¿Todos deberíamos pagar más impuestos?
Opinión y Comentarios 22 octubre, 2011 Edición Cero
Carlos Salas Lind. Cientista Político.
“Unir siempre el tema de mayor carga tributaria – a la actividad productiva y comercial – refuerza una idea de despojo, de dominio y aprovechamiento de unos pocos empresarios (que antes se llamaban hacendados), sobre una población vulnerable y explotada”, por Carlos Salas Lind.
En la teoría económica, la propensión a pagar impuestos se acrecienta a medida que aumenta el ingreso. A partir de esta simple premisa, no es ilógico que los países más desarrollados en el ámbito social y económico – como los escandinavos – posean una de las tasas de impuesto a la renta de las empresas y de las personas más altas del mundo.
En Chile – con tasas de crecimiento estables y robustas – se observa un mayor interés (y transversal), en hacer realidad uno de los preceptos económicos fundamentales para la implementación de un sistema impositivo que fomente un desarrollo más incluyente y sostenible.
En el caso de prosperar un debate – en torno a una reforma tributaria en Chile – todo indica que será la actividad productiva y comercial la que sobrellevaría el financiamiento de la intensificación de políticas sociales destinadas a reducir la desigualdad y – por ende – a fortalecer la competitividad de nuestra economía.
Aunque la discusión sobre la necesidad de implementar una reforma tributaria es legítima, el tema impositivo no puede seguir suscribiéndose – casi exclusivamente – a modificar las reglas del juego a quienes (para bien o para mal), han sido un motor importantísimo en el posicionamiento de Chile como una economía abierta, próspera y estable: el sector privado.
Unir siempre el tema de mayor carga tributaria – a la actividad productiva y comercial – refuerza una idea de despojo, de dominio y aprovechamiento de unos pocos empresarios (que antes se llamaban hacendados), sobre una población vulnerable y explotada.
Estoy de acuerdo en que – a la hora de invertir o iniciar actividades comerciales y productivas – Chile ofrece ventajas comparativas indiscutibles en una región que aún no logra zafarse de estereotipos nocivos para la confianza de quienes buscan abrir e integrar nuevos mercados.
A estas alturas, Chile no necesitaría “bajar tanto los precios” para la inversión con el fin de compensar los eventuales riesgos que implicaría apostar al incremento del capital en un clima menos predecible.
Aunque las cifras que respalden esta idea sean rebatibles, el mejoramiento sostenido de la imagen de Chile – en tantos temas centrales para el posicionamiento de un país en un mundo más competitivo y emprendedor – no debería ser menospreciado a la hora de “negociar” el acceso a nuestros recursos y mano de obra.
Sin embargo, un segmento social – que no incluye a quienes emprenden una actividad comercial – también ha comenzado a experimentar un aumento significativo de sus honorarios, llegando incluso a equiparar (y en muchos casos a sobrepasar), el ingreso promedio de los países más desarrollados. Una discusión menos prejuiciosa – en torno a un aumento de la carga impositiva – no debería ignorar esta realidad.
Éste es el caso porque el impuesto a la renta de las personas – que ganan una cantidad mucho mayor a la media nacional es bastante escuálido, realidad que limita el sentido de responsabilidad colectiva en la búsqueda de soluciones a problemas sociales que atañen a todos.
Más aún, es mi convencimiento, que independientemente del nivel de ingresos (salvo casos extremos), todos los ciudadanos deberían estar sujetos a un pago progresivo de impuestos. Este sistema existe en Chile, pero una inmensa mayoría está exenta de pagar impuestos (por su bajo ingreso), o paga demasiado poco (aunque su alto nivel de ingresos no justificaría una carga impositiva tan “liberal”).
Lo otro, esperar que una mejor distribución llegue por cuenta propia, o por las suculentas ganancias generadas por unos pocos – específicamente en el sector privado – es condenar a amplios sectores sociales al inconformismo y el resentimiento.
La cantidad – que los menos pudientes deben desembolsar – tendría que retornar a ellos, a través de una ampliación y mejoramiento de los servicios públicos, de mayores oportunidades para ellos y sus descendientes de ver mejorada su calidad de vida a mediano y largo plazo.
Y cuando todos los ciudadanos (en la medida de sus posibilidades), aportan al financiamiento de las políticas sociales, crece – también – la exigencia a la clase política a no abusar de los recursos que todos están generando. En decir, aumenta el interés en participar en el proceso de desarrollo nacional y controlar que la gestión – de quienes son los elegidos para administrar el estado – responda al precio que cada contribuyente le asigna a los costos de su aporte.
En gran medida, éste es el camino que han seguido las naciones más desarrolladas del mundo, sociedades que han podido – de esta forma – asegurar el acceso de sus ciudadanos a un nivel de gestión pública, educación, salud y sistema previsional más que dignos.
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