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Negando que las motivaciones que tienen en su quehacer sean de carácter político eleccionario –dada la coyuntura municipal-,  y reforzando su compromiso con el... Al rojo vivo polémica entre CORES de oposición e Intendenta. Consejeros niegan obstrucción y acusan irregularidades

Negando que las motivaciones que tienen en su quehacer sean de carácter político eleccionario –dada la coyuntura municipal-,  y reforzando su compromiso con el desarrollo de la  región, los Consejeros Regionales que actúan como bloque opositor, respondieron en forma tajante, ante lo que denominaron como “ofensiva comunicacional” de la Intendenta Luz Ebensperger y otras autoridades regionales.

En Conferencia de Prensa, los consejeros regionales  Juan Pablo Ortuño, Mándiza Barbaric y  Richard Godoy, representando además a  los otros CORES de oposición Julio Cámara, Mhyrta Gandarillas, Isidro Saavedra, Jorge Julio y Pedro Contreras,  negaron tajantemente que “móviles políticos nos llevan a no aprobar algún proyecto en específico”. Indicaron que los verdaderos motivos son consistentes y fundamentados, negando una una disposición obstruccionista  a proyectos presentados por la Intendenta al Consejo Regional.

“Muy por el contrario, y más allá de simples aseveraciones sólo nos queda entregar sólo un dato irrefutable, y que está a disposición de toda la ciudadanía en el portal web del Gore Tarapacá:   Desde marzo del 2010 a la fecha, estos consejeros han aprobado el 98,2% de los proyectos presentadospor la Intendenta.”

Irregularidades

Los proyectos gubernamentales, indican, deben ser objeto de seguimiento, para verificar el cumplimiento de la ejecución. Y es en este aspecto, donde hacen una serie de reparos, según se indica textualmente, en el documento entregado por el bloque opositor

Convenio de Programación Gore – Minsal.

Proyecto: “Adquisición de Equipos Unidad de Apoyo de Endoscopía, Hospital Iquique”

“Sobre el particular la Contraloría Regional de la República (CGR) observó  graves irregularidades, entre otras, establece que las bases del concurso público fueron publicadas el mes de Octubre en el portal de Mercado Público y recién en el mes de Diciembre son enviadas para su Toma de Razón a CGR. “En otras palabras realizan una licitación sin la aprobación de Contraloría. Lo más grave es lo que sucede cuando son descubiertos, ya que en conocimiento de lo anterior, la “Contraloría acredita que la Directora de Salud en conocimiento de esta situación, no  procedió a regularizar esta situación, sino por el contrario omitió cualquier tipo de información al respecto”.

“Lo anterior es de relevancia, cuando la licitación es adjudicada a la empresa Arquimed Ltda  por $253.795.000.- valor que supere en $90.426.900.- al segundo oferente”.

“Además, la CGR acredita que la empresa “Arquimed Ltda”, ofertó por las dos Torres de Endoscopía, un precio de $ 51.658.000.- por ambas;  enseguida el SSI adjudica a esta empresa la adquisición de los equipos señalados, pero no por el precio ofertado por la empresa, sino  por el valor de $61.473.020.- en otras palabras existe un sobre precio de $9.815.020.- sin explicación alguna”.

Proyecto: Adquicisión incineradores Hospital  Regional Iquique

“La Contraloría General de la República, concluyó como grave los antecedentes investigados en la frustrada adquisición de dos incineradores por parte del Servicio de Salud Iquique (SSI) y el Gobierno Regional, GORE), el año 2010. Estableció una serie de irregularidades como el pago de un sobreprecio, ocultar información al Consejo Regional, falta de fiscalización, entre otros, por lo que iniciará un proceso disciplinario”.

“El ente fiscalizador confirmó que el SSI, nombrado Unidad Técnica por el GORE, para que ejecutará el proyecto, solicitó al proveedor de los incineradores, la empresa Meditec S.A., incluir un sobre precio de $39.568.558 millones de pesos en una de las unidades para la instalación de ambos incineradores, ya que este ítem no estaba considerado en la partida aprobada por el Core. Trabajo que sería realizado por la empresa Comercial Norte. Cuestión que según el informe contraviene la normativa administrativa pública”.

“De tal manera se estableció pagar $145.480.558 de pesos, por unidad y $105.910.000 de pesos por la otra, ambas totalmente similares. La suma total del proyecto fue de $253.578.858 de pesos, además se estableció un plazo de ejecución entre cuarenta a cincuenta y cinco días corridos desde el 10 de noviembre de 2010 al 04 de enero de 2011”.

“El proyecto no se efectuó en los plazos señalados, por lo que el SSI, el 31 de mayo de 2011, decide dar término anticipado al mismo, solicitando el cobro de la boleta de garantía, que el GORE de Tarapacá, hizo efectivo casi un año después, cobrando la suma de $12.973.599 de pesos. Lo que se considera una falta según la Contraloría”.

“También se estableció que la empresa Meditec. S.A., habría efectuado dos facturas por el pago de los incineradores la SSI y al GORE, por el mismo monto y los mismos productos, pago que según la contraloría no correspondía pues a la fecha de emisión ambos documentos, noviembre y diciembre del 2010, los equipos no habían sido entregados por ellos ni recibidos física, ni técnicamente por el SSI”.

El informe acusa que el SSI sabia de esta doble factura y aún así su directora, Adriana Tapia, dirigió un oficio a la intendenta Luz Ebensperger, para proceder con el pago, el cual formalmente realizó el gobierno regional, pero al final el pago no se efectuó.

“Otras de las anomalías que considera el informe es que no se pudo acreditar el contrato con la empresa que iba a instalar los incineradores, no se nombró formalmente a ningún fiscalizador del proyecto, no se cumplieron con los plazos para la ejecución y el tardío cobro de la boleta de garantía”.

“Por ello el ente fiscalizador concluye en el párrafo final del informe, “finalmente y en consideración de la gravedad de los hechos informados en el presente informe de investigación especial, esta Contraloría General dará inicio a un proceso disciplinario a fin de establecer las eventuales responsabilidades administrativas y falta a la probidad de aquellos funcionarios que debieron velar para que la ejecución del proyecto en cuestión estuviera exento de irregularidades como las informadas”.

Para concluir con la ejecución del Convenio Gore – Minsal, señalar que la información previamente entregada tiene una data de varios meses atrás, que otras irregularidades en el SSI son de público conocimiento, como por ejemplo, el robo de droga, y la quema ilegal de la misma, mamógrafo movil, etc. La pregunta es : ¿la Intendenta está en conocimiento de todo lo anterior, la respuesta es Sí, y ¿Qué medida ha tomado con la Dirección Regional del SSI? Respuesta: Ninguna.

Convenio de programación Gore – Serviu

Proyecto: “Construcción circuito turístico mercado – El Morro, Iquique, II Etapa”

“Este proyecto alcanza la suma de $ 1.190.719.000 FNDR. Fue adjudicada a la empresa ACL Ingeniería y Construcción Ltda. Como Oferente único y en Propuesta privada, sin criterios de evaluación por ser “único oferente”, señala el Informe Técnico. Además de lo anterior y en forma posterior a su adjudicatario como oferente único, el SERVIU solicita una suplementación equivalente al 9,98 % de la oferta, es decir, evitan reevaluación de Serplac    ( de 10 % hacia arriba es obligatoria)”.

Con fecha 16 de Noviembre 2011, el SERVIU, solicita el suplemento mencionado al FNDR, por el monto de $118.809.603, equivalente al ya mencionado 9,98%.

“La Intendenta APRUEBA la suplementación solicitada con fecha 21 de Noviembre. En conocimiento que esta suplementación es para adjudicar a un oferente en específico – no para volver a licitar como lo señalan dictámenes de CGR- y SIN CONOCIMIENTO NI APROBACIÓN DEL CONSEJO REGIONAL, órgano que define el uso del FNDR”.

 Proyecto: “Construcción circuito turístico patio el vergel, Iquique, I Región)

“Misma forma de operación, oferente único, asignación directa por un monto de $871.574.470 y suplementación también de 9,98 % a la misma empresa constructora ACL Ingeniería, suplementación autorizada por la Intendenta en conocimiento que se solicita para adjudicar a oferente individualizado y no para iniciar un nuevo proceso licitatorio con este  nuevo monto, y sin conocimiento ni autorización del Consejo Regional. Esto se efectuó el día 24 de noviembre del 2011, es decir 3 días después de anterior adjudicación”.

“En 72 horas se adjudicaron más de dos mil millones de pesos, a una misma empresa, vía trato directo y con suplementación vía FNDR, autorizada por la Intendenta y sin consulta al CORE”.

En nuestra opinión en los casos SERVIU- Gore descritos no sólo existen irregularidades administrativas, sino que existe cohecho y fraude al fisco, por lo que los antecedentes serán remitidos al ministerio público y no a contraloría. En estos casos no nos preguntamos si la Intendenta estaba en conocimiento de los hechos descritos, ya que ella es parte integrante de los mismos.

Defraudar patrimonio Fiscal

En el extenso documento, los CORES acusan que los casos descritos, no son aislados, sino existe una metodología instalada para defraudar el patrimonio fiscal, se repiten en forma sistemática la manipulación de licitaciones para favorecer a un oferente, sobreprecios en los servicios o productos, suplementaciones indebidas”.

“Estos antecedentes obran en nuestro poder hace más de un año, pero quisimos ser muy responsables (para no ser acusados de simple persecución política) y no realizar denuncias hasta tener las respuestas del órgano fiscalizador como es Contraloría.  Sus dictámenes son lapidarios y contundentes , y están a la vista de todos”.

A juicio de los CORES denunciantes,  producto que estos antecedentes comienzan a conocerse públicamente , “autoridades regionales inician una ofensiva comunicacional, liderada por la Intendenta Regional para que el Consejo  apruebe a toda velocidad y sin cuestionamientos todos los proyectos que nos presentan”.

 Proyecto de Turismo 

La última polémica ocurrió ante la no aprobación del proyecto de turismo, el que rechazaron en consoderación que el anterior, que databa desde el año 2009, aún estaba pendiente en algunos aspectos

Este  Convenio de Transferencia  sustentó el traspaso de los 709 millones de pesos, para llevar a cabo los objetivos de dicho proyecto en el lapso de 26 meses, siendo su fecha de inicio noviembre de ese año y su término en enero de 2012. Posteriormente fue modificado en los plazos de vigencia y suplementado en sus montos al menos en cuatro ocasiones, y los 709 millones iniciales terminaron en 882 millones, y su término al 31 de mayo de 2012.

De la revisión efectuada de dicho convenio, se constató que este no fue cumplido por parte de SERNATUR, indica que 10 días antes del término de su vigencia (31.05.2012) SERNATUR debe entregar al GORE un Informe de Gestión. A su vez, el GORE debe revisar dicho cumplimiento, y en el lapso de otros 10 días, responder a SERNATUR respecto de su conformidad o disconformidad respecto de lo indicado en el informe de gestión.

“Nada de eso se cumplió. El mencionado informe fue entregado en el mes de septiembre, varios meses después de los 10 días comprometidos en el convenio, y hasta la fecha no existe el informe del GORE que acredita que SERNATUR cumplió con los objetivos del proyecto, es decir, no existe ninguna información que de cuenta que los objetivos a cumplir con los 882 millones se cumplieron a cabalidad, y así dar formalmente por concluido el proyecto”.

Y señalan que es e ese contexto, la intendenta presenta al CORE el nuevo proyecto de SERNATUR, “esta vez,  por más de dos mil millones de pesos, y con periodo de ejecución de 24 meses, de los cuales aproximadamente un 70% del monto solicitado son para gastos de difusión a ejecutar durante el 2013”.

“Es decir, para la primera autoridad regional, que SERNATUR no haya cumplido a cabalidad con el Convenio de Transferencia del proyecto anterior, es un dato menor, casi irrelevante, y que  no justificaba no aprobar el nuevo proyecto”.

Los consejeros anunciaron que todos los antecedentes respecto de este último proyecto, serán puestos a disposición de la  Contraloría  “para que sea este órgano fiscalizador quien dictamine la procedencia de seguir asignando recursos  a entidades que bajo nuestro criterio no han cumplido con las normas de la administración pública que rige la ejecución de proyectos”.

 

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