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Los imputados aceptaron el procedimiento abreviado ofrecido por el persecutor y si bien eso implica la aceptación de los hechos, discutieron la calificación jurídica... Ante solicitud de Fiscalía de penas de 3 años y un día para militares y aduaneros bolivianos, lo que viene es la expulsión

Los imputados aceptaron el procedimiento abreviado ofrecido por el persecutor y si bien eso implica la aceptación de los hechos, discutieron la calificación jurídica de los mismos, solicitando la absolución. Hoy miércoles, a las 14:00 horas, el tribunal dará a conocer la sentencia.  Y si se aplica la pena solicitada, se espera que los funcionarios públicos bolivianos, apresados en la zona fronteriza, debieran ser expulsados del país.

 Como se sabe, en una audiencia que duró casi cuatro horas horas, se realizó el juicio abreviado con que se está dando término a la causa que sigue la Fiscalía de Pozo Almonte contra los dos militares y siete funcionarios de la Aduana boliviana detenidos cerca de la frontera, en marzo de este año. El fiscal Hardy Torres acusó a todos los imputados como autores de los delitos de robo con intimidación y violencia, porte ilegal de arma de fuego prohibida y contrabando, solicitando dos penas de 3 años y un día de presidio por los primeros ilícitos, y la pena de multa por el último.

En la audiencia, el fiscal Hardy Torres presentó acusación verbal en contra de los imputados, señalando que todos ellos ingresaron a territorio chileno portando armas de fuego y a bordo de dos vehículos, y procedieron a apoderarse de un camión cargado con mercadería que se encontraba en el sector de Tulapampa, comuna de Colchane,a unos dos kilómetros de la frontera, disparando sus armas contra el vehículo para que el chofer se detuviera.

El persecutor les reconoció las circunstancias atenuantes de irreprochable conducta anterior y colaboración sustancial en el esclarecimiento de los hechos, al aceptar el procedimiento abreviado; por lo que solicitó dos penas de 3 años y un día de presidio por el delito de robo con intimidación y violencia y por el porte ilegal de arma de fuego prohibida, además de una pena de multa de unos 30 millones de pesospor el delito de contrabando, considerando el avalúo fiscal de los vehículos ingresaron clandestinamente.

Además, por el delito de porte ilegal de arma de fuego prohibida, les reconoció la atenuante de  obrar en el ejercicio de un derecho, autoridad, oficio o cargo.

Si bien los imputados aceptaron el procedimiento abreviado y con ello, los hechos y los antecedentes de la acusación, su defensa solicitó la absolución de todos los acusados, ya que según su versión, jamás tuvieron intención de robar el camión, sino sólo de incautarlo en el contexto del combate al contrabando. Agregó que no detuvieron a los supuestos “contrabandistas” por un tema de seguridad y porque no sería absolutamente necesario según la legislación boliviana, y que no contaban con los implementos técnicos que les permitiera saber con certeza si se encontraban en territorio boliviano o chileno.

VERSIÓN DISTINTA

Diametralmente opuesta es la versión de los militares y aduaneros bolivianos, que sostienen completa inocencia y que la detención se produjo mientras cumplían funciones oficiales. Versión avalada por Bolivia, como Estado Plurinacional.

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“Nosotros después de la investigación y analizados todos los antecedentes, tanto los recabados por la Fiscalía como los aportados por la propia defensa, llegamos al convencimiento de que aquí se cometieron tres delitos por los imputados, que concurrían circunstancias atenuantes que les hemos reconocido y que dan cuenta de nuestra objetividad, y eso nos llevó a acusar por los delitos indicados y a solicitar las penas señaladas, y esperamos que el tribunal valore aquello y emita una resolución favorable a la petición de esta Fiscalía”, afirmó el fiscal Hardy Torres.

 

 

La jueza Isabel Peña fijó audiencia para mañana (miércoles), a las 14:00, para la lectura de sentencia.