Un golpe a la memoria histórica. La derecha  frente a los cincuenta años del derrocamiento de Allende

Cristian Jamett y Jorge Iván Vergara

Ad portas de cumplirse medio siglo del golpe de Estado que derrocó al gobierno de Salvador Allende en septiembre de 1973, la derecha chilena ha resucitado sus discursos tradicionales reivindicando la intervención militar y los 17 años de dictadura posteriores. La tesis predominante desde la década del noventa subraya los logros del gobierno militar, aunque condenando las violaciones a los derechos humanos. Salvo notables excepciones, como la de la exsenadora Lily Pérez, esto se acompaña de una minimización de la magnitud y las consecuencias de dichas violaciones, las que son vistas todavía como “excesos” o casos aislados más que como una política de estado sistemáticamente aplicada.

No menos importante, esta condena no afecta su valoración positiva o muy positiva de la dictadura de Pinochet, que según algunos representantes políticos de la derecha ni siquiera sería tal. Para la diputada de RN, Camila Flores, Pinochet fue un “presidente” y no un “dictador”; para José Antonio Kast, líder de los republicanos, su gobierno no habría sido una “dictadura” sino un “gobierno autoritario”, lo que, técnicamente hablando, es lo mismo.

A lo anterior, la derecha suma la idea de que, siendo el pasado objeto de nuevas disputas que solo contribuyen a dividirnos, es imprescindible mirar al futuro. De esa manera, la reconciliación pasaría por dejar atrás definitivamente el pasado. Hace unos días, la actual presidenta del consejo constitucional, Beatriz Hevia, y militante del Partido Republicano, afirmó que “mi rol hoy día es mirar hacia el futuro, yo nací el año 92, creo que referirme a hechos que no viví, que no conozco en detalle más allá de lo que uno puede conocer y aprender leyendo o conversando con distintas personas, no tiene sentido”. Ya ni siquiera se reconocen violaciones que condenar, solo hay que cubrir el pasado con un manto de noche y niebla.

La intervención militar se justificaría porque el gobierno de Allende se había vuelto inconstitucional, llevando al país a una guerra civil y/o se aprestaba a tomar el poder por la fuerza y convertirnos en una dictadura comunista. Como ejemplo del referido discurso, podemos señalar las recientes afirmaciones del expresidente Piñera a El Mercurio, sosteniendo que Salvador Allende no respetó los principios democráticos, justificando así tácitamente el golpe. Agregó que el gobierno militar había tenido una zona luminosa, las modernizaciones, y otra oscura, que correspondería a las violaciones de los derechos humanos. ¿In tenebris lux?

Hay una versión más radical que la anterior, en la que la condena de las violaciones a los derechos humanos desaparece, puesto que estas serían equivalentes a las cometidas por la Unidad Popular o los grupos armados de izquierda. De acuerdo con la secretaria general de la UDI, María José Hoffman: “Son equiparables las barbaridades de Allende con la dictadura”.  Kast fue aún más lejos, sosteniendo que el propio gobierno de Allende habría sido una “dictadura”. Ninguna apreciación mínimamente objetiva podría corroborar esta temeraria afirmación. Bastaría únicamente con indicar la existencia, entre 1973-1990, de una policía secreta que actuaba por fuera de la legalidad para detener, violar, torturar y asesinar personas, mientras no hay antecedentes históricos de que algo similar existiera en la UP, cualquiera sean los errores que cometió.

Si nos preguntamos cómo se explica este endurecimiento del discurso político de la derecha chilena, aparecen tres elementos relacionados. En primer lugar, las condiciones políticas son muy distintas de las existentes hace una década atrás, cuando se conmemoraron los 40 años del golpe. El entonces presidente Piñera fue entonces muy crítico con respecto a las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura, subrayando la colaboración con ellas de amplios sectores de derecha, a los que llamó “cómplices pasivos”, generando rechazo por su parte.

Por otro lado, la dura derrota del proyecto constitucional en el plebiscito del septiembre del 2022 significó una pérdida de iniciativa de los sectores de izquierda en favor de las clases dominantes. Un ambiente político donde la derecha llegó al 62% del apoyo ciudadano y, por lo tanto, es altamente propicio para retomar sus viejas consignas como el carácter dictatorial del gobierno de Allende, la necesidad del golpe y la minimización de las violaciones a los derechos humanos sea por vía de considerarlas excesos aislados o por la comparación con lo presuntamente ocurrido con la Unidad Popular.

El estallido social y el proyecto de nueva constitución fracasado reforzaron la mentalidad autoritaria de la derecha, colocándola -en forma similar a las décadas de 1960 y 1970- en una posición mucho más agresiva. Es apoyada, además, por una nueva generación política más radicalizada, como la que representan José Antonio Kast y los republicanos, convertidos hoy en el principal partido político chileno. O sea, se conjugaron la percepción de amenaza y el triunfo en el plebiscito que logró devolverlos el liderazgo político.

En el actual momento post plebiscitario, los sectores conservadores ejercen su gran poder político-cultural y moral sobre la ciudadanía, apoyados en una poderosa red de medios digitales, prensa, televisión y, no menos importante, fundaciones e “intelectuales orgánicos” a nivel de la sociedad civil y de la clase política pues no hay posibilidad de lograr una conducción de largo plazo sin una elaboración compleja de la historia reciente y sus acontecimientos traumáticos.

Por último, cabe abordar el problema de la responsabilidad de las fuerzas progresistas frente a este verdadero golpe a la memoria histórica inevitable fecha, quienes después de la última derrota de  septiembre del 2022 han quedado subordinadas al proyecto y  a las representaciones políticas de los sectores dominantes. La 50ª conmemoración del golpe militar debiera ser una oportunidad de reivindicar con renovadas fuerza y convicción el valor de los derechos humanos y sociales, reiterar la condena irrestricta a las violaciones de la dictadura y convocar a la ciudadanía en favor de una democracia fundada en el respeto más irrestricto a dichos derechos.