Las denuncias contra el lucro en la Educación que Ministros Bulnes y Beyer ignoraron

ElMostrador / Por A. Carmona y C. Urquieta.-  Un grupo de abogados de la Universidad de Chile presentó dos denuncias para que se investigara el lucro en entidades de educación superior. Sin embargo, la cartera no realizó gestiones. Esto cuestiona la actuación del Mineduc al respecto, ya que el titular de la cartera, Harald Beyer, ha señalado que sólo se puede investigar con denuncias concretas sobre la mesa y éstas ya existían antes del escándalo de la U. del Mar. De acuerdo a los abogados denunciantes, esto podría llevar al ministro Beyer a una acusación constitucional.

Cada vez que el ministro Harald Beyer se ha referido a la potestad del Ministerio de Educación para investigar el lucro en la educación, todo vuelve a lo mismo: esa cartera necesita denuncias concretas para poder hacerlo y es fundamental una superintendencia con mayores atribuciones. “En el caso puntal de una universidad, donde recibimos una denuncia concreta estamos realizando una auditoría y vamos a seguir trabajando”, señaló Beyer consultado por el tema y refiriéndose al escándalo en la U. del Mar.

Sin embargo, lo ocurrido con la cuestionada casa de estudios no es la primera denuncia formal que se presenta en relación al tema. Antes de ésta, esa cartera tuvo dos peticiones sobre la mesa.

El año pasado se presentaron dos denuncias formales ante el Mineduc. La primera de ellas corresponde al 2 de septiembre de 2011 (ver documentos). En ella se pidió “proceder a fiscalizar el cumplimento de la ley que exige a las Universidades Privadas, creadas a partir del año 1981, funcionar como personas jurídicas de Derecho Privado sin fines de lucro, y previo cumplimiento del debido procedimiento, aplicar las sanciones legales que correspondieren”. Esto en virtud del artículo 64 de la Ley general de Educación (DFL2 2010). Esta denuncia fue realizada por los académicos de la Escuela de Derecho de la U. de Chile Carola Canelo, Miguel González y Joaquin Polit.

Esta primera solicitud de fiscalización buscaba también que se aplicaran sanciones a las universidades que persigan fines de lucro; entre ellas, revocarles el reconocimiento oficial o bien cancelar la personalidad jurídica.

El 25 de junio de este año, estos tres profesores le pidieron una cuenta al ministro de Educación por no haber fiscalizado. “Lo pedimos porque es obligación legal del ministro de Educación fiscalizar el cumplimiento de la ley por parte de las universidades privadas creadas con posterioridad al año 1981”, explica canelo. “Es grave que el ministro de Educación no cumpla con sus obligaciones legales”, añade la abogada, quien enfatiza que de acuerdo al artículo 52 de la Constitución, “la Cámara de Diputados puede acusar constitucionalmente al ministro Beyer por no velar en el cumplimiento de la ley en materia educacional”.

La segunda denuncia corresponde al 19 de octubre, también del año pasado. Esta acción corresponde a otro profesor de la escuela de Derecho de la U. de Chile, Eric Palma. En ella se hace presente que: “Contrariando la normativa legal y estatutaria se ha configurado el hecho económico del negocio universitario cuyos rasgos característicos son los siguientes: 1°. Los miembros del directorio de una universidad participan en la creación de sociedades mercantiles de todo tipo que prestan servicios a dicha universidad o le arriendan los inmuebles en los que ella realiza sus actividades; 2°. Los socios de estas sociedades mercantiles vinculados a la universidad deciden vender a un tercero sus derechos en dichas sociedades; 3°. Terceros, ya sea personas jurídicas o naturales chilenas o extranjeras, compran dichas sociedades y pasan a formar parte de los miembros de la corporación universitaria con derecho a adoptar resoluciones que inciden en la marcha de la universidad”. Por ello “ los profesores y estudiantes firmantes de esta presentación solicitamos del Ministerio de Educación que investigue y fiscalice las actuaciones de las universidades Santo Tomás; Universidad de Viña del Mar; Universidad del Mar; Universidad UNIACC; Universidad Central de Chile; Universidad de Las Américas; Universidad San Sebastián y Universidad Pedro de Valdivia por haberse verificado respecto de ellas o intentado verificar, según informa la prensa, actos calificados como compra y venta y que son constitutivos del llamado negocio universitario. Ello con el fin de establecer si los miembros de la corporación universidad han permitido generar lucro de manera directa o indirecta en favor de sus controladores realizando alguna o todas las actuaciones descritas en los fundamentos de hecho de esta presentación, expresadas como decisiones del directorio respecto de arriendo de inmuebles y contratación de servicios y cambio de composición de los miembros de la corporación. Violando con dichas conductas de manera radical sus estatutos por cuanto dañan su naturaleza jurídica que es precisamente ser instituciones autorizadas para funcionar como corporaciones sin fines de lucro”.

Entre las diligencias que acompañaban a las denuncias se solicitó, por ejemplo, que se invitara a declarar a Harald Beyer, entonces coordinador académico del Centro de Estudios Públicos (CEP), “quien en declaraciones a la prensa ha señalado que ciertas universidades pertenecen a holdings, a fin de que ponga en conocimiento del Ministerio y del CNED la información que le permitió realizar estas afirmaciones”.

Otras de las diligencias requeridas por los abogados eran oficiar al Comité de Inversiones Extranjeras para que ponga a disposición del Ministerio y del CNED la información que exista en dicha entidad acerca de las inversiones realizadas en Chile por la sociedad Laureate, Apollo y toda sociedad extranjera que haya solicitado realizar inversiones en Chile en educación superior. También que el Ministerio solicitara a las universidades identificadas toda la información contable, financiera y relativa a la administración y gestión de la Universidad que permitiera realizar una comparación entre la situación anterior a la venta y la posterior a ella.