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Una protesta en las afueras de los tribunales, protagonizaron familiares y amigos de cuatro jóvenes que permanecen presos desde la madrugada del 19 de... Acusan a Ministerio Público de vulneración al debido proceso  al retrasar presentación de pruebas. Preparación del juicio oral se pospone para febrero 

Una protesta en las afueras de los tribunales, protagonizaron familiares y amigos de cuatro jóvenes que permanecen presos desde la madrugada del 19 de marzo, luego que fueran imputado junto a otros 13 jóvenes, e imputados por asociación ilícita. En esta jornada de martes 23, se realizaría la audiencia de preparación del juicio oral, la que no prosperó, reagendando para el próximo 15 de febrero de 2022, dilatando el proceso y alargando las medidas cautelares.

Se trata del caso que terminó con la detención de 18 personas en la llamada Operación Cavancha, de las cuales 4 quedaron con la cautelar de prisión preventiva, 13 con otras cautelares y uno sin medida especial. Se les acusa de asociación ilícita, lo que rechazan, puesto que eran parte de un comedor solidario que entregaba alimentos en medio de la pandemia.

En la acción de protesta, participó el abogado de derechos humanos, Enzo Morales.

DEFENSA

Para el abogado Fernando Monsalve, que representa al joven Juan Riquelme, es muy raro, muy particular y muy vulneratorio el retraso que afecta a cuatro jóvenes privados de libertad, porque el tribunal no alcanzó a integrar los antecedentes probatorios en el proceso. A su entender, la causa “ha presentado particularidades que colindan mucho con vulneraciones a un debido proceso”

“La fiscalía y el tribunal señalarán que (el aplazamiento) es a pedido de las defensas. Y efectivamente es así. Pero las defensas no teníamos otro camino que tomar cuando el Tribunal y principalmente el Ministerio Público, no han cumplido con su obligación mínima, ni con la decencia mínima para dar un trato objetivo, no condenatorio a priori y  respetuoso al debido proceso”, explicó Monsalve.

En concreto, la obligación del Ministerio Público era la de “acompañar todos y cada uno de los antecedentes que piensan hacerse valer en el juicio.”, principalmente porque “es fundamental por una Defensa, conocer todos y cada uno de los antecedentes probatorios, para así excluir, analizar o preparar la propia prueba de la defensa”.

Según dijo el abogado defensor, al Tribunal, “por omisión, porque efectivamente no ha exigido al Ministerio Público este cumplimiento mínimo, lo único que le quedó fue reagendar”.

 “Efectivamente es una  solicitud de la defensa, pero hay personas detenidas esperando un juicio y que van a tener que esperar más aún, por un actuar absolutamente vulneratorio por parte del  Ministerio, del Fiscal a cargo y del Tribunal, que no ha exigido que se cumpla en derecho lo que corresponde”, dijo el abogado defensor.

Señaló Monsalve que el Fiscal reconoció que recién este martes 23 “están acompañando los últimos antecedentes, grabaciones, videos. Eso es impresentable que”.

FAMILIARES

Los familiares concurrieron hasta los Tribunales, donde se manifestaron por la libertad de sus hijos, mientras -pensaban-, se desarrollaba la audiencia de preparación del juicio oral. Mayor fue su sorpresa al enterarse que poco y nada se ha avanzado en el proceso.

Claudio Romero Villalobos, padre de uno de los detenidos, estaba muy molesto por la lentitud del proceso, acusando que el actuar de la Fiscalía es de persecución política.  “Nosotros tenemos pruebas, antecedentes, videos que permitirán descartar los cargos, pero los chicos siguen presos. Estaban ilusionados con el cambio de medida cautelar para estar libres a fin de año, pero resulta que ahora hay que posponer la preparación del juicio oral, porque quienes tiene que probar las acusaciones, no avanzan en su trabajo”.

Apesadumbrado dijo que “no es justo lo que ocurre. Ellos estuvieron en la lucha, todos los presos políticos, lucharon por un mejor país y hoy los beneficios están a la vista: Cambio a la Constitución, retiro de dineros de las AFPs, porque por eso lucharon, porque querían un cambio, un futuro mejor para Chile”.

“Están pagando con el encierro y no se lo merecen. No son delincuentes, no son violadores, no mataron a nadie. Otros que están en el poder, sí son delincuentes”, concluyó.

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