C.C. Alejandra Flores: “El Estado Social y Democrático de Derecho es un Estado centrado en las personas y no en el mercado”

En un nuevo pleno de la Convención Constitucional, que marcó el inicio de una semana llena de plenos, se votaron los Informes de Reemplazo y de Segunda Propuesta de la Comisión de Principios Constitucionales, Democracia, Nacionalidad y Ciudadanía, aprobándose el que será el primer artículo de la propuesta de Nueva Constitución “Chile es un Estado social y democrático de derecho. Es plurinacional, intercultural y ecológico”, y que viene a reemplazar al “Estado Subsidiario” instaurado en la Constitución del 80’.

El artículo, que fue aprobado por 114 votos a favor,  26 en contra y 10 abstenciones, explícita que el Estado “se constituye como una república solidaria, su democracia es paritaria y reconoce como valores intrínsecos e irrenunciables la dignidad, la libertad, la igualdad sustantiva de los seres humanos y su relación indisoluble con la naturaleza. La protección y garantía de los derechos humanos individuales y colectivos son el fundamento del Estado y orientan toda su actividad”.

Además, dice que “es deber del Estado generar las condiciones necesarias y proveer los bienes y servicios para asegurar el igual goce de los derechos y la integración de las personas en la vida política, económica, social y cultural para su pleno desarrollo”.

ESTADO SOCIAL Y DEMOCRÁTICO DE DERECHO

El concepto de Estado Social y Democrático de Derecho se consagra  por primera vez, en forma expresa, en la Constitución Alemana y luego en otras tradiciones constitucionales que han seguido su ejemplo, como la constitución Española o de Colombia.  Se asegura con ello, un conjunto de prestaciones sociales en beneficio de las personas en materia de derechos fundamentales, salud, educación, vivienda, trabajo, seguridad social, entre otros, reconociendo al Estado como garante en materia de derechos a favor de las personas.

Ante eso, la convencional independiente de Tarapacá, Alejandra Flores Carlos, señaló que “Una de las principales causas del estallido social fue precisamente la total ausencia del Estado en materia de derechos económicos, sociales, culturales, ambientales y colectivos, consecuencia de la lógica de la actual Constitución que  prioriza el rol del Estado como uno subsidiario, incentivando su no intervención en materia de derechos sociales y dejando éstos en manos de privados y el mercado”.

Por lo tanto, continuó  la convencional representante de la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas, ANAMURI “estamos cumpliendo el mandato de nuestras organizaciones y de quienes depositaron su confianza en este proceso,  para crear las bases necesarias que permitan a las personas poder tener una vida diferente, una vida menos precaria, una vida digna, donde pueda soñar y sonreír. Un Estado que esté centrado en las personas y no en el mercado. Sin duda,  es un cambio profundo el que se empieza a vislumbrar a partir de la aprobación de estas normas”.