Edición Cero

Cambio21/ Por Pilar González.- Un informe de Contraloría arrojó que, de una muestra de 6 hospitales, un 44,45% de las garantías vencidas fueron exceptuadas por secretaría.... Denuncian impunidad de ministro de Salud tras irregularidades detectadas por Contraloría en listas AUGE

Cambio21/ Por Pilar González.- Un informe de Contraloría arrojó que, de una muestra de 6 hospitales, un 44,45% de las garantías vencidas fueron exceptuadas por secretaría. Esta situación es alarmante y forma parte del mayor escándalo de la utilización maliciosa de datos del ministerio de Salud que se expresa como una estafa a través de una campaña publicitaria engañosa, afirmó diputado Marco Antonio Núñez.

Desde que asumió el ministerio de Salud Jaime Mañalich ha estado en la polémica. Una de las ultimas denuncias fue divulgada por los diputados Juan Luis Castro (PS) y Marco Antonio Núñez (PPD) acerca del “falso fin” de las listas de espera del AUGE, lo cual fue rechazado por el gobierno.

Un informe de Contraloría arrojó que, de una muestra de 6 hospitales, un 44,45% de las garantías vencidas fueron exceptuadas por secretaría. Pese a lo contundente del veredicto, el vocero de La Moneda Andrés Chadwick, llamó a los diputados a que “por favor, tomen en serio su labor, por favor que actúen con solidez y con consistencia. Seriedad para actuar en política”.

Uno de los críticos a los hechos fue el presidente del PS, diputado Osvaldo Andrade, quien calificó de “mentira” la campaña publicitaria que levantó la administración Piñera para anunciar la regularización total de los pacientes que esperaban ser atendidos en el sistema público de salud, la cual puso en la lista de otros episodios que calificó como “engaño” del Ejecutivo como el proyecto de modificación tributaria y la Estrategia Nacional de Defensa Nacional.

De hecho la polémica también surgió tras los más de 43 millones de pesos que costó la campaña publicitaria del ministerio de Salud lanzada en noviembre del 2011 llamada “Cumplimos”, lo que para la oposición claramente se contrapone con lo descubierto por la Contraloría.

“Una falsa campaña publicitaria”

Para el diputado Juan Luis Castro (PS) “hay una reacción muy virulenta, donde tratan de matar a los mensajeros y no de revisar el mensaje, que no es nuestro sino de Contraloría. En vez de aceptarlo y decir que hubo errores quieren tapar el Sol con un dedo”.

En diálogo con Cambio21, el parlamentario llamó al gobierno a que “reconozcan que aquí hubo un error y que avalen el hecho que aún hay gente que espera por una atención. Además, esto refleja que tienen un desorden administrativo tremendo”.

“Ellos se precipitaron en noviembre pasado en decir que hubo tarea cumplida, siendo que ahora el informe dice otra cosa muy distinta”, reclamó el legislador.

Castro aseguró que “el ministerio vive una situación confusa, de no absorber lo que está pasando en el país. Han hecho un acto mediático y comunicacional y no una acción sanitaria como debería ser al decir que cumplieron la meta”.

Por su parte, Marco Antonio Núñez indicó que “el gobierno quiere defender lo indefendible, desconociendo lo que ha determinado Contraloría”.

“El ministro Mañalich ha demostrado que tiene impunidad para realizar todo este tipo de irregularidades y él debiese haber renunciado asumiendo la responsabilidad política, pero desconoce a la Contraloría y recibe el respaldo del Presidente”, recalcó el parlamentario en conversación con Cambio21.

A reglón seguido apuntó que “esta situación es alarmante y forma parte del mayor escándalo de la utilización maliciosa de datos del ministerio de Salud que se expresa como una estafa a través de una campaña publicitaria engañosa”.

Los diputados DC Gabriel Silber y Víctor Torres, por su parte, anunciaron que recurrirán a la Contraloría General de la República para pedir que se inicie un juicio de cuentas en contra del ministro Mañalich y del Subsecretario de Redes Asistenciales, Luis Castillo, por este ilícito descubierto con las listas.

Ambos parlamentarios, integrantes de la comisión de Salud de la Cámara, alegan que el Ejecutivo debe reconocer las cifras del informe emanado desde la Contraloría y que las autoridades están obligadas a responder con su patrimonio ante las eventuales pérdidas ocasionadas al erario público.

Los comentarios están cerrados.