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El pasado 12 de enero se publicó en el Diario Oficial la Ley N 21.527, que crea el Servicio Nacional de Reinserción social Juvenil,... Nuevo Sistema de Reinserción Social Juvenil se implementará en Tarapacá  y regiones de Arica y Parinacota, Antofagasta, Atacama y Coquimbo.

El pasado 12 de enero se publicó en el Diario Oficial la Ley N 21.527, que crea el Servicio Nacional de Reinserción social Juvenil, que transforma el sistema de atención a los infractores de ley y consagra el cierre paulatino del Servicio Nacional de Menores (Sename), algo que se buscaba hace mucho tiempo y que fue una prioridad del Gobierno del Presidente Gabriel Boric.

La entrada en vigencia de esta ley avanza en el cumplimiento de la obligación del Estado de Chile de aplicar la Convención sobre los Derechos del Niño y la Niña (CDN) como un eje central de la gestión. Esta ley se suma al Servicio de Protección Especializada y la Ley de Garantías de los Derechos de la Niñez, ambos ya en implementación.

El nuevo servicio tendrá un año de preparación y luego se implementará gradualmente por todo el país, iniciando en nuestra región de Tarapacá, junto a las regiones de Arica y Parinacota, Antofagasta, Atacama y Coquimbo.

La Seremi de Justicia y Derechos Humanos, Camila Castillo Guerrero, destacó que, “este hito es muy importante para nuestro país, sobre todo para la seguridad de la región, por lo que es una gran noticia que estemos dentro de las primeras regiones en implementarlo. Ya hemos realizado capacitaciones en conjunto con funcionarias y funcionarios, preparándonos para este momento, recogiendo necesidades y generando acuerdos que nos permitan una instalación exitosa».

Añadió que finalmente, «es importante destacar que este es un deber del Estado y que se lograron grandes acuerdos políticos para tener hoy una nueva institucionalidad que se haga cargo de los jóvenes infractores de ley con pleno acento en su reinserción”.

La Ley N° 21.527 consagra una política pública que se inició en el gobierno de la ex Presidenta Bachelet y que fue tramitada durante 5 años, escuchando a expertos en materia de reinserción social, funcionarios y organizaciones de la sociedad civil. Fue una de las principales urgencias legislativas una vez asumido el Presidente Gabriel Boric y tras un largo debate, abierto, democrático y participativo, hoy es ley”. En esta dirección resaltó el aporte de los parlamentarios de todos los sectores que hicieron posible contar con el cuerpo legal.

El Servicio de Reinserción Social Juvenil tendrá como propósito administrar y ejecutar las medidas y sanciones contempladas por la Ley sobre Responsabilidad Penal Adolescente (Nº 20.084), mediante el desarrollo de programas que contribuyan a la reinserción social de las y los jóvenes que han infringido la ley.

Características del nuevo Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil:

La adscripción al Sistema de Alta Dirección Pública.

Establecimiento de un modelo de intervención técnico y profesionalizado. 

Aseguramiento de los recursos humanos y materiales necesarios para aplicar el nuevo modelo de intervención. El nuevo Servicio incrementará su dotación de personal en un 25% por sobre la actual dotación efectiva del SENAME en materia de justicia juvenil. En particular, aumentarán las dotaciones regionales.

Fijación de estándares de calidad por cada programa de ejecución de medidas y sanciones, los que contarán con la aprobación de un Consejo de Estándares y Acreditación, conformado por profesionales altamente especializados, nombrados a través del Sistema de Alta Dirección Pública.

Existirá un sistema de evaluación y toma de decisiones, con la finalidad de mantener la fidelidad de la intervención y entregar herramientas para la toma de decisiones en el corto, mediano y largo plazo.

Considerará también, la supervisión de programas privativos de libertad de administración directa y del medio libre, tanto en los aspectos técnicos como administrativos y financieros.

Redefinición de un sistema de colaboración público-privada en base a criterios de gestión de calidad, mejores procesos de supervisión financiera y técnica, y un sistema de financiamiento más adecuado.

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