Juan Fernández: oficiales sancionados se rebelan y acusan presiones políticas

ElMostrador / Por Claudia Urquieta.- La complicada trama que puso en el banquillo a la Fuerza Aérea tras el accidente aéreo, enfrenta nuevos cuestionamientos. Esta vez internos. Los reparos son formulados por algunos de los oficiales sancionados administrativamente, luego del sumario instruído por la institución para determinar las causas y responsabilidades de la tragedia. Uno de ellos es el coronel Guillermo Castro, quien decidió recurrir a la justicia civil porque considera que no enfrentó un debido proceso, lo que según fuentes ligadas a la entidad castrense sería consecuencia de presiones políticas por parte del ministro de Defensa, Andrés Allamand.

Los coletazos en torno al accidente aéreo de Juan Fernández, que resultó con 21 personas fallecidas, todavía no cesan. Ahora los involucrados enfrentan una nueva polémica: a fines de mayo uno de los 13 oficiales sancionados administrativamente tras el sumario interno realizado por la institución para determinar las causas, circunstancias y responsabilidades que provocaron el accidente del Casa 212, interpuso un  recurso de protecciónen contra de la Fuerza Aérea de Chile (FACh) y el Ministerio de Defensa.

Se trata del coronel de Aviación Guillermo Castro Guzmán, quien de acuerdo a las medidas propuestas por el fiscal a cargo del sumario, Leopoldo Moya, debe cumplir un día de arresto militar por no haber elaborado normas operativas que permitieran una adecuada coordinación de las operaciones de vuelo.

El recurso presentado ante la Corte de Apelaciones de Santiago, por el abogado Fernando Dumay, rechaza que el 28 de abril pasado se hayan hecho públicos los cargos y sanciones contra los oficiales “en circunstancias que la investigación sumaria recién había cumplido su primera etapa y en abierta vulneración al debido proceso, tanto el departamento de comunicaciones de la FACh como el Ministerio de Defensa publicaron en sus portales institucionales el texto de la formulación de cargos, con las responsabilidades que se le atribuyen a cada uno de los oficiales y la sanción propuesta, incluyendo su nombre y grado, todo ello sin siquiera haber sido oídos, sin haber tenido la posibilidad de formular descargos y desde luego sin que lo que se divulgó haya sido declarado en un sumario legal e íntegramente tramitado”.

El documento señala que, a pesar de indicar que se trata de responsabilidades administrativas “y que no se refiere a las causas específicas o directas del lamentable accidente (…), ante la opinión pública se tienen como los culpables de los terribles acontecimientos, son tratados como incompetentes, negligentes, asesinos, entre otros calificativos de grueso calibre, siendo, todo ello mientras transcurría el primer día del plazo para formular descargos y afectando gravemente el honor del recurrente y su familia”.

Dumay argumenta que en conformidad al reglamento de investigaciones sumarias de las Fuerzas Armadas, las actuaciones y diligencias serán reservadas y que una vez terminada la investigación se le podrá dar publicidad. Situación que según el recurso no se respetó en este caso, sobre todo por las declaraciones y compromisos políticos asumidos por el Comandante en Jefe de la FACh, Jorge Rojas, “que se traducen en la vulneración del derecho a la integridad psíquica del recurrente”.

El abogado de Castro solicita a la Corte —que acogió el recurso y ya ofició al ministro de Defensa, Andrés Allamand y al Comandante en Jefe de la FACh para que entreguen antecedentes— que se ordene retirar los documentos relativos al sumario que se encuentran en los portales institucionales y se formulen disculpas públicas por lo ocurrido.

REABREN SUMARIO

Castro no es el único oficial disconforme con la investigación. Al interior de la institución, según explican fuentes ligadas a la FACh, la sensación es que el sumario dado a conocer a la opinión pública “era un resultado preliminar, pero el Comandante en Jefe se aceleró porque el ministro Allamand lo obligó a terminar el sumario antes de que se determinaran las causas del accidente”. Asimismo, consideran que primaron presiones políticas que “limitaron públicamente la posibilidad de respuesta de los sancionados (…) si no hubiese dado ultimátum todo esto no habría pasado”.

Uno de los tres altos mandos de la FACh dados de baja tras el sumario, el general de Brigada Aérea, Marcos González, no descarta seguir los pasos de Castro y entablar acciones en la justicia civil.

“Sería un escenario distinto si se hubiera respetado el proceso. Ahora me estoy defendiendo, pero ya estoy sentenciado por 15 millones de personas y todo lo que haga ya no tiene sentido al interior de la Fuerza Aérea”.

El pasado 23 de mayo se entregó la resolución de la dirección de Operaciones, a cargo del general de brigada Aérea, Arturo Silva, en relación a los descargos presentados por los oficiales. Si bien no acogió las solicitudes de anular el proceso ni revertir las sanciones, resolvió conceder una prórroga al fiscal Moya de veinte días hábiles para que continúe sustanciando la investigación con respecto a las causas del accidente aéreo. En el intertanto, Silva ordenó suspender “la tramitación del procedimiento disciplinario”, manteniéndose los descargos presentados “mientras se concluye la tramitación de la presente investigación”.

Resolución que, según fuentes ligadas a la FACh, echa por tierra lo dicho por el ministro Allamand, quien calificó como acucioso y exhaustivo el sumario, ya que “el fiscal fue obligado a cerrarlo antes de determinar las causas del accidente y los responsables de éste, que fue el objetivo de la investigación”.