Hablando de elecciones Presidenciales, seguridad pública, un espacio posible ganar a la derecha.

Claudio Vila Bustillos, Político, abogado, Diplomado Analista en Inteligencia Política Estratégica (DAIPE).-

Pese a que los números son fríos pero realistas, éstos ponen a Chile como uno de los países con menor ocurrencia de delitos, que, por ende, debiera hacernos uno de los más seguros en materia de seguridad pública. Sin embargo, la llamada «sensación de inseguridad» nos pone entre los países con más alto índice, es decir, tenemos una población que pese a lo bajo en la cantidad de delitos que se cometen en el país, siente, cree o piensa que en cualquier momento puede ser víctima de uno.

Así lo refleja la última medición de la «Encuesta Democracia UDP», que al preguntar «en la actualidad ¿Cuál de los siguientes temas le preocupa más a usted?” la delincuencia marca un 48%, por sobre las pensiones (8%), la salud e incluso la migración (ambas 6%).

Lo anterior viene a ratificar que la seguridad pública se ha instalado como una de las principales preocupaciones de la comunidad, y ya no es un mero discurso de la derecha, invocado, por cierto, desde siempre, pero hoy con un fuerte «respaldo» electoral.

Cabe recordar que en el primer proceso constituyente la seguridad se transformó en el principal motivo de rechazo de la propuesta de nueva constitución, instalado, como sabemos, por la derecha en pleno, y algunos sectores del mal llamado centro político.

De ahí en adelante esta preocupación se instala en el actual gobierno y concluye en la aprobación del mayor número de leyes en esta materia que se tenga recuerdo, así como la mayor inyección de recursos públicos tanto en las policías como en el sistema judicial, sin exagerar desde el retorno de la democracia.

Sin embargo, todo este esfuerzo gubernamental que apunto al fortalecimiento estructural de las instituciones, principalmente, a cargo de la persecución penal de quienes cometen delitos, no ha logrado disminuir esta llamada «sensación de inseguridad» de la población, pese a que los delitos si han disminuido.

De esta forma queda claro, y de alguna forma justificado, para efectos electorales, que la seguridad pública es hoy materia de las campañas electorales, sino el principal, y que ha sido abordado por la candidata Presidencial Jeannette Jara.

Es dable aclarar que decimos que la seguridad pública hoy está justificada electoralmente como tema de preocupación -debido a que, si no fuera por la mal intencionada manipulación que la derecha política y económica a través de sus medios de comunicación masivos hacen de esta temática-, hoy no sería tema, y las principales preocupaciones de la población serían las pensiones, la salud, la vivienda y en general el acceso a sus derechos sociales básicos.

Más allá de lo dicho, la seguridad pública debe ser preocupación del mundo político, y de las izquierdas particularmente, aun cuando no existiera la llamada «sensación de inseguridad». Decimos esto porque una propuesta de gobierno, como la que deben ofrecer al país los candidatos presidenciales, debe tener una visión de Estado sobre esta materia, principalmente debido a que la seguridad pública no sólo tiene que ver con la delincuencia local o habitual, sino también con las formas en que ésta se ha ido desarrollando, y fortaleciendo, no sólo en Chile, sino en el mundo entero y, en particular, en latinoamericana, donde sabemos ha llegado a poner en varios casos en jaque el estado de derecho. Tenemos ahí Ecuador, Brasil, Colombia, México, Haití entre otros.

Los gobiernos chilenos en los últimos 15 años, ha abordado la seguridad pública desde la perspectiva del fortalecimiento de las instituciones del Estado encargadas de la persecución penal, es decir, desde una mirada reactiva más que preventiva, dotando de mayores recursos logísticos a las policías y el ministerio público; y como decíamos antes, el actual gobierno a más que triplicado esta inversión pública, sin embargo estos gobiernos poco han avanzado en fortalecer otras aristas de la seguridad pública, nos referimos a la prevención o seguridad comunitaria, la intersectorialidad de ésta, la profundización y fortalecimiento de la inteligencia policial y del Estado.

En materia de seguridad comunitaria sólo se ha abordado mediante la destinación de recursos públicos a iniciativas de la sociedad civil, principalmente a juntas de vecinos, destinadas a dotar de elementos de tipo disuasivos (cámaras de vigilancia, alarmas comunitarias, etc.), que, en perspectiva de mediano y largo plazo, la verdad poco aporta al fin esperado.

Esto ha llevado a la instalación de una visión sesgada de la prevención comunitaria que no aborda el o los orígenes de la delincuencia en los barrios, sumado al hecho de que se asumen como recetas a replicar en todos los sectores, siendo que cada barrio o población tiene sus propias realidades y particularidades.

Lo anterior debe llevar al equipo programático de la candidata de la centro izquierda, Jeannette Jara, a incorporar en la propuesta el fortalecimiento de las políticas en materia de seguridad preventiva comunitaria, que incorpore elementos comunitarios reales, para lo cual el abordaje desde el diagnóstico, levantamiento de información (mapeo territorial, identificación de actores, etc.), construcción de propuestas de intervención, ejecución y diagnóstico, entre otros, incorporando en estas tareas a vecinos así como a entidades públicas y privadas atingentes.

Es decir, construir un abordaje integral del tema de acuerdo con las características de cada territorio, asignando recursos económicos suficientes para este fin, el cual debiese superar los que hasta el momento se destinan tanto en la ex Subsecretaria de Prevención de Delitos, como en el actual Ministerio de Seguridad Pública, en carácter de fundamental para el éxito y resolución efectiva de esta problemática. La experiencia internacional y particularmente latinoamericana es rica en el desarrollo exitoso de medidas de carácter preventivo comunitario, particularmente en Brasil y Colombia.

En cuanto al uso de la inteligencia policial es necesario especificar las etapas o momentos en que debe ser utilizado, esto en razón que hoy su uso está más bien restringido a la investigación posterior a la ocurrencia de los delitos, es decir, de forma reactiva. Lo anterior debido a que la regulación del uso de la inteligencia analítica en materia de seguridad, contenida principalmente en la ley de inteligencia, si bien en su momento fue un gran avance para el país, su uso se ha tornado deficiente para efectos prácticos del combate a la delincuencia, el narcotráfico y el crimen organizado en general, debido a la falta de herramientas en el ámbito operativo y de liderazgo desde el estamento civil del Estado.

Si bien el proyecto de ley que moderniza y fortalece el Sistema de Inteligencia del Estado, está en su última etapa de discusión parlamentaria, contiene grandes detalles que inevitablemente deben llevar al próximo gobierno a formular nuevas modificaciones a esta ley. Tanto en su perfeccionamiento, como en el mejoramiento de sus aspectos operativos, que hoy generan inquietud en los especialistas, relacionadas principalmente con la subordinación de los mandos de la inteligencia policial y militar a los mandos civiles del Estado, la protección de derechos humanos y fundamentales, un sistema de protección de datos personales estricto, así como un efectivo control de la judicatura sobre las medidas intrusivas que se desarrollen en el marco de la ley de inteligencia, así como del fortalecimiento del control parlamentario, entre otras materias.

Si bien estamos cerca de tener una ley de inteligencia que se pone a la altura de la legislación internacional, aún quedan muchos aspectos que mejorar y que, dada la falta de mayorías parlamentarias del oficialismo, no pudieron ser incorporados o aprobados en el proceso de discusión parlamentaria.

Cuando hablamos del uso de la inteligencia en el combate contra la delincuencia debemos, como Estado, apuntar a que este instrumento sea utilizado tanto para perseguir a los autores de delitos, como para desbaratar las bandas criminales antes de su comisión, sin depender de la existencia de una causa penal pretérita que este supeditada al razonamiento de un fiscal persecutor. De esta forma la ley de inteligencia viene a dotar al Estado de instrumentos que permitan el desarrollo de investigaciones basados en el análisis de inteligencia policial, bancaria y administrativa (aduanas, SII, UAF, etc.) que permita detectar a tiempo acciones que, como el lavado de dinero, den sustento y respaldo a operaciones criminales mayores.

Sin embargo, las modificaciones que se han aprobado hasta ahora en la ley de inteligencia estarían limitando este proceso de inteligencia solo al plano nacional, es decir, un sistema destinado exclusivamente para la elaboración de insumos para la toma de decisiones del ejecutivo. Sin embargo, pensamos que debiese poder esta ley aplicarse en un plano más sectorial, regional, o local, dado los riesgos que el crimen organizado, el narcotráfico, está instalando en estos espacios territoriales.

La ley de inteligencia debiera permitir llevar al plano barrial el accionar del Estado desarrollando las acciones necesarias que permitan identificar y frenar prontamente las acciones de las bandas organizadas en los barrios y poblaciones, sin tener que esperar la apertura de una causa penal por parte del ministerio público, por lo que fortalecer el ámbito operacional de la Agencia Nacional de Inteligencia Civil (ANI) en este plano, resulta prioritario y fundamental.

A este respecto es dable señalar que la ANI, en el futuro ANIC -aprobación por medio del actual proyecto ya señalado-, en el proceso de discusión parlamentaria sufrió diversas modificaciones, todas ellas apuntando a su fortalecimiento. Sin embargo, dado la falta de mayorías parlamentarias del oficialismo, se debió buscar términos medios para aprobar el fortalecimiento de esta institución, resultando que hoy si bien la ANI crece como agencia de investigación e inteligencia, en el ámbito operativo, quedaría disminuida a una más de las agencias de este tipo en el país.

Así, perdiéndose la oportunidad de que como institución civil tuviera el mando de todas las agencias de inteligencia del estado, radicando en ella la principal tarea de coordinación y fusión de la inteligencia producida en el país, principalmente la que tiene que ver con la seguridad interna de éste, entre otras materias que finalmente quedaron fuera de ser aprobadas en el proceso parlamentario.

La construcción de una propuesta de medidas en materia de seguridad pública que cause sentido y credibilidad en una población que ve la inseguridad, en un 48%, como su principal preocupación, es total y absolutamente posible desde las izquierdas, como dice el dicho popular, no hay que descubrir la rueda, pero si tener voluntad política para dar un giro en esta materia, dotarle de mayores insumos al proyecto programático.

Esto permitiría ofrecerle al país soluciones que le hagan sentido y que permitan finalmente, por una lado, dar golpes certeros al crimen organizado, en todos sus ámbitos, y entregar tranquilidad y una real sensación de seguridad a una población que cree ser una posible víctima en el futuro cercano. De esta forma, podemos concluir que si es posible ganarle espacio a la derecha populista y extrema que nos ha ganado la batalla cultural en este plano, instalando la idea que sólo con mano dura se vence a la delincuencia, pero no apunta a su  origen y sustento.