Contraloría respaldó actuar de ex Seremi de Vivienda, ante denuncia interpuesta por Fundación Defendamos la Ciudad

A favor del ex seremi de Vivienda y Urbanismo, Francisco Martínez Segovia, se pronunció la Contraloría General de la República, tras la denuncia que interpuso en su contra, la Fundación  Defendamos la Ciudad, que lidera Patricio Herman, quien ha liderado varias batallas contra proyectos inmobiliarios y temas asociados.

En este caso de Tarapacá, la acusación contra el arquitecto Francisco Martínez, ingresada a la Contraloría el 26 de mayo de este año, la Fundación, a través de Herman, acusó al arquitecto, entonces SEREMI,  de violar la ley, vulnerar dictámenes, e incluso, de violación a la Constitución. Además, de estar involucrado en negocios inmobiliarios y corrupción.

En cuestión, Heman objeta las densidades brutas máximas y promedios, establecidas en el Plan Regulador Intercomunal y que se deben aplicar en la futura elaboración o modificación de éste. Sin embargo, tras 5 meses de investigación, el órgano contralor, señala que el Oficio N° 0681, de 2002 -periodo en que Martínez era SEREMI-, se ajusta a derecho.

SOBRE LA ACUSACIÓN 

El Arquitecto Martínez señaló que su intención es difundir el pronunciamiento de la Contraloría, porque su nombre fue puesto en cuestionamiento y que se asoció su renuncia a SEREMI, a ese hecho, lo que niega.

Señala que el denunciante, acogió una versión, sin antes constatar la veracidad de la misma, lo que llevó a Herman, a formalizar la acusación  en su contra, sin que jamás haya sido consultado o que le haya pedido información sobre el tema.

Sobre su participación del retiro del Plan Regulador Intercomunal, PRIC, dice que no se le puede asociar a ese hecho, ya que en ese se desempeñaba como  presidente del Colegio de Arquitectos de la Delegación Tarapacá, y que en tal condición  junto a otros colegas, explicaron a la comunidad   la importancia y urgencia de dicho instrumento territorial para la planificación de la ciudad.

Martínez dice que también manifestó su preocupación por el daño que podrían causar las edificaciones en altura de alta densidad al casco histórico de Iquique, de allí que, si se sigue su trayectoria frente al tema, es un error instalar ideas sobre su rol de servidor público.

Así, pese a una serie de acusaciones, destaca Martínez el hecho que  la Contraloría General de la República se haya pronunciado sobre el oficio 0681, del 12 septiembre del 2022 y que haya determinado que su actuar como SEREMI, se ajustó a derecho, lo que refuerza que su actuación fue correcta y ajustada a la ley.

También destaca que el trabajo realizado, no fue solo de él, sino que del equipo de profesionales del MINVU expertos  expertos que manejan la ley y la normativa urbanística por años.

En lo que respecta a su situación personal, señala que las acusaciones que califica de infundadas han dañado su honra y prestigio, por lo que espera que espera que Herman se retracte de sus acusaciones y le pida disculpas públicas, con la misma energía que lo acusó.

La imagen demuestra el conflicto urbano actual, al que se refiere el arquitecto Martínez. La normativa vigente lo permite mientras no se apruebe el PRC en elabiración.

COMUNICADO PÚBLICO

El ex Seremi,  ex Presidente del Colegio de Arquitectos Delegación Tarapacá y actual Jefe del Departamento de Infraestructura y Equipamiento DIT – GORE, emitió un comunicado público para referirse al tema, donde señala:

Ante las acusaciones que se han vertido en mi contra en relación al oficio N° 0681, de 2022, emitido cuando ejercía como Seremi Minvu de Tarapacá, me permito hacer la siguiente declaración pública:

La Fundación Defendamos la Ciudad ingresó una denuncia en la Contraloría el 26 de mayo de 2023. El órgano contralor, tras un proceso de investigación, ha determinado que el oficio se ajusta a derecho, por lo que mi actuación fue correcta y apegada a la ley.

En su respuesta, la Contraloría señala que las densidades brutas máximas y promedio establecidas en un plan regulador intercomunal son parámetros que se deben aplicar en la futura elaboración o modificación de un plan regulador comunal. Por ello, el oficio N° 0681, de 2022, de la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo de la región de Tarapacá, se ajusta a derecho.

Mi actuación se basó en el cumplimiento de la ley.

Cuando fui presidente del Colegio de Arquitectos de Tarapacá, periodo 2020-2021 constantemente expresamos en la opinión pública nuestra preocupación por la estrategia inmobiliaria de instalar, en el casco histórico, proyectos de alta densidad, lo que da paso a edificios de gran altura. Esto afecta la calidad de vida, el paisaje urbano, el patrimonio, la memoria de la identidad, la sensación y emoción en el espacio, además de la fragilidad de la infraestructura pública, que no está preparada para recibir tales exigencias o carga de uso.

Creo que la mayoría de los arquitectos de la región coincidimos en que no se puede edificar en altura sin una estrategia de planeamiento que lo sustente.

Sin embargo, hay una ley, la ley actual que define el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, y en términos sencillos de explicar, indica que:

• • • El Plan Regulador Intercomunal PRIC recién aprobado (con densidades bajas), no puede regir sobre el Plan Regulador Comunal PRC (con densidades altas), cuando este último ya se encuentra operando, y mientras no se elabore un nuevo PRC, se debe mantener lo que norma y rige en estos

Las acusaciones son infundadas e irresponsables.

Cuando fui seremi del MINVU, tuve que oficiar de acuerdo con la ley, eso es lo que se espera de toda autoridad, dejar los intereses personales de lado y ceñirse estrictamente a lo que indica nuestra normativa, leyes y ordenanzas.

Esta acción fue interpretada de manera insidiosa y suspicaz, por personajes políticos y comunicadores cómplices con el objetivo mediático de levantar polémica y confundir a la opinión pública. Por este hecho fui acusado y sindicado como cómplice de un negocio inmobiliario.

Este tipo de acusaciones irresponsables buscan hacer un show mediático y deslegitimar mi trabajo, desconociendo mi trayectoria profesional. Mis estructuras éticas son las heredadas por mi familia, están forjadas en la pampa de la salitrera Victoria, quienes nos hemos esforzado por todo, solo tenemos la probidad ética como tesoro y nuestra honra.

El pronunciamiento de la Contraloría General de la República es un respaldo a mi actuación y a la legalidad de mi oficio. Este pronunciamiento fue trabajado en conjunto por profesionales de carrera del Ministerio, arquitectos y jurídicos expertos que manejan la ley y la normativa urbanística por años.

Soy Arquitecto Iquiqueño, y nuestra carrera profesional se rige por códigos éticos.

Como arquitecto colegiado nunca he tenido una acusación contra la ética en mi desempeño, gremial ni profesional.

Quiero que sepa que celebro y apoyo toda acción que busque la transparencia y la verdad, sobre todo en el actuar público, cuidando de los derechos de la ciudadanía.

DICTÁMEN CONTRALORÍA

Para mayores antecedentes, puedes revisar el dictamen de la Contraloría, emitido a fines de octubre.

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