«Senadora Luz Ebensperguer, sepa que ningún ser humano es ilegal».

Camila Castillo Guerrero, Abogada / Romina Ramos Rodríguez, Doctora en Ciencias Sociales.

Si bien, históricamente la migración ha sido protagonista en nuestra historia regional, de un tiempo a esta parte se ha tomado la agenda pública. Objeto de diversos debates en espacios políticos, sociales y académicos, la situación migratoria local, sobre todo durante el último año y en medio de una pandemia mundial, se ha expuesto de manera sesgada y sin considerar elementos de contexto internacional y nacional. Como por ejemplo, el aumento en el ingreso por pasos no habilitados de migrantes que, en muchas ocasiones, vienen en condición de refugiados. O la imposición de visados consulares para nacionales de Venezuela, que interrumpe la reunificación familiar en las sociedades de acogida. Esta contingencia, además, se cruza con la culminación del proyecto de ley que modifica el marco normativo migratorio, en donde la Senadora Luz Ebensperguer fue la principal vocera de la postura del gobierno en este asunto.

Es importante iniciar este debate aclarando que la migración no tiene como epicentro del problema a las personas, sino que lo que sugieren diversas investigaciones en torno a la materia, es que hemos tenido una política migratoria deficiente e incapaz de atender las necesidades de las movilidades del siglo XXI. En efecto, si consideramos que migrar es un Derecho Humano, todo Estado está obligado a garantizar la dignidad de quienes, por diversos motivos, cruzan las fronteras. Lo anterior, en ningún caso promueve atender la migración sin ningún tipo de regulación. Por el contrario, lo que está en la base de esta proposición es centrar la política migratoria en la protección de derechos, cuestión que es inherente a la vida de las personas.

En este contexto, una vez más la parlamentaria Ebensperguer, en columna publicada el domingo 01 de agosto en un medio regional, se refiere a las personas migrantes como “ilegales,” sin hacer ninguna distinción jurídica en el vocabulario que utiliza. Es más, instala una falsa dicotomía respecto a privilegios en el acceso a derechos entre chilenos/as y migrantes, ignorando que la Constitución Política de la República reconoce el goce de derechos sin distinción de nacionalidad. Además, expone la senadora, que quienes ingresan al país de forma irregular, es decir sin documentación, lo hacen de manera voluntaria. Omitiendo -en su juicio parcial- que se trata de familias que deben salir obligadamente de su país por diversas razones y que, tanto la literatura nacional e internacional, así como diversos organismos que trabajan en este ámbito (SJM, 2020, ACNUR, 2021), han reconocido que se trata de una migración forzada; es decir, involuntaria.

Esto último, que la Senadora sistemáticamente señala en sus vocerías públicas, ha sido incluso reconocido por los tribunales de nuestro país. De hecho, cada día aumenta la jurisprudencia favorable a la acogida de personas refugiadas; a eliminar la burocratización en la tramitación de las visas y, en general, a enmendar la arbitrariedad e ilegalidad en que recaen las órdenes y ejecución de expulsiones de migrantes por vía administrativa.

Gabriel Boric, candidato presidencial del Frente Amplio, tiene en su programa un apartado que se denomina “Migración y Política Migratoria” donde detalla propuestas que cumplen los estándares de los Tratados Internacionales ratificados por Chile, documento que ha sido construido por expertos, expertas y organizaciones de migrantes y promigrantes. En efecto, todos y todas quienes tienen un familiar extranjero, saben lo difícil que es acceder a la regularización, las trabas estatales que deben enfrentar, los abusos de particulares que viven de la irregularidad, y cómo la obstaculización a la regularización de la migración solo aumenta la actividad ilícita que gira en torno a este asunto.

Para finalizar, entendemos la migración como un proceso constitutivo de la sociedad chilena y, para ello, se cree necesario internacionalizar la política migratoria nacional, con un enfoque de Derechos Humanos y donde el enemigo no sea la persona. Jamás un ser humano va a ser “ilegal”, y la experiencia indica que la regularización migratoria es el camino, mientras  que las prácticas y discursos de prohibición, generar un efecto totalmente lo contrario: una migración insegura, desordenada e irregularizada.