Diputados presentan iniciativa que exige examen toxicológico a autoridades públicas
Actualidad 5 diciembre, 2012 Edición Cero
Comunicaciones Cámara de Diputados/Bajo la premisa de que el consumo de sustancias sicotrópicas representa un perjuicio para la salud, los diputados de la UDI Mónica Zalaquett, María Angélica Cristi, Gonzalo Arenas, Gustavo Hasbún, Cristian Letelier, Arturo Squella y el RN Alberto Cardemil, presentaron una iniciativa que exige la realización de un examen toxicológico antes de asumir cargos públicos a diversas autoridades.
El texto legal será estudiado por la Comisión de Gobierno Interior y posteriormente por la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados.
El proyecto busca complementar el mecanismo de la declaración jurada con la realización de un examen toxicológico que verifique el consumo de estas sustancias ilegales.
La propuesta dispone que para asumir el cargo de ministro de Estado, la autoridad deberá, además de presentar una declaración jurada de que no consume drogas, someterse a un examen toxicológico de pelo.
La misma obligación se establece para el cargo de subsecretario de un ministerio, para los gobernadores e intendentes, los consejeros regionales, concejales y alcaldes y miembros del Tribunal Calificador de Elecciones.
Fundamentos
En los fundamentos, los autores plantean que la elección del examen toxicológico de pelo obedece a que su eficacia depende del largo del pelo analizado, pues se debe considerar que éste crece aproximadamente 1 centímetro por mes, por lo que este examen tiene la capacidad de detectar consumo de un mes por centímetro de pelo analizado.
“Atendido lo anterior, en este proyecto se propone establecer un examen toxicológico de pelo, pues este permite la verificación de consumo en un lapso más prolongado de tiempo”, añaden.
Asimismo, los parlamentarios subrayan que nuestra legislación exige a las autoridades y funcionarios una conducta intachable y responder a un sentido más amplio del principio de probidad.
“Sin lugar a dudas, para el buen desempeño del cargo, en cumplimiento con el principio de probidad, se requiere que las autoridades y funcionarios ejerzan el cargo de manera lúcida, sin estar afectos a ninguna sustancia que pueda alterar su racionabilidad y su juicio de lo prudente, oportuno y justo. Es por esto que la dependencia a las drogas o al alcohol o a cualquier otra sustancia ilegal no es compatible con el ejercicio de la función pública”, concluyen los legisladores.