Nueve mil pequeños mineros estarían afectados ante fraude al fisco de Soquimich en fallida licitación del litio

El tema del litio sigue complejo. Recordemos que el proceso de una cuestionada licitación de este mineral fue ganada por Soquimich (SQM), pero anulada ya que no cumplían con uno de los puntos necesarios para ganarla, el cual señalaba «no tener litigios pendientes con el Estado de Chile». Algo que SQM si tenía pero que trataron de excusar diciendo que era con el fisco y no con el Estado, respuesta que fue descalificada por absurda.

Por ello el que se haya presentado un documento con una declaración jurada por parte de SQM señalando que no tenían estos problemas, resultó siendo falso, lo cual es considerado lisa y llanamente como un fraude, por parte de los industriales mineros.

Frente a ello, es que el presidente de la Federación Minera de la Cámara Chilena de la Minería del Litio y de la Asociación de Industriales Mineros (Asogemin), Luis Gallardo, señaló a Cambio21 que «recordemos que la primera declaración que se pretendió hacer por parte de Soquimich fue decir que el fisco era distinto al Estado, pero no tiene ningún sentido ni criterio afirmar una cosa así».

«Nuestra mayor preocupación se debe a que está de por medio la credibilidad del país. Como pequeños mineros estamos buscando fórmulas para poder desarrollar proyectos de los mineros que están pagando patente y por falta de recursos no pueden desarrollarlos. Con todo lo ocurrido con Soquimich se nos están cerrando las posibilidades de acceder a crédito y financiamiento», indicó.

Querella por fraude al fisco

Por ello, es que en el marco del fallido proceso de licitación del primer Contrato Especial de Operación de Litio (Ceol), y ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, es que representantes de Asogemin, ingresaron una querella por el delito de fraude al fisco, en contra de quienes resulten responsables del ilícito.

Acusan a SQM de estafar al Estado por no haber cumplido con el pago de la boleta de garantía de seriedad de la oferta. Además, cuestionan que la empresa falsificó los documentos públicos donde señala que no tiene litigios con el Estado. Específicamente apuntan a Patricio de Solminihac, subgerente general, hermano precisamente del actual  ministro de Minería, Hernán de Solminihac, como responsable del ilícito.

«Los funcionarios públicos a cargo de la licitación pretendieron anular todo el proceso licitatorio, y, en contra de lo señalado en las Bases de Licitación, consistieron y facilitaron al adjudicatario que éste no constituyera en el plazo de diez días desde la adjudicación, la Garantía de Pago del precio total equivalente de $19.301.000.000.- Tampoco hicieron efectiva la Boleta bancaria de Garantía de seriedad de la oferta, por un valor de $1.985.000.000. Esta licitación debía ser adjudicada al segundo mejor oferente, Posco Consortium, que por su parte ha venido insistiendo en que efectivamente se le hiciera la adjudicación del contrato materia de licitación, y que está dispuesto a pagar el precio de su oferta que ascendente a $8.256.000.000», dice la querella.

Cabe señalar que la asociación gremial querellante reúne a más de 9.000 pequeños propietarios de pertenencias mineras, donde 400 poseen propiedades en salares con litio y señalan que el valor total del daño patrimonial al Estado de Chile, según el documento, asciende a casi $29 mil millones.

«Esta situación tan ilegal y absurda, no sé si es una corrupción mayor, pero afectó nuestra credibilidad como país a nivel internacional. Nosotros buscamos que nuestros recursos naturales sean procesados. Eso significa para Chile millones de dólares para resolver los problemas de educación y otros sociales. Lo malo es que por favorecer a una empresa determinada se está farreando esa posibilidad», agregó el dirigente Luis Gallardo.

«Aquí lo que se quiere es que no existan otros actores en este desarrollo. Le enviamos una carta al Presidente Piñera el pasado 3 de julio y ahí le expresábamos que lo que se hace es entregarle a SQM la continuidad y eliminar que haya otros actores», añadió.

Síntomas de corrupción evidentes

Por su parte, el diputado Juan Carlos Latorre (DC) dijo a Cambio21 que «encuentro gravísimo que quede e evidencia un intento de engañar al Estado chileno, también han quedado en evidencia los documentos que hoy día son de conocimiento público y me parece gravísimo que entre aquellos que son citados a declarar esté el hermano de un ministro, que debió haber tenido especial consideración con el hecho de que a pesar de haberse inhabilitado en todo este proceso, es su hermano el que está siendo acusado. Me parece súper grave desde todo punto de vista».

«Si de la investigación que está en curso queda en evidencia que quienes actuaban por parte del Estado a cargo de la licitación hicieron caso omiso de estas irregularidades, pero igual aceptaron la propuesta de Soquimich, entonces esas personas han cometido una infracción grave que debe ser sometida a la consideración de los tribunales. Cabe hacer presente que es evidente que todo esto ha sido un hecho escandaloso, que tiene síntomas de corrupción evidente y a estas alturas me parece inconcebible que el ministro De Solminihac pueda seguir al margen de esta situación. Creo que hay una responsabilidad política que tiene que hacerse efectiva y el debiera dejar a su cargo».

Latorre señala además que «una investigación que hoy día está afectando y haciendo que esté citado a los tribunales un hermano de él, debiera ser el último argumento razonable como para que deje su cargo a disposición del Presidente de la República»:

«El gobierno una vez más cae en infracciones que dicen relación con conflictos de interés y muestra que cuando se trata de decisiones de carácter económico en roles que ellos cumplen en el sector público, siguen privilegiando a grupos cercanos, en desmedro de pequeños empresarios a los cuales simplemente no se les da ninguna oportunidad de poder fortalecer su desarrollo futuro», concluyó el parlamentario.