Según PDI funcionarios públicos habrían pagado a Cánepa con garantía vencida

Prensa Fiscalía / Continuando con el examen directo por parte de la Fiscalía, el funcionario de la Policía de Investigaciones Rachid Venegas afirmó que en los pagos parciales efectuados al acusado Gianpiero Cánepa en diciembre de 2007, por un total de 132 millones de pesos, la boleta de garantía entregada por la empresa estaba vencida, por lo cual no existía forma de asegurar los fondos fiscales, sobre todo considerando además que a esa fecha, no se había entregado el mobiliario en los colegios de Arica y el plazo del proyecto ya estaba vencido.

El policía de la Brigada de Delitos Económicos explicó que durante diciembre hubo dos pagos parciales a Cánepa por parte del Gobierno Regional: el 14 de diciembre, por $85 millones de pesos, y el 28 de diciembre, por $47 millones. En ambas ocasiones, Cánepa envió una carta al jefe de la Dacog, Freddy Casareggio, adjuntando unas facturas SFR, que simulaban la venta de muebles ingresados por Zona Franca (aunque se comprobó que esas facturas correspondían a jeringas, ya que los muebles fueron adquiridos en Santiago).

Esas cartas generaron los memorándum de Casareggio y Jorge Jacobs, como encargado del proyecto, al jefe de Control Presupuestario para que se tramitara el pago. Luego se generaron los estados de pago y, posteriormente, los comprobantes contables elaborados por la Unidad de Finanzas con sus correspondientes cheques a nombre de Cánepa, firmados por el acusado Sergio Cifuentes y la intendenta Antonella Sciaraffia, en un caso, e Isabel Mollo (ya condenada por esta causa) en el otro pago.

Sin embargo, el policía explicó que la boleta de garantía por el pago anticipado entregado por Cánepa al Gobierno Regional venció el 3 de diciembre de 2007, por lo cual todos estos pagos no contaban con ningún tipo de resguardo. Además, tampoco se adjuntó a las solicitudes de pago ningún documento formal que permitiera confirmar que hubiera una recepeción de los muebles, los que realmente fueron entregados entre enero y marzo de 2008, según un informe realizado por el Gore, las propias declaraciones de los directores de los colegios, y las empresas proveedoras de los muebles.

Venegas afirmó además que los funcionarios que participaron con sus firmas en estos documentos que permitieron los pagos a Cánepa -esto es, Freddy Casareggio, Jorge Jacobs, Sergio Cifuentes, Antonella Sciaraffia e Isabel Mollo-, no se preocuparon de confirmar que la boleta de garantía estuviera vigente, ni que en verdad se estuviera cumpliendo el proyecto en los plazos establecidos en las mismas bases y los fijados por el propio Cánepa en su propuesta, ni en la calidad del mobiliario que se estaría entregando.

El policía agregó que los funcionarios públicos tienen la obligación de confirmar la existencia de todos los antecedentes necesarios antes de proceder a un pago, ya que se trata de fondos fiscales que deben ser resguardos por todos quienes manejan fondos públicos. Indicó que todos ellos pudieran negarse a firmar los documentos si no tenían a la vista los antecedentes respaldatorios.