Hasta 22 años de presidio están pidiendo para uno de los 18  imputados en la llamada Operación Cavancha.

Abogados defensores descartan acusación de “Asociación Ilícita”

Maximiliano Mariángel Puga, Fiscal Adjunto del caso «Operación Cavancha».

Seguimientos, escuchas telefónicas, imágenes de las cámaras de seguridad -algunas enfocadas a los domicilios de los imputados-, además de la declaración de calidad de testigos de 85 testigos, en su gran mayoría funcionarios y funcionarias de Carabineros, forman parte de la investigación en contra de 18 personas imputadas en la llamada “Operación Cavancha”, tres de las cuales se encuentra con la cautelar de prisión preventiva. Uno de ellos arriesga la mayor pena, con 22 años de presidio, producto que suman las condenadas por los distintos delitos de los que se les acusa.

Importante es destacar que entre los imputados, figuran cinco adolescentes, los que junto a 4 adultos, están representados por la Defensoría Penal Pública.

Los afectados en su gran mayoría conformaba parte de un comedor solidario que funcionó durante la pandemia, sin embargo, se les acusa de Asociación Ilícita desde el 21 de octubre de 2019 hasta el momento de su detención. Acusación que los imputados y sus defensas, desestiman.

Una de las abogadas defensoras, que representa a seis de los imputados, es Carolina Cubillos quien confirmó que el Ministerio Público hizo 25 acusaciones y que la que tiene mayor grado de complejidad es la de asociación ilícita.

En rigor, la acusación señala que el comedor solidario «Mamá manos a la obra», aunque en la investigación no lo identifican con ese nombre. Cuando se refieren a la supuesta asociación ilícita, hablan de K-POP, que sería una fachada en la que operaba la supuesta organización, que habría financiado a la primera línea en la zona cero, como da cuenta el documento de la Fiscalía.

Tras la formulación de los cargos, lo que viene ahora es la audiencia de apertura del juicio oral, fijada para el 23 de noviembre, ocasión en que los abogados defensores, cuestionarán los argumentos del Ministerio Público y presentarán sus propias pruebas.

DEFENSORES

Antes de detallar las acusaciones formuladas por la Fiscalía, y para tener un contexto que permita el entendimiento de la situación, compartimos algunas declaraciones formuladas por el abogado Fernando Monsalve, que representa a Juan Riquelme, acusado de liderar la supuesta asociación ilícita, asociación que el profesional descarta.

Monsalve, que tiene una larga trayectoria en defensa penal y ha representado a muchos acusados en el contexto del estallido social, calificó como “artimaña” el proceder del Ministerio Público en este caso. Según dice no ha visto antes ese actuar “en cuanto a lo poco objetivo de un fiscal al intentar extender la interpretación jurídica de los hechos, lo máximo posible, con una vulneración al principio de objetividad”.

Por lo mismo opina que le parece que “nos enfrentaremos a un caso que difícilmente podrá probar hechos como una asociación ilícita y probablemente terminaremos con todos y todas o de muchos de ellos, en libertad”. Cuando habla de gravísimo, se refiere especialmente a las largas medidas cautelares de prisión preventiva. “Por ejemplo mi representado llevan meses privado de libertad” lo que constituye “casi una conducta temeraria de la Fiscalía”.

DFENSORIA PENAL PÚBLICA

Manteniendo la reserva del caso, el Defensor Regional, Gabriel Carrión, descartó que la Defensoría Penal Pública (DPP) tenga la representación del imputado Brandon Rojas, quien mantiene existe defensa privada vigente y activa

Respecto del total de acusados, conformó el defensor que 5 adolescentes y 4 adultos están bajo la responsabilidad de la DPP.

En cuando a la defensa de sus representados, señaló que las teorías de defensa son reservadas y que se está trabajando para preparar la audiencia del del 23 de noviembre.

ACUSACIONES  DE LA FISCALÍA

Terminada la primera etapa de la investigación, el Fiscal Adjunto a cargo, Maximiliano Mariángel Puga, formula las acusaciones por los delitos de asociación ilícita, desórdenes públicos, infracción al artículo 268 septies e infracción a la Ley de Control de Armas en contra de los acusados.

Respecto del delito más complejo de Asociación ilícita, contemplado en el código penal, se indica:

Desde el mes de octubre del año 2019 hasta la fecha de sus detenciones, en la ciudad de Iquique, los acusados ya individualizados se asociaron con la finalidad de cometer diversos delitos contra el orden público, las personas y las propiedades. El grupo conformado por los acusados cuenta con una jefatura, objetivos delictuales, y están organizados a efectos de lograr sus propósitos, los que se han traducido en la comisión de delitos de daños contra la propiedad pública y privada, desórdenes públicos, fabricación y lanzamiento de bombas molotov contra personal policial y barricadas para interrumpir el tránsito, entre otros. Estos delitos se concentraron en el sector de Avenida Héroes de la Concepción entre calle Las Rosas y Tadeo Haenke de Iquique, la cual se denominó ante la opinión pública como la Zona Cero de Iquique. La asociación se autodenominó “K-POP Primera Línea de Tarapacá”. Para coordinar sus acciones la organización criminal, se relacionaba principalmente vía telefónica mediante diversos grupos de whatsapp, en los cuales daban cuenta de la logística, la fabricación de las bombas molotov, los roles a cumplir por cada uno de los miembros, el traslado de piedras e insumos para cometer delitos de daños desórdenes barricadas, así como recomendaciones para evitar su identificación y detención por parte de las policías.

Sin embargo, el abogado Monsalve en su defensa, descarta dicha asociación ilícita, por ser éste un delito de alta complejidad “en el cual se debe corroborar el organigrama, el mando; el por qué se justifica ese mando y cuáles son las instrucciones; cuál es el financiamiento”.

De allí que le parezca “ridículo” que el Fiscal pretenda señalar que el financiamiento de la supuesta “asociación ilícita” corresponda a transferencias de mil, dos mil, tres mil pesos. “Eso es una ridiculez. Estamos hablando de un delito de los más grave en nuestro Código Penal, por lo tanto, es necesario que exhaustivamente se acredite cada uno de los elementos del tipo de asociación ilícita”.

Añade que “esta acusación parece más un volador de fuegos artificiales o de humo. Como lo plantea el Ministerio Público, creo que es grave por la liviandad con que desde el primer minuto se ha imputado un delito tan complejo.  Si se ha dado alguna vez en Chile, se ha dado respecto de bandas de narcotráfico por ejemplo”, reiterando que en este caso, le parece “del todo poco objetivo lo que se ha planteado; no hay elementos que demuestre con seriedad, lo que quiere demostrar el Ministerio Público”.

De acuerdo con la acusación, se identifica como líderes de esta organización  a Juan Riquelme -a quien representa el abogado Monsalves-, y Jennifer Ahumada. Como integrantes Brandon Rojas, Abraham Chandía, Jhulian Ortega, Jonathan Ahumada, Alvaro Valdebenito, Cristian Bilbao, Benjamín González, Nicolás Miranda, Claudio Romero, Jonathan Zamorano, Idel Avaria, Ghislaine Reyes, Luis Arancibia, Jorge Burgos, Eric Hans y Carolina Alfaro.

Para las organizaciones de derechos humanos y el movimiento social de la revuelta, ellos no son personas que cometieron delitos, sino que “presos políticos”, procesados de manera injusta y descontextualizadas. O bien, con exageración en las acusaciones y más aún en las penas solicitadas.

Luego a acusación se explaya en 30 “hechos”, que describen la asociación ilícita y la comisión de los delitos.  Luego otros 30 hechos para fundamentar cada una de las acusaciones.

MEDIOS DE PRUEBA

Como medios de prueba se recogen las declaraciones de 85 personas, principalmente funcionarios y funcionarias de Carabineros; de la PDI; representantes del Mc Donals, Banco BCI y otros funcionarios.

También se adjuntaron 77 transcripciones de escuchas telefónicas de 9 teléfonos celulares intervenidos, o “pichados”, como se conoce en la jerga popular. Además una serie de pruebas periciales, revisión de fotografías, de videos y de registros de cámaras de seguridad pública, orientada a ciertos domicilios.