Boric y Tratado de  Escazú

Carlos Graña Sarmiento, periodista.

Desde  el 22 de abril del 2021,  Día de la Tierra, comenzó a regir en 12 países de América Latina y el Caribe  el Pacto de Escazú, considerado el primer tratado regional sobre medio ambiente y el primero del mundo que habla sobre protección  específica para los defensores del medio ambiente. La tarea de crearlo comenzó en el 2012, y fue impulsado por la ONU, a través de la  Comisión Económica para América Latina y el Caribe-Cepal-. Chile, bajo el gobierno de Sebastián Piñera Echeñique,  y Carlos Alvarado Quesada, de  Costa Rica, fueron las  naciones que después se rehusaron a firmarlo.

Sin embargo, hoy, tras la asunción del nuevo Gobierno, el Presidente Gabriel Boric Font, que fue elegido con una votación de 4 millones 600 mil votos , procedió, el 18 de marzo del 2022, a firmar el proyecto de ley para ratificar el Acuerdo de Escazú, y dio suma urgencia a la tramitación de esta iniciativa en el parlamento para que el país se suma a este Pacto destinado a proteger a los que luchan por la protección del medio ambiente en América Latina. Escazú es  el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe.

Este tratado internacional tiene tres pilares: los derechos de acceso a la información ambiental, la participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y el acceso a la Justicia en asuntos ambientales. Además, es el único acuerdo del mundo que aspira a conceder protecciones especiales a los defensores de derechos humanos que se dedican a asuntos ambientales. El Pacto surgió a consecuencia de las destrucción del medio ambiente y de los ecosistema de América Latina  y el Caribe y de los asesinados de los defensores del medio ambiente, que han ocurrido en nuestro continente.

Es un gran esfuerzo para frenar la triple crisis del cambio climático, el colapso de la biodiversidad y la contaminación del ambiente natural, Su creación es un logró histórico para América y el mundo. Sin embargo, no ha tenido este Pacto un  respaldo unificado, el camino para que el Acuerdo de Escazú entrará en vigor ha estado lleno de oposiciones políticas y económicas. Un panorama rápido de esta situación se ve en las cifras: de 33 países de América Latina y el Caribe, 24 firmaron el acuerdo y únicamente 12 lo ratificaron. Como ocurre con todos los tratados internacionales, los países deben ratificarlo para que dicho texto se convierta en ley en sus propios territorios.

El tratado se adoptó el 4 de marzo de 2018 y el 27 de septiembre del mismo año las naciones que quisieron comenzaron a firmarlo. Pero no fue sino hasta el 22 de enero de 2021 que se completaron los 11 países ratificantes que se necesitaban como mínimo para que el pacto entrara en vigor. Con el Pacto se busca asegurar que todas las personas tengan acceso a la información, participen en la toma de decisiones y accedan a la Justicia en asuntos ambientales. Todo con el fin de garantizar el derecho a un medio ambiente sano y sostenible.

Muchos políticos y empresarios vieron con recelo las garantías de acceso a la información que otorgaba este pacto. Uno de los argumentos más escuchados a lo largo del continente fue que violentaba la soberanía de cada nación al otorgar nuevas normas, que son más garantistas para los defensores ambientales. Sin embargo, del otro lado replicaron que el Acuerdo de Escazú reconoce como una precondición la legislación interna para poder operar. Se realizó un lobby empresarial, por parte de quienes creen que el pacto les impedirá seguir adelante con sus negocios, sin considerar los daños, que provocan al medio ambiente.

 Este acuerdo lo que dice es que debe haber una consulta previa en las comunidades y que se les debe dar participación y acceso a la información para que las cosas se hagan de la mejor manera posible. No que no se hagan, sino que se hagan mejor. A pesar de la férrea defensa, la mayoría de los gobiernos y congresos de la región decidieron no ratificar el tratado.

Un año y medio después de que el tratado ratificado y suscrito por diversos países de América Latina y el Caribe, el 18 de marzo del 2022, el nuevo Presidente de Chile Gabriel Boric Font firmó el proyecto de ley para que Chile se sume al Pacto de Escazú. <Este acuerdo dijo el Presidente, representa un hito hacia una nueva relación entre el Estado y sus habitantes en materia ambiental y requiere del compromiso de todos>.El histórico Acuerdo tiene como finalidad reforzar el acceso a la información, la participación y la justicia ambiental para contribuir un mundo más resiliente y sostenible, de allí la importancia de que Chile haya firmado el proyecto de ley, que requiere, como segundo paso,  la firma del parlamento chileno, para que entre en vigencia.

Los países con mayor número de defensores ambientales asesinados siguen fuera del Acuerdo de Escazú. El funesto listado lo engrosan : Brasil, México, Honduras, Guatemala, Colombia y Venezuela.  Ninguno de ellos ha ratificado el Acuerdo de Escazú a excepción de México. Colombia es el país más peligroso para estos lideres, pues allí mataron , en el 2019, 64 defensores ambientales de los 212 homicidios confirmados globalmente, según el informe de la organización Global Witnes.

Los países que han firmado este instrumento legal son: Antigua y Barbuda, Argentina, Belice, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Dominica, Ecuador, Granada, Guatemala, Guyana, Haití, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, San Vicente y las Granadinas, Saint Kitts y Nevis, Santa Lucía y Uruguay. Es necesario que todos los países latinoamericanos ratifiquen  el tratado internacional para dar mayores garantías a los defensores del medio ambiente, que arriesgan sus vidas por proteger nuestro planeta.