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Profesor Haroldo Quinteros Bugueño.- En nuestros días, en el subcontinente latinoamericano es posible sostener que hay dos tipos de revoluciones, las populares y las... Las revoluciones también son de derecha.

Profesor Haroldo Quinteros Bugueño.-

En nuestros días, en el subcontinente latinoamericano es posible sostener que hay dos tipos de revoluciones, las populares y las de la pequeña pero fuerte y organizada clase social económicamente dominante; es decir, la derecha política. El golpe de estado de 1973 en Chile no fue sólo simple involución, como algunos sostienen, entendida ésta como la detención de un proceso evolutivo político mediante la comisión de un acto violento, que impuso en el país un nuevo orden. El cuartelazo que refiero fue más que eso. En verdad fue un acto revolucionario, toda vez que una revolución se caracteriza por introducir en el Estado y en la sociedad un orden general nuevo, normalmente  de manera abrupta y violenta.

Los chilenos ya habíamos tenido en el siglo XIX la llamada “Revolución del 91,” suceso  que con toda certeza así fue llamado porque el triunfante alzamiento de la Marina contra el Presidente constitucional José Manuel Balmaceda en 1891, alentado y financiado por la clase dominante y el imperialismo inglés, puso fin al régimen presidencialista establecido por Portales en 1833, para, en su lugar,  imponer una política económica nueva, cuyo eje fue la privatización del salitre y, simultáneamente un orden político también nuevo, el Parlamentarismo, desahuciado 34 años después, en 1925, por el propio estamento social y político –la vieja derecha nacional-  que lo había impuesto en 1891.

Como veremos, lo que advino con el cuartelazo del 11 de septiembre de 1973 fue  más que una involución. Si bien se detuvo un proceso en marcha de corte revolucionario socialista y se volvió al sistema capitalista, esta vuelta no restableció el tipo de capitalismo anterior, de carácter mixto, i.e. privado-estatal, en cuyo centro funcionaba un Estado que aunque era aún débil, subyacía en él una tendencia hacia el llamado Estado Bienestar (que muchos politólogos llaman  “socialismo democrático”), que en una etapa bastante avanzada, al cumplirse el tercer y último año del gobierno de la coalición del gobierno del presidente Salvador Allende Gossens,  la Unidad Popular, se llamó “la vía chilena al Socialismo.”

La revolución de 1973 no fue producto de una insurrección popular armada, a la manera de las revoluciones más conocidas en los tres siglos pasados, la francesa, las de independencia en el continente americano, la rusa, la china y la cubana. La chilena de 1973 la realizaron, en lo material, las Fuerzas Armadas (en adelante, FF AA), acto que reveló de modo categórico que el aparato militar del Estado siempre había sido una parte integrante de la derecha política.

En lo doctrinario,  tuvo su origen en el esquema  ideológico que sustenta la clase posesora del aparato económico y financiero del país, sujeto integrante del actual sistema capitalista global que encabeza política y militarmente el imperialismo norteamericano. Tanto éste como la derecha nacional se vieron amenazados por el gobierno socialista de Salvador Allende, instalado constitucionalmente en el país en 1970. Una vez tomado el poder de Estado, el nuevo régimen no se dedicó a la simple restauración de l’ancienne régime sino introdujo en el país un sistema económico hasta entonces inédito en país alguno,  el neoliberalismo. Vale decir, era tan nuevo que no se lo conocía en ningún país del orbe que no fuera Chile.

Por supuesto, el neoliberalismo es una variante del capitalismo, pero su radicalización y aplicación ad extremum como ocurrió en Chile a partir de 1973, supera, lejos, el capitalismo liberal tradicional. Ergo, se estableció en Chile un Estado nuevo; vale decir, no se volvió al anterior. De ahí el carácter revolucionario del golpe de estado de 1973.

Las FF AA no fueron el real golpista. Fueron sólo el brazo armado de la derecha civil, la verdadera autora del golpe. A aquellas les correspondía garantizar que el programa político pergeñado por su mentor civil se cumpliera cabalmente. Las FF AA se empeñaron a fondo en esta tarea, al punto de cumplirla en su grado de violencia más extremo. La mejor descripción de lo acontecido la formuló el ex-almirante y ex-senador designado Jorge Martínez Busch en 1994, cuando Manuel Contreras, el ex – jefe de los servicios secretos de inteligencia (DINA), comparecía ante la Justicia por su responsabilidad en los horrendos actos de lesa humanidad cometidos por aquellos organismos durante la dictadura que presidió el general Augusto Pinochet. Sin ningún tipo de ambages, Martínez declaró ante los medios de comunicación:   “A los militares sólo nos tocó hacer el trabajo sucio.”

De modo que resumiendo, la “revolución del 73,” si bien tuvo como fin originario rescatar el sistema capitalista tradicional del peligro de extinción en el que se encontraba bajo  la presidencia de Allende,  también tuvo como fin imponer en el país un tipo de Estado y régimen económico nuevos, lo que, por extensión natural, produjo, en términos reales, la transformación general de la sociedad chilena en todos sus aspectos.

Veamos qué efectos tuvo la revolución de la derecha de 1973 bajo la dictadura que advino al país con ella:

  1. Se impuso un nuevo orden jurídico, que, además, debía ser inmutable. Bajo este orden el Estado sólo haría lo que los privados no pueden o no quieren hacer en todos los rubros de la vida social. Sin embargo, ante la aguda presión internacional, se vio obligada a proclamar que la dictadura impuesta al país en 1973 no era sino un “receso político,” de modo que la tradicional democracia chilena volvería. Nada justificaba la atroz represión de la dictadura; no había bloqueos, boicot económico de fuera o dentro del país, ni menos aun guerra interna. En este atolladero, para la derecha revolucionaria neo-liberal las cosas se darían mejor de lo que esperaba. La dictadura anunció el plebiscito de 1988, una maniobra política que tendría un inesperado aliado, el nuevo frente político opositor a la dictadura liderado por los partidos Socialista y Demócrata-cristiano. Después de aventar al mundo su “Manifiesto Democrático” en 1981, este frente conformó la Concertación de Partidos por la Democracia (en adelante, Concertación), aceptó como legal la Constitución de 1980, lo que, lógicamente, equivalía rendirse indefinidamente a las reglas impuestas por la derecha en el poder. Tales reglas, como todo el mundo sabe, se consagraron en la constitución política de 1980, votada en un “plebiscito” que no fue más que un escandaloso fraude, sin atención a los procedimientos más elementales conocidos en el mundo democrático en materia de producir leyes, y, por añadidura, impuesto bajo un brutal clima de represión de Estado. Por cierto, hasta hoy sorprende que la Concertación no deslegitimara desde A á Z el sistema constitucional de la dictadura, espurio e ilegal desde todo punto de vista, ante el cual un oponente genuino a la dictadura no titubearía en empeñarse en su eliminación. Por el contrario, en 2005 la constitución de 1980 fue refrendada públicamente por el ex – presidente Ricardo Lagos Escobar, entonces el indiscutido líder de la Concertación.
  1. Un proceso de carácter psico-cultural diseñado por la derecha ideológica inundó el país servido por una incesante y voluminosa operación educacional y mediática. Se impuso en la conciencia de la población una compulsiva ansiedad por conseguir el “éxito” material e individual a cualquier precio, acompañada por la oferta de algunos bienes de consumo – como objetos electrónicos y automóviles- facilitada por un complejo y bien programado sistema de endeudamiento bancario. Este plan ha facilitado por mucho tiempo el funcionamiento del sistema, cuyas víctimas, las grandes mayorías asalariadas del país, alienadas en el consumo, perdieron sostenidamente no sólo su facultad reflexiva sobre sus reales  necesidades en el consumo, sino la propia capacidad de compra. La izquierda real, irremediablemente periclitada desde 1973, con sus mejores dirigentes muertos, encarcelados o exiliados y sin medios de financiamiento, hasta hoy no ha podido aventar su pensamiento en plenitud y menos organizarse. A la novel cultura que comenzó a gestarse inmediatamente después del golpe de estado de 1973, han servido de maravillas el nuevo sistema educacional escolar de Estado hasta hoy imperante y el bien programado y elaborado accionar de  los medios de comunicación masivos, controlados mayoritariamente por la derecha política, con su enjambre de ideólogos, opinólogos y bufones de presencia ostensiblemente dominante en estos medios, sobre todo televisivos.
  1. La preservación del aparato militar como custodio del sistema. Las FF AA son el único administrador de las armas que les entrega el Estado. El nuevo orden hizo de los soldados profesionales un tipo de asalariado privilegiado. Poseen excelentes hospitales y mercados separados del resto de la población, leyes propias (la Justicia Militar), buenos sueldos y un exclusivo excelente sistema de jubilación y de pensiones. Así las cosas, en la realidad, las FF AA “pertenecen a toda la ciudadanía” sólo en teoría. De hecho, están separadas de ella. La oficialidad es político-partidista y está abanderizada con la derecha civil, la misma que sin oposición alguna  gobernó el país al amparo de sus bayonetas desde 1973 hasta 1990, luego de demoler nuestra antigua democracia.

La ex – Concertación, la supuesta enemiga de la anti-democrática constitución política a que el país fue sometido por la fuerza bruta en 1980, vigente  hasta hoy, participa en la revolución de la derecha aún en marcha. No es más que una pieza del naipe, que si faltara, no tendríamos el paripé democrático en el que vivimos. Los dirigentes “opositores” al sistema exhiben caras muy serias y enojonas cuando discuten con sus “enemigos” por una reformita constitucional o una acusación del mismo tipo a algún ministro, pero con ello, aun si consiguen ganar, lo que han hecho no ha sido más que triunfar en escaramuzas pequeñas sin mayor importancia, y lo peor,  legitimar la permanencia y continuidad del sistema constitucional vigente.

Finalmente, vamos ahora de la teoría a la acción:

La verdad sea dicha, la ex – Concertación nunca se propuso terminar con la constitución de la dictadura, y, repetimos, hasta llegó a refrendarla. Tal postura no ha cambiado. Luego de la rebelión popular de octubre de 2019, fraguó con la derecha un plan para impedir que tengamos una constitución realmente nueva,  el “Acuerdo por la Paz y Nueva Constitución,” redactado y suscrito en diciembre de ese año a espaldas de la ciudadanía entre gallos y medianoche. De ese acuerdo surgió un engendro jurídico de la misma impureza moral de la constitución de 1980, la ley 21.200, con arreglo a la cual  se elegiría una “convención constitucional” y no una asamblea constituyente, como se le había prometido al país unos días antes.

La voluntad popular consiguió la mayoría de dos tercios que necesitaba para proponer al país un proyecto constitucional que sería votado en un plebiscito en septiembre pasado. Sin embargo, el enorme potencial mediático de la derecha mostró su poder y el proyecto fue rechazado, aunque  de ninguna manera era radical y menos revolucionario. Luego de aquel sorprendente reflujo político para las fuerzas que abogan por una verdaderamente nueva constitución, la clase política retomó su antiguo protagonismo y será el Parlamento que elegirá a un puñado de “expertos” que redactarán la nueva constitución política, que se votará en un plebiscito obligatorio.

En suma, todo se dio de modo que el pueblo chileno no tenga, por fin, una constitución que surja desde lo más profundo de sus bases, que le sea propia y asegure su futuro en dignidad y progreso.

Por lo menos, ha sido develada la complicidad de la Concertación con la derecha, dos entes políticos que han impedido la participación popular en la facción de una constitución política,  y que avientan a diario el engaño que vivimos en democracia, justicia y libertad plenas. Sólo queda no cesar en la lucha por impetrar el derecho de conformar la asamblea constituyente por una nueva constitución. Esta es la única forma que tienen los pueblos de darse una constitución política auténticamente legítima y democrática. En el caso de Chile, es la única forma de dejar definitivamente en el pasado la revolución neo-liberal impuesta brutalmente al país en 1973.

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