Candidato JM Carvajal sostiene que el derecho a la vivienda debe ser considerado un derecho humano

La crisis habitacional que afecta gravemente a Tarapacá requiere de una transformación que es posible hacer desde el Gobierno Regional, dice el candidato José Miguel Carvajal. “Ver, oír, conocer a fondo las historias de vida, las dificultades que a diario deben soportar y sufrir los miles de tarapaqueños viviendo en tomas, o hacinados, o seriamente endeudados es muy doloroso. Es en parte una de las motivaciones para luchar por transformar la realidad de cada uno de ellos desde el Gobierno Regional”, señala.

Asumir el desafío «de resolver el gran déficit en la región, es una de las urgencias del programa, asegurando y urbanizando los terrenos disponibles, dotarlos de conectividad, accesos, que es una de las dificultades que enfrentan los comités de vivienda para concretar los diversos proyectos que llevan más de 10 años en pausa”.

Añade que en su propuesta  hay una serie de medidas “que están en sintonía con estas necesidades que son el sentir de nuestra región y que busca a través de la inversión y gestión pública hacernos cargo también de los asuntos vinculados a la problemática habitacional: el abandono de los barrios, la falta de pavimentación, de luminarias, de acceso a servicios básicos, de infraestructura habilitante, como plazas, y espacios deportivos de desarrollo para niños y jóvenes, la desregulación del valor del suelo, el aumento del déficit en la calidad de la vivienda, entre otras múltiples problemáticas que afectan el cotidiano de muchas de las familias hospicianas, del Tamarugal, las caletas, y barrios emblemáticos de Iquique”.

Carvajal dice que desde una mirada global, el problema se genera cuando se deja de ver la vivienda como un hogar y se comienza a ver exclusivamente como un producto mercantil. “En Chile hemos crecido escuchando de “el sueño de la casa propia” y en realidad es un derecho humano. Y debe ser concebida como un espacio digno, amplio, ventilado y conectado, características que van en pos de evitar enfermedades y violencia”.

Los números para la región son dramáticos, explica el candidato y para ello cita al  ministerio de Vivienda y Urbanismo de Tarapacá, 23.007 familias componen el déficit habitacional en Tarapacá a septiembre del 2020. El 61% corresponde a familias que viven allegadas y un 39% a viviendas irrecuperables.

En paralelo, recuerda que hay más  de 40 los campamentos en Tarapacá, a los que se suman 10 más recientes El triste resultado es que en la región existe la mayor cantidad de personas viviendo en “tomas” del país: aproximadamente 5.130 familias viven en asentamientos precarios, que han aumentado de 6 a 40 entre el 2011 y 2020. Es decir, cerca de 20 mil personas viven en campamentos, y si se considera a los migrantes o personas en situación de calle, la cifra podría triplicarse.

Uno los efectos sociales inmediatos es el hacinamiento que alcanza a 3,3 personas por hogar, concentradas mayoritariamente en Alto Hospicio, (le siguen Iquique y Pozo Almonte), con gran detrimento en su calidad de vida asociada a esta situación: deterioro en su salud física y mental, sobre todo en consumo de drogas y alcohol, violencia intrafamiliar, abuso infantil, condiciones inadecuadas para adultos mayores, entre otras según enumera.

«La génesis de este explosivo aumento de nuevos campamentos o tomas está ligada directamente al alza en el precio de los arriendos provocado por el importante número de trabajadores mineros que llega a habitar en Iquique, Pozo Almonte, Pica, y Alto Hospicio, principalmente y que tienen sueldos muy superiores a otras áreas productivas. “Aquellas familias que no trabajan en minería se ven forzadas a vivir en tomas porque no pueden pagar un arriendo”, dice Carvajal.

Y finaliza: “Post pandemia el desafío habitacional será aún mayor debido a las cuarentenas y la pérdida de empleos. El alto precio de la vivienda propia, y la inestabilidad laboral es la mezcla perfecta para una crisis habitacional aún peor, que tiene como antecedente el sobreendeudamiento de la clase media para la obtención de su casa propia (o para pagar un arriendo) y el aumento de los campamentos de los grupos más pobres. Se suma el hecho de que quienes han logrado salir de campamento son propensos a volver a esa condición habitacional al perder su empleo y que las personas que arriendan y subarriendan son trabajadores y profesionales precarizados, con sueldos bajos, sin contrato, endeudados y que no pueden acceder a la vivienda propia -con o sin deuda”.