Auditoría a GORE Tarapacá, detecta irregularidades en compra, entrega y recepción de canasta familiares en pandemia COVID-19.
Actualidad 30 marzo, 2021 Edición Cero
En consideración que pudieran haber responsabilidades de orden penal, la Contraloría Regional determinó enviar al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado, el informe final de la auditoría que realizó sobre la investigación que llevó a cabo sobre las cajas de alimentos adquiridas por el Gobierno Regional de Tarapacá para distribuir entre las personas más afectadas por la pandemia y crisis financiera. Esto se enmarca también, en la investigación en curso que lleva la Fiscalía Local de Iquique, que, en razón a sus facultades, puedan efectuar las acciones que estimen pertinentes.
Como es sabido, hay antecedentes que las cajas y alimentos de aseo que tenían como fin la ayuda social a las personas afectadas por la crisis sanitaria, fueron adquiridos a un mayor valor. La auditoría se desarrolló ante las irregularidades en la compra y entrega de las canastas familiares de emergencia.
En el proceso, la auditoría de la Contraloría advirtió deficiencias «en la aplicación de los controles mínimos asociados a la recepción y entrega de beneficios para enfrentar la pandemia del Coronavirus, COVID-19, instruidos por esta Entidad de fiscalización a través del oficio N°E7072, de mayo de 2020».
Entre estas «debilidades» se identifican «en el sistema electrónico de beneficiarios utilizado y sus registros, el cual consignó 703 beneficiarios con RUN inconsistentes, entrega duplicada de canastas y ayudas otorgadas en un lapso inferior al que se estimó debía durar el beneficio. Por lo anterior, corresponde que la entidad auditada adopte las medidas pertinentes, a objeto de evitar a futuro situaciones como las reprochadas».
Para guiar la auditoría, la Contraloría se hizo dos preguntas:
¿Resguarda el Gobierno Regional que los fondos transferidos a las entidades receptoras hayan sido otorgados, utilizados y rendidos de acuerdo con lo autorizado?
¿Verifica el servicio la integridad y correcta distribución de las cajas de alimentos en la región por parte de dichas entidades?
RESUMEN INFORME FINAL
OBJETIVO:
La auditoría tuvo por objeto fiscalizar la correcta ejecución de los convenios de transferencia de recursos, suscritos por el Gobierno Regional de Tarapacá, en el marco de la entrega de alimentos y elementos de limpieza a la población beneficiaria, en el período comprendido entre el 1 de junio y el 31 de julio 2020, incluyendo la revisión de procedimientos y controles establecidos en los centros de acopio para la correcta distribución de las especies y la validación de los beneficiarios, de acuerdo con los criterios predefinidos, todo ello, en el contexto de las medidas adoptadas para enfrentar la emergencia sanitaria por COVID-19.
La finalidad de la revisión fue determinar el correcto uso de los recursos, que las transacciones cumplan con las disposiciones legales y reglamentarias vigentes, se encuentren debidamente documentadas, sus cálculos sean correctos y se hayan
registrado adecuadamente, todo lo anterior, en concordancia con la ley N° 10.336,
de Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la República.
CONCLUSIONES
1. El Gobierno Regional de Tarapacá aprobó las rendiciones de gastos presentadas por las entidades con las que suscribió convenios de transferencias de recursos de administración directa, Asociación Cristiana de Jóvenes, YMCA, y Asociación de Municipios Rurales, advirtiéndose un mayor precio pagado de $282.953.520, en la compra de canastas de alimentos y elementos de limpieza para las
provincias de Iquique y del Tamarugal, al considerarse cotizaciones del comercio local y costos asociados, en donde el precio por caja calculado en la auditoría fue de $39.982 y $40.153, para las provincias de Iquique y del Tamarugal respectivamente, en circunstancias que el monto promedio por caja pagado por dicha entidad, alcanzó un valor de $52.492. Dicho monto sobrepasó en mayor proporción si se compara con el valor referencial de $36.500, pagado en el marco de segunda etapa del mismo programa.
Lo señalado, incumplió los artículos 3° y 5° de la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, sobre los principios de eficiencia, eficacia y economicidad.
En consecuencia, y pudiendo existir responsabilidades de orden penal en esta materia, se remitirá el presente Informe Final al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado, dada la investigación en curso llevada a cabo por la Fiscalía Local de Iquique, causa R.U.C N° , a fin de que, en razón a sus facultades, puedan efectuar las acciones que estimen pertinentes.
Además, esta Contraloría Regional incoará un sumario administrativo a fin de determinar las eventuales responsabilidades administrativas de los funcionarios involucrados en estos hechos. Lo anterior, sin perjuicio de las medidas que el Gobierno Regional deberá adoptar para evitar la ocurrencia de situaciones similares a la advertida.
2. Se advirtieron deficiencias en la aplicación de los controles mínimos asociados a la recepción y entrega de beneficios para enfrentar la pandemia del Coronavirus, COVID-19, instruidos por esta Entidad de Fiscalización a través del oficio N°E7072, de mayo de 2020, tales como, debilidades en el sistema electrónico de beneficiarios utilizado y sus registros, el cual consignó 703 beneficiarios con RUN inconsistentes, entrega duplicada de canastas y ayudas otorgadas en un lapso inferior al que se estimó debía durar el beneficio. Por lo anterior, corresponde que la entidad auditada adopte las medidas pertinentes, a objeto de evitar a futuro situaciones como las reprochadas.
3. Se verificó la ejecución de un contrato por un tercero distinto a la empresa contratada por la Asociación de Municipios Rurales, Circunstancia que expone al Gobierno Regional al riesgo de ser susceptible de reclamos frente a eventuales incumplimientos de obligaciones de carácter laboral, por parte de empresas con las cuales pasa a tener una relación indirecta, donde no existe un resguardo con la principal, del cumplimiento de dichas obligaciones laborales y previsionales, lo cual no armoniza con lo dispuesto en los artículos 3° y 5° de la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, que establecen, entre otros, los principios de responsabilidad, eficiencia, eficacia y control, por lo que deberá acreditar documentalmente la actualización del manual de rendiciones e informarlo a través del Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR, en un plazo de 60 días hábiles, contado desde la fecha de recepción del presente informe final.
Más antecedentes en el documento asociado, en el siguiente link: