cargo.
Después, cuando se supo del resultado de la investigación, le dio un nuevo espaldarazo. En entrevista con radio ADN lo calificó como un hombre honesto, que ha actuado con honorabilidad y en derecho», aunque reconoció que se equivocó «él debió advertir al ministro de Hacienda, que es su jefe directo. Está dentro de sus atribuciones hacer lo que hizo, pero en un caso de esta naturaleza, por el efecto polí¬tico que provoca, él debió informar».
El diputado Chaín reaccionó «Me parece que las declaraciones de la derecha incluido el presidente Piñera, han trata¬do de levantar una verdadera cortina de humo. Donde ellos tratan de esconder las irregularidades que ratificó la Contraloría – que sancionó a dos altos cargos – apoyándose en la decisión de no presentar cargos por ahora contra Julio Pereira».
Calificó esto como «muy grave, porque se ha ocultado la existencia de irregularidades», lo que a su juicio «demuestra que aquí opera una red de protección no sólo en torno a su imagen, sino también a sus responsabilidades administrativas. La noticia debería ser que la Contraloría detectó irregularidades», insistió.
Entrevistado por Cambio21, señaló que «el presidente Piñera ha sido bastante claro en sus mensajes», al recordar que fue el propio mandatario quien reconoció las presiones, lo que calificó como «inaceptable» y emplazó a «Renovación Nacional a explicar esto al país.»
Agregó que «el mandatario no puede ceder a presiones de los partidos políticos, menos aún en cuestiones que tienen que ver con probidad, especialmente cuando esto involucra a un director de un servicio clave para el país.»
Para el diputado Montes «está claro que las presiones de la derecha han marcado el caso. Ha habido presión indebida incluso de parte de parlamentarios y el argumento de Renovación Nacional de a quién vamos a contratar, no es válido, especialmente en cargos tan importantes, donde no puede ser que haya personas que pasan de ser fiscalizadas a ser fiscalizadores, de ser controlados a controlar. Eso no puede ser», señaló a Cambio21.
En tanto el presidente de la Asociación de Funcionarios de Impuestos Internos, Carlos Insunza, lamentó que Piñera acepte las presiones y siga dilatando una medida necesaria para resolver la crisis al interior de la institución.
Recordó que esta es una decisión exclusiva del mandatario. «El hecho que el Presidente delegue la responsabilidad de resolver respecto a la continuidad de una persona que es de su confianza, en el Contralor General de la República, es una situación completamente innecesaria y equivale a aceptar las presiones para proteger a un funcionario que ha incumplido sus deberes y sus obligaciones de probidad, dejando expuesto a Impuestos Internos al escarnio público y a la desconfianza de los contribuyentes.»
A juicio del diputado Montes, a la luz de los antecedentes el Ministerio Público y el Consejo de Defensa del Estado deberían «hacerse parte la investigación y también se debería aprobar una Ley que garantice que no pueda pasar un profesional desde una empresa a ser autoridad y establecer más claramente las inhabilidades».
A su juicio «el problema viene de antes, porque no es posible que una persona esté un día a un lado del escritorio y al otro día al otro lado. Hay que establecer una cierta incompatibilidad o al menos dejar pasar un tiempo entre que la persona está en una empresa y después un cargo público para que estas situaciones no vuelvan a repetirse.
Amedrentamiento a los sindicalistas
En el marco de la Ley de Transparencia el 07 de febrero, el SII recibió varias solicitudes de un particular, relativas a información personal de los dirigentes, entre estas sus horarios, situación financiera, declaraciones de patrimonio, si tienen parientes en la administración del Estado y su militancia política.
El presidente de la Asociación Nacional de Funcionarios de Impuestos Internos atribuyó a estas presiones a la postura activa que han manifestado los dirigentes en el caso.
En conversación con Cambio21 Carlos Insulza señaló que esta «situación tiene un trasfondo de amedrentamiento a funcionarios para insegurizarlos respecto a sus funciones. Estamos ante un hecho que constituye una práctica antisindical».
Anunció que hicieron las presentaciones pertinentes para objetar la entrega de dicha información y que enviaron comunicados a todos los afiliados informando de esta alarmante situación.
En uno de los documentos confirmó algunos de los antecedentes de la persona que pidió la información. «John Campbell de la Piedra, es cercano a Sebastián Torrealba del Río, asesor del gabinete del Director».
Agregó que solicitaron formalmente una investigación, ya que «la sola sospecha de que estas presentaciones, que han resultado tan lesivas para los/as funcionarios/as del SII y sus Asociaciones, puedan haberse originado en el seno de su gabinete exige una respuesta adecuada y eventualmente medidas disciplinarias».
Daño al servicio y el riesgo para la Operación Renta
Cada día que pasa se profundiza más el daño al servicio, conocido por su prestigio y eficiencia.
A juicio de los funcionarios, esto puede impactar negativamente uno de los procesos más importantes del Servicio: La operación renta 2013, que ya tiene dificultades porque junto este año la contingencia se mezcla con el ajuste tributario.
Carlos Insulza, explicó que «la operación renta es de por sí una operación muy compleja y particularmente en un año donde las nuevas medidas pueden generar dudas entre los contribuyentes».
Agregó que «cuando la administración tributaria está cuestionada y no es confiable para la ciudadanía, la tendencia a la evasión es inmensa y ese es un dato realidad que todo el mundo conoce. Nosotros creemos que los funcionarios están en condiciones de cumplir con sus funciones y sus tareas, sin embargo no podemos garantizar que la situación que estamos viviendo no tendrá un impacto por el nivel de desconfianza».
La misma impresión tiene los contribuyentes menores. El presidente de la Asociación de Consumidores y Usuarios, Hernán Calderón, afirmó que «hoy vemos que para las grandes empresas el trato es diferente con condonaciones y facilidades escandalosas y claramente esto puede provocar que los más chicos se pregunte por qué no podemos hacer los mismo que las grandes empresas que llevan años sin pagar impuestos, que los evaden en forma descarada».
Agregó que «la baja recaudación es por la evasión y la condonación para los grandes. Esta situación es de lo más injusta. Los grandes pueden condonar cifras millonarias y los chicos pueden ir hasta a la cárcel si no los pagan. Y ahora hay una impresión de que impuestos internos hay un relajo, lo que puede afectar la recaudación final.
Entrevistado por Cambio21 el presidente de Conadecus consideró que desde el momento del cuestionamiento el director debió haber renunciado voluntariamente para darle transparencia a esto». Agregó que el presidente no puede «seguir dilatando esta situación que lo único que hace es enlodar un servicio de alto prestigio, con funcionarios de una alta calidad responsables y serios que se ven involucrados en una situación tan confusa».