Chile, país de desastres anunciados: la hora de la prevención en serio.

Ricardo Balladares Castilla. Sociólogo, Master (c) Desarrollo Territorial, Diplomado en Seguridad y Defensa.-

No hay nada más parecido al absurdo que un país que se empeña en repetir las mismas actuaciones en los mismos lugares y esperar resultados distintos. Eso, ciudadanos y ciudadanas, no es política de Estado, es una forma de locura institucional que en Chile hemos elevado a la categoría de tradición. Cada invierno crudo, los mismos ríos se desbordan, sino suelos arrasados por las heladas. Cada verano, los mismos incendios quemando las mismas regiones. Cada año, los mismos caminos se cortan y las mismas comunidades quedan aisladas, como si el territorio tuviera memoria pero nosotros, los que debiéramos gobernarlo, decidiéramos olvidar a propósito.

Nadie puede decir que no sabíamos. Sabemos exactamente dónde va a llover, dónde se va a desbordar el río, dónde se va a activar la quebrada. Donde se va incendiar. Donde se va a interrumpir la ruta o desprender terreno por un sismo. El problema no es la falta de información, porque información hay con antelación y de sobra. El problema es que hemos construido un sistema de gestión de emergencias que funciona bajo la lógica del bombero que llega cuando la casa ya se quemó, y no bajo la lógica del arquitecto que diseña una casa que no se quema. Eso no es gestión de riesgos, eso es gestión de la resignación y reacción al desastre.

El actual sistema, con SENAPRED como ente coordinador, adolece de una debilidad de origen que no es menor. Coordinar no es lo mismo que comandar. Coordinar es sugerir, es convocar, es rogar. Y cuando se trata de salvar vidas y proteger territorios, no se puede andar rogando. Se debe exigir. Se debe ordenar. Se debe disponer. Pero SENAPRED no tiene la autoridad para imponer planes comunales de gestión del riesgo, no tiene la fuerza para obligar a los municipios a reubicar asentamientos en zonas de peligro, no tiene el poder para detener una construcción en la ribera de un río que cada cinco años se inunda o una quebrada que se activa. No puede ordenar la tala, cortafuegos o zonas de amortiguación.

Hoy apenas el 28% de las comunas de Chile cuenta con un plan de gestión del riesgo aprobado y actualizado. Eso no es una falla, eso es una confesión. Es la confesión de que la prevención no es prioridad, de que la planificación es un lujo que nos damos cuando no hay emergencia, y que cuando la emergencia llega, ya es tarde para planificar y solo queda reclamar o pedir al cielo.

Vayamos a las experiencias que el mundo ya escribió. Japón, por ejemplo, no espera que el terremoto ocurra para preguntarse qué hacer. Japón construyó el modelo BOSAI, que no es un manual, es una filosofía. Se enseña desde la escuela, se practica en simulacros mensuales, se internaliza en la vida cotidiana. Allí cada ciudadano y ciudadana sabe que tiene tres responsabilidades: cuidarse a sí mismo, ayudar a su vecino, y recién después esperar la ayuda del Estado. No es una cuestión de individualismo, es una cuestión de organización. Es entender que el Estado no puede estar en todas partes al mismo tiempo en un emergencia, pero que una sociedad preparada sí puede.

España, por su parte, nos da otra lección (y no es la del mundial). La Unidad Militar de Emergencias no es un cuerpo que se activa cuando ya todo explotó. Es una unidad permanente, dependiente del Ministerio de Defensa, que planifica, entrena y despliega con una lógica preventiva. No se trata de militarizar la respuesta, se trata de profesionalizarla. Porque cuando la catástrofe golpea, no hay tiempo para improvisar. No hay tiempo para preguntar quién manda. No hay tiempo para coordinar. Lo que hay es tiempo para ejecutar, y para eso se necesita una estructura que ya esté ejecutando desde antes.

EE.UU., con FEMA, incorpora la figura de los contratos anticipados, que no es más que tener acordado con proveedores qué se va a necesitar antes de que se necesite. Parece obvio, pero en Chile la obviedad suele ser el primer sacrificio en el altar de la improvisación. Y Australia, con su sistema de Comando de Incidentes, demuestra que la estandarización de los procedimientos no es burocracia, es eficiencia. Es saber que todos los que intervienen hablan el mismo idioma operativo, sin importar si vienen de un municipio, de una región o del gobierno central.

Ahora bien, ¿Qué se viene sugiriendo hace más de 10 años para Chile? No más parches. No más comisiones de estudio que estudian lo que ya sabemos. Ni más comisiones investigadoras que repiten los mismos invitados y las mismas conclusiones. Se necesita una Agencia Nacional de Gestión del Riesgo y Resiliencia, que reemplace a SENAPRED con rango ministerial y, sobre todo, con autoridad vinculante. Que sus resoluciones en materia de prevención no sean sugerencias, sean órdenes. Que pueda exigir a cada comuna su plan de gestión del riesgo, que pueda sancionar a quien no cumpla, que pueda detener obras en zonas de peligro. Porque la vida de las personas no puede estar sujeta a la buena voluntad de un alcalde o a la presión de un empresario inmobiliario, minero o forestal.

Y en el centro de esta nueva arquitectura, el rol de las Fuerzas Armadas debe ser repensado de raíz. No como un actor que llega cuando ya no hay más que hacer, sino como un pilar de la prevención. Un Comando de Emergencia de las FF.AA., permanente, con planificación anual, con obras de mitigación a su cargo, con limpieza de cauces, con mantenimiento de rutas de evacuación sostenido en el Cuerpo Militar del Trabajo. No se trata de darles un rol represivo, se trata de darles un rol constructivo. De poner su capacidad logística, su disciplina y su despliegue territorial al servicio de la protección de la vida, no de la gestión del desastre.

Una advertencia. Ninguna estructura funciona si no se incorpora el capital social y cultural de la nación. No se puede planificar desde Santiago lo que ocurre en el sur profundo, en el centro agrícola, o en el norte árido sin escuchar a quienes viven allí. Las comunidades saben dónde se inunda, saben por dónde baja el aluvión, saben cuándo el río va a crecer. Ese conocimiento no es folklore, es inteligencia territorial. Y debe ser parte del sistema. Programas de educación en gestión de riesgos desde la escuela primaria, formación de líderes comunitarios, sistemas de alerta temprana que no sean solo un mensaje al celular sino una red de voces que se activa en cada barrio.

No va a faltar quien diga que esto cuesta plata. Y es cierto. Pero pregunto: ¿Cuánto cuesta no hacerlo? ¿Cuánto cuestan cada año las pérdidas materiales, las vidas interrumpidas, los pueblos aislados, la infraestructura destruida? ¿Cuánto cuesta la desconfianza de una ciudadanía que ve que el Estado siempre llega tarde? La prevención no es un gasto, es una inversión. Y es una inversión que, como todas las inversiones serias, requiere planificación, requiere continuidad, requiere voluntad política.

Chile no puede seguir siendo un país que se acuerda de la prevención cuando ya ocurrió la tragedia. No puede seguir siendo un país que confunde la reacción con la solución. No puede seguir siendo un país que año tras año repite el mismo guion en los mismos escenarios. Se necesita un cambio institucional profundo. Chile requiere un sistema que ponga la vida en el centro y la improvisación en el margen. Debemos exigirnos, en definitiva, un Chile que decida dejar de ser víctima de su propia geografía para convertirse en dueño de su seguridad. Porque el territorio no va a cambiar. La pregunta es si nosotros vamos a cambiar la forma en que lo habitamos. Porque como decía Cervantes “Estar preparado es la mitad de la victoria”.