Funcionario del SII abre nueva caja de pandora en caso Johnson’s

El Mostrador / Por Claudio Urquieta.- La maratónica jornada, que duró casi ocho horas, terminó con algunas sorpresas: entre ellas, el reconocimiento del director, Julio Pereira, de haber dado una autorización marco para concretar el perdonazo a la multitienda, así como la existencia de un sumario administrativo al interior del organismo. No sólo eso: el funcionario que ratificó la resolución aseguró que los montos que autorizó no coinciden con lo que se publicó después en la prensa.

El miércoles se celebró la última sesión de la comisión investigadora del Caso Johnson’s, que luego de cuatro meses terminó con un maratónico encuentro que duró casi ocho horas y que se coronó con el testimonio del funcionario del Servicio de Impuestos Internos (SII) que ratificó la resolución que permitió la millonaria condonación de la multitienda: Juan Alberto Rojas.

Funcionario con 35 años de carrera, este abogado fue quien asumió el rol de dar luz verde a la condonación a la compañía de 99 % en intereses y multas, según informó la institución cuando se empezaron a ventilar las dudas sobre conflictos de interés por parte de el director, Julio Pereira (en la foto) y el subdirector jurídico, Mario Vila, que se habían desempeñado en la consultora Price (PwC) antes de aterrizar en el SII. La misma que asesoraba a Johnson’s en temas tributarios para evitar pagar impuestos, siendo Vila el que asesoraba directamente a la compañía del retail en estos tópicos, representándola incluso como abogado patrocinante.

Desde el principio, el SII recalcó que ninguno de los dos participó en la operación, lo que diversos testimonios, correos electrónicos e incluso las actas del directorio de Johnson’s han ido echando por tierra. De hecho, en esta última sesión el propio Pereira reconoció haber hecho una aprobación marco para la condonación, dato desconocido hasta ahora.

El abogado, que declaró más de dos horas en la comisión presidida por Fuad Chahín, también aportó un nuevo antecedente: la existencia de un sumario administrativo interno por el caso.

No fue la única información que abre nuevas interrogantes sobre la operación: dentro de los detalles que entregó Juan Alberto Rojas, sobre la que definió como “una condición de director subrogante muy particular”, hay un dato inquietante: el monto sobre el que dio su visto bueno a la condonación del 99 % en intereses y multas de la compañía no es el mismo que se dio a conocer en la prensa meses después.

MONTOS QUE NO CALZAN

Según relató Rojas, que dio su testimonio inmediatamente después de la tensa retirada de la comisión del ministro de Hacienda, Felipe Larraín, su participación en el caso se limitó a su pronunciamiento sobre una solicitud de la directora de Grandes Contribuyentes, Mirtha Barra, para condonar en 99 % en intereses y multas a Johnson’s.

El abogado, explicó que el 24 de octubre de 2011, estando como director subrogante Mario Vila —Julio Pereira se encontraba de viaje— recibió una llamada a media mañana de la jefa de gabinete de este último, Pilar Ruiz, que le dijo que fuera a su despacho. Allí se encontró con ella y Vila, que le comunicaron que tenían una solicitud de la dirección de Grandes Contribuyentes “que vas a tener que resolver tú”, en el marco de su rol como segundo subrogante del director del SII.

El motivo: “Don Mario me dice que se está poniendo término a la situación del contribuyente Johnson’s” y que es una petición de condonación sobre la cual no se puede pronunciar porque fue abogado de la compañía.

Mario Vila se inhabilitó el 28 de octubre de 2011. Y pese a que desde el servicio y como él mismo aseguró cuando asistió a la comisión el lunes pasado, han recalcado que no tuvo ninguna participación en el proceso, existen diversas pruebas de lo contrario. La última, la versión dada por la jefa del departamento Jurídico de la DGC, Elena Amaya, el miércoles en la sesión, donde aseguró que el abogado participó de una reunión sobre Johnson’s, que él negó categóricamente al dar su testimonio, entregando un mail probatorio. Amaya fue categórica: “Don Mario Vila señaló que —la reunión— había sido por el tema de las chatarras. La verdad es que si hubiese sido por el tema de las chatarras hubiesen sido otros los jefes que hubiesen asistido a esa reunión”.

Según el relato de Rojas, hasta el 24 de octubre “no tenía idea de nada de lo que se ha planteado en esta comisión respecto de que había aparentemente una autorización marco previa respecto de cómo cerrar la condonación. No tenía idea absolutamente de nada. De lo único que conocía a ese momento de la empresa Johnson’s en particular y porque ya era de conocimiento público, es que estaba pasando por una serie de problemas de tipo financiero”.

Rojas preguntó a la jefa de gabinete a quién podía pedir un marco referencial de por qué se estaba solicitando una condonación mayor, y lo derivó al subdirector de Fiscalización, Iván Beltrand, “que había actuado como coordinador y tenía antecedentes respecto de todo el tema del caso”. Luego de ponerse al corriente del tema con Beltrand, el abogado consultó a Pilar Ruiz “si en situaciones similares, porque por supuesto yo estaba en conocimiento de los problemas que habían con estas empresas zombies, se habían dado porcentajes de condonación similares al que se estaba pidiendo. A esa pregunta la jefa de gabinete me respondió que sí, que había porcentajes similares e incluso en un caso de 100 %”.

Luego de estas conversaciones, detalló, recibió un mail proveniente de la Dirección de Grandes Contribuyentes, que me pareció tipo (…) donde venía un detalle del método impuesto, del reajuste, de los porcentajes de condonación que podía dar la directora de Grandes Contribuyentes (…) y en otra columna venían los porcentajes de condonación que solicitaba: 99 % tanto respecto de los intereses como de las multas”. En un recuadro inferior se incluía el fundamento de la decisión.

Con todos estos antecedentes, más la información que había recabado, Rojas envió un mail a la jefa de gabinete de Pereira señalando que estimaba que se podía aprobar lo solicitado por la DGC.

“Ahora lo que se solicitaba de acuerdo a la información anexa en este cuadro del mail de la directora de la DGC que fue enviado a la División Nacional pidiendo la autorización, las cantidades que ahí venían expresadas, venían a ser un poco más del 10 % de lo que después me enteré un día sábado leyendo La Segunda de la cantidad que se condonaba (59 mil millones de pesos). Y esa fue mi participación en este tema”

-¿Usted dice que autorizó una condonación que involucraba un monto del 10 % de lo que al final apareció en la prensa?
-Así es.

-¿Y usted sabe quién lo autorizó?
-No sé quién lo autorizó.

-Evidentemente que si hay un orden de prelación previamente establecido, usted es el tercero (luego de Julio Pereira y Mario Vila) y usted no se ha inhabilitado ¿estuvo fuera del país durante esa fecha, vacaciones o en ejercicio de sus funciones?
-En pleno ejercicio de mis funciones.

-Si no fue usted, tendría que haber sido el director o el subdirector subrogante. ¿Eso, o bien no se solicitó la autorización formalmente?
-No me consta ninguna de las dos situaciones.

Fuentes ligadas al SII señalan que dentro de lo que se está investigando internamente se encuentra esta situación, ya que no habría claridad sobre si lo que se le envió y autorizó Rojas correspondía a un solo giro de Johnson’s o a la totalidad de los giros. Pero, aseguran, “esto no invalidaría el acto”.

SUBROGANTE SOLO PARA JOHNSON’S

-Dentro de los fundamentos que se le entregaron ¿usted conoció algo de la operación, cómo se iba a pagar el impuesto después de la condonación?
-No.

-¿Fue lo único que usted hizo como subdirector subrogante?
-Absolutamente. Por eso partí diciendo que fue una subrogancia muy particular, porque fue para este caso en particular —valga la redundancia— y producto de la inhabilitación que me comunicó personalmente que tenía el señor Vila.

Dentro de su testimonio, Juan Pablo Rojas también señaló que le llamó la atención por qué debía pronunciarse sobre esta solicitud de mayor condonación para Johnson’s en ese momento y no esperar el retorno de Pereira un par de días después. Y la respuesta que recibió fue que “había prácticamente una especie de intervención del contribuyente por parte de los bancos acreedores, por lo que la liquidez para pagar esto se producía en esa fecha. Y esa era la condición que ponían los acreedores de esta empresa para poder financiar el pago que hubiera que pagar. Por esa situación estimé que era razonable y, no dudando por supuesto de esa explicación, me pronuncié”.