Un año de violencia organizacional en las escuelas.

Roberto Layi Fredes, profesor de Artes.- 

La implementación del Servicio Local de Educación Pública (SLEP) en Iquique y la nueva Política Nacional de Convivencia Educativa han revelado una serie de desafíos y contradicciones en el panorama educativo regional. A un año de su puesta en marcha, es evidente que las promesas de mejora en la gestión educativa y la convivencia escolar no se han cumplido plenamente.

La alta conflictividad y violencia organizacional en las escuelas ha alcanzado niveles alarmantes, afectando no solo a estudiantes sino también a las y los trabajadores de la educación. Casos como el del Liceo Comercial Baldomero Wolnitzky y el Centro Laboral ejemplifican esta crisis.

El aumento de denuncias relacionadas con la Ley Karin en la educación pública refleja un malestar profundo en las comunidades educativas y la reproducción de lo que Pamela Barría en “Violencias en las relaciones laborales en la escuela” se daba por la “verticalidad, imposiciones y dificultades de acceso”, lo que contribuye a un ambiente laboral tenso y poco propicio para el desarrollo educativo y la reflexión pedagógica.

A su vez, un aspecto preocupante que se ha observado es la reproducción de sistemas de lealtades y beneficios dentro de las escuelas, que generan favoritismo y discriminación. Los equipos directivos tienden a establecer relaciones preferenciales con ciertos docentes, creando círculos de confianza que excluyen a otros profesionales. Esta dinámica se manifiesta en la asignación de roles de liderazgo, la distribución de recursos y oportunidades de desarrollo profesional, e incluso en la evaluación del desempeño docente.

Analizando críticamente la situación, podemos identificar la presencia de los dos paradigmas antagónicos señalados por Abraham Magendzo, María Isabel Toledo y Virna Gutiérrez: el de control/sanción y el de convivencia democrática. Lamentablemente, parece predominar el enfoque de control, generando ambientes de desconfianza y suspicacia en las escuelas, donde la salud mental de docentes se ha visto severamente afectada por estas dinámicas.

La nueva Política Nacional de Convivencia Educativa, con sus 42 medidas y estrategias específicas, suena prometedora en papel. Como la perspectiva de cuidados, el Modelo de Escuela Total, o el reconocimiento de reconstruir la “autoridad pedagógica” como modelo de autoridad basado en el dialogo social amplio, y, por último, la idea de cuidado colectivo. Sin embargo, en la práctica, la convivencia escolar se ha convertido en meras «gárgaras» del sistema.

La falta de recursos asociados a la innovación educativa en el desarrollo del aprendizaje socioemocional es evidente y preocupante, dejando solo espacio al activismo y buena voluntad de equipos educativos. Como señala Michael Apple, las políticas educativas a menudo reproducen las desigualdades existentes bajo la apariencia de neutralidad y eficiencia, perpetuando así las estructuras de poder dominantes en la sociedad.

Algunos autores en educación ya reaccionaban el 2011 que la legislación tiende a naturalizar una racionalidad penal por sobre la pedagógica, restando valor a la función formativa de la escuela. Actualmente eso no ha cambiado. Esto se refleja en la implementación de protocolos que, aunque existentes, enfrentan obstáculos en su aplicación práctica debido a la falta de capacitación del personal o a la complejidad de los procedimientos establecidos. La Ley Karin es una expresión de esta racionalidad burocrática sobre todo en el sector público.

El aumento del disciplinamiento laboral y las actitudes autoritarias por parte de algunos equipos directivos hacia las y los docentes y asistentes de la educación es particularmente preocupante. Y, por otro lado, la permisividad de los gremios, hacen que este fenómeno ejemplifica lo que Deborah Youdell describe como la reproducción de desigualdades y exclusiones a través de las políticas educativas y de convivencia escolar, y sobre todo, en lo laboral.

La participación limitada de docentes y asistentes de la educación en la toma de decisiones contradice los principios de una educación democrática y emancipadora. Por lo mismo, es necesario avanzar hacia modelos de liderazgo distribuido que empoderen a los distintos actores y actrices de la comunidad educativa, como sugiere Elizabeth St. Pierre al proponer repensar las categorías y conceptos dados por sentado en la educación y la convivencia escolar.

Para enfrentar estos desafíos, es crucial que el SLEP implemente medidas concretas y efectivas. En primer lugar, debe establecer protocolos robustos contra la violencia organizacional y laboral, con especial énfasis en la regulación de los órganos directivos. Es fundamental que se destinen recursos significativos al desarrollo de habilidades socioemocionales, abandonando el enfoque neoliberal en la administración educativa pública. Asimismo, es esencial capacitar a los equipos directivos en liderazgo positivo, técnicas de resolución de conflictos y sobre todo, en la nueva política de Convivencia.

El SLEP debe fomentar la creación de espacios de diálogo auténtico que incluyan a todos los actores de la comunidad educativa, evitando un enfoque punitivo hacia las y los trabajadores de la educación. Finalmente, es imperativo promover modelos de liderazgo distribuido que potencien a los distintos actores, especialmente a los docentes, para fomentar una participación más activa y significativa en la toma de decisiones educativas, más allá de las lealtades mal entendidas.

Es fundamental reafirmar la importancia de la educación pública como pilar del desarrollo social, cultural y la construcción de ciudadanía. Solo a través de una transformación profunda que aborde estos problemas estructurales podremos construir un sistema educativo público que verdaderamente promueva la igualdad de derechos, el bienestar y el aprendizaje de todas y todos, equilibrando la necesidad de “orden” con la promoción de una convivencia democrática y formativa, y ser efectivamente “comunidades educativas”. A un año de la implementación del SLEP en Iquique y Alto Hospicio, hubo muchas fotografías en redes sociales, pero también, se expresó la violencia organizacional en las escuelas.