Adulteraciones fichas de Protección Social: fraude que ensucia a municipios de todas las tendencias

Cambio21 / Por Pilar González L- Molina, Alto Hospicio, Empedrado, Puerto Saavedra, La Cisterna, son algunas de las comunas donde se han detectado irregularidades en la confección de la Ficha de Protección Social, que permite optar a diferentes subsidios, y donde los beneficiados han sido los alcaldes, sus familiares o colaboradores cercanos.

Siguen las denuncias por malas prácticas en los gobiernos locales. Esta vez se trata de la alcaldesa de Pencahue, la RN Lucy Lara, quien según diversas informaciones habría entregado una pensión asistencial a su marido Ernesto Armanet (padre de la ex vocera del gobierno, Pilar Armanet), con un puntaje en la ficha de protección social que no correspondería a la realidad.

Por ello, su partido optó por bajarla de la reelección y designar a otro candidato. A eso se suma un sumario abierto para investigar aparentes irregularidades en la confección de fichas de Protección Social de funcionarios municipales. Los antecedentes ya están en manos de las autoridades regionales y de la directiva de RN.

Recordemos que Lara fue criticada a principios de mayo por la confección de gigantografías para su campaña electoral donde aparece con el ministro de Obras Públicas, Laurence Golborne. Claramente su partido, no quiere nada con ella.

Puerto Saavedra

Otro caso de adulteración de fichas afecta al alcalde de Puerto Saavedra, Ricardo Tripainao (PPD), quien habría adulterado su documentación para obtener beneficios del Estado.

Así es como el 30 de julio en el Juzgado de Garantía de Carahue será formalizado Ricardo Tripainao, quien en su primer periodo como jefe comunal en 2008 habría entregado antecedentes falsos para regularizar una propiedad que no estaba adecuadamente inscrita. Esto, a través de un programa de subsidios del Estado.

Según el fiscal de la Unidad de Delitos Funcionarios del Ministerio Público de Temuco, Cristian Crisosto, el alcalde habría recibido 350 mil pesos de subsidio al señalar que era una persona de escasos recursos, cuando en realidad ganaba más de un millón de pesos. Por ello, detalló que el alcalde será formalizado por fraude al Fisco, porque a través de una conducta fraudulenta, logró obtener un subsidio de forma indebida, ya que no cumplía con las condiciones para recibirlo.

Cabe señala que Ricardo Tripainao recientemente había sido ratificado por su partido, el PPD, para ir a la reelección y buscar ser alcalde por Puerto Saavedra en un tercer periodo.

El ministro Lavín no escucha

Frente a estos casos Cambio21 conversó con el diputado Roberto León (DC), quien señaló que «todo estos escándalos que están saltando en distintos municipios del país demuestran que junto al senador Zaldivar teníamos razón cuando queríamos que el ministro Lavín nos recibiera y que tomara una decisión no solo de modificar la ficha sino que de hacer una auditoría aleatoria en todas las comunas de Chile».

«El objeto de esta auditoría es lograr evitar que ocurran nuevos casos y se cometa este tipo de fraude. Lamentablemente, el ministro no nos ha querido escuchar. Todo esto estalló en Molina y es una cosa bastante más masiva de lo que parece. Es algo que no solo hay que modificar sino que ver cuál es el sistema que ocupaban, por dónde están las perforaciones al sistema y eso se logra haciendo una autoría nacional. Pero el ministro Lavín no quiere hacerlo, creo que el ministro le debe una explicación al país y decir por qué no a una auditoria respecto de todos los municipios. ¿A quién quiere proteger?», señaló el parlamentario.

Otros casos denunciados

El listado de adulteraciones de fichas es bastante extenso, pero a continuación mencionaremos algunos de los más recientes y emblemáticos:

Alto Hospicio

La comuna de Alto Hospicio, es una de las más pobres de Chile, y en ella quedó de manifiesto la ineficacia del sistema porque los encargados de las fichas de Protección Social de las municipalidades pueden «manipular» información y favorecer a quienes realmente no tienen necesidades, dejando sin el beneficio a personas vulnerables.

La denuncia esta vez afecta a la traductora y profesora de inglés Eliett Galleguillos, hija del alcalde de Alto Hospicio, el UDI Ramón Galleguillos, que obtuvo una vivienda a través del subsidio. Como si fuese poco, arrienda la propiedad, algo que es ilegal puesto que el beneficiario debe vivir 15 años en la casa antes de poder entregarla a terceros.

Pero Galleguillos no es la única beneficiada en esta localidad. También lo son al menos 4 funcionarios de la misma municipalidad quienes lograron subsidios para la vivienda social pese a tener calidad de profesional. Uno de ellos corresponde a la periodista del municipio, Alejandra Lobo, quien argumentó que no recibía dinero por los ocupantes de su «casa social» ya que eran familiares suyos, pese a que el periodista a cargo de la nota donde se denunció estas irregularidades aseguró que la casa era arrendada.

Molina

Recordemos a la alcaldesa de Molina, la UDI Mirtha Segura, quien pese a que su sueldo supera los tres millones y medio de pesos, se adjudicó este subsidio, lo cual fue denunciado en exclusiva por Cambio21.

Al caso de Segura, se suman otros cinco funcionarios donde las fichas sociales podrían presentar anomalías, entre ellos el del jefe de gabinete de Segura, Hugo Guajardo. Frente a estas irregularidades, Cambio21conversó con la alcaldesa, quien aseguró que «al beneficio del subsidio se postula con 10 Unidades de Fomento, y yo lo hice con 50, es decir puse un millón de pesos en una cuenta».

En respuesta a los concejales de oposición, quienes tomarán las acciones correspondientes tras la denuncia, indicó que «me da exactamente lo mismo si hay acusaciones, creo que ellos lo hacen todo por un tema político».

Gobernador de Colchagua

El gobernador de la Provincia de Colchagua, Eduardo Cornejo Lagos, (UDI), no encontró mejor forma de entregar un subsidio habitacional para los más vulnerables, que a su propia esposa.

Por ello y según un comunicado oficial, su salida se debió a razones «estrictamente personales» y a la necesidad de emprender nuevos desafíos, pero además señaló que las presiones ejercidas por un parlamentario le habrían motivado esta decisión. Claramente las presiones eran porque el subsidio era para personas que tuviesen problemas en sus viviendas luego del terremoto.

Empedrado

A todos estos escándalos se suma el de Gonzalo Tejos Pérez, (UDI) alcalde de la Municipalidad de Empedrado, comuna de la Región del Maule, y su esposa María Cristina Aguilera Cáceres, directora de un colegio municipal de la misma comuna.

El caso de ambos es porque en la casa que habitan, a raíz del terremoto de 2010, se dañó una puerta exterior. Después de la catástrofe, el hecho quedó consignado como «reparación», trabajo que se realizó posteriormente. Lo más sorprendente es que esta casa fue remodelada en su interior por personal municipal, quienes pertenecen al Departamento de Educación del municipio.

Ante esa irregularidad, se llevaron los antecedentes a la Fiscalía de Constitución para que se iniciara una investigación, además, se hizo parte en la querella el Consejo Defensa del Estado. El personal que trabajó en dicha casa, prestó declaraciones ante la PDI de Talca, la Contraloría Regional y la Fiscalía de Constitución.

Pero eso no es todo lo que hizo el actual alcalde. La concejala Fernanda Arellano Tejos (RN), también es otra de las beneficiarias. Lo que no deja de llamar la atención es que Arellano es sobrina del alcalde. 

La Cisterna

Pero no solo alcaldes de gobierno han incurrido en faltas como estas, en la municipalidad de La Cisterna donde el jefe comunal es Santiago Rebolledo (PPD), catorce funcionarios distorsionaron los antecedentes de sus propias fichas de Protección Social con la finalidad de lograr el puntaje necesario para adjudicarse el subsidio y así obtener una vivienda social.

Mediante una auditoría realizada por la Contraloría General de la República, se indica que cinco de los empleados «no debieron obtener el subsidio para la vivienda». Además, el informe señala que «los servicios públicos involucrados en la situación denunciada, esto es, la Municipalidad de La Cisterna, el ministerio de Desarrollo Social y el ministerio de la Vivienda y Urbanismo, han adoptado las medidas pertinentes ante las irregularidades detectadas». Se agrega que el municipio «deberá incluir en el sumario que actualmente instruye el resultado de la presente investigación especial, así como verificar los demás casos en que funcionarios de su dependencia han obtenido beneficios estatales».

Todos los antecedentes serán entregados al Ministerio Público, donde se realiza una investigación penal producto de la denuncia realizada por la propia municipalidad.