Es urgente cambiar el financiamiento de la educación

Luis S. Dávila Mendoza, Profesor de Estado en Biología y Ciencias.-

El actual sistema de financiamiento no resuelve las necesidades reales que requiere la educación chilena para ser eficiente y de calidad. A pesar de los recursos invertidos durante los últimos años, estos siguen siendo insuficientes y a veces desviados a otros fines; pero el problema no es sólo que los recursos sean escasos, sino también su forma de asignación.

El mecanismo de financiamiento vía subvención por asistencia promedio de estudiantes ha significado que importantes fondos estatales aún sean usados con fines de lucro por varios establecimientos educacionales particulares subvencionados en la medida que la ley de subvenciones no lo reglamenta bien, dejando algunas “ventanitas” semi abiertas por donde se le pueda “doblar la nariz”.

Este mecanismo tampoco dice relación con la realidad de los colegios, porque sus egresos mensuales están determinados, en gran parte, por gastos fijos y la subvención es un ingreso variable.

Por otra parte, la incorporación del financiamiento compartido que aún  opera en la casi totalidad del sector particular subvencionado en forma “disfrazada”, sector que sigue creciendo en las últimas décadas con nuevos centros particulares construidos con aporte de fondos del estado, mientras paralelamente se observa una disminución sostenida en el número  de escuelas municipales públicas, lo que ha significado que cada vez más sean mayores los grados de segmentación y estratificación social de nuestro querido Chile.

Por lo anterior, se requiere asegurar un presupuesto educacional que financie íntegramente la educación pública en todos sus niveles, la que en la actualidad está representada por la educación impartida por los establecimientos municipales, poniendo término, verdaderamente, a las políticas de financiamiento compartido y al autofinanciamiento de la educación superior.

Para ello se requiere concretar una reforma tributaria aterrizada y veraz, y revisar el aporte sobre las ventas del cobre que actualmente se destinan a las FFAA y que su destino a dejado mucho que desear, para usarlos en educación y salud.

Controlar y fiscalizar el uso de los recursos públicos a través de la creación de un ente superior autónomo de educación, que cautele el destino de cada peso que se destina a educación, garantizando que las instituciones que los reciban proporcionen una educación totalmente gratuita sin discriminación alguna, así como también que no se lucren entes gerenciales de las direcciones de colegios y sus familiares directos.

Terminar con el actual sistema de financiamiento vía subvención reemplazándolo por otro basado en un presupuesto anual real, que contemple matrícula, necesidades educativas de los estudiantes, remuneraciones adecuadas de los profesores y los requerimientos de infraestructura y de material educativo, que aseguren una buena calidad de la educación, en el amplio y buen sentido del “mañoseado” concepto de “calidad”.

Finalmente decir que, hay que diferenciar la asignación de los recursos dependiendo de las realidades socioeconómicas de cada región, considerando, incluso, las comunas que las integran, de modo de entregar mayores recursos a aquellos sectores más deprimidos y pobres socialmente, para nivelar efectivamente hacia arriba.