Evaluación  y retorno a clases, ¿cómo garantizamos la equidad en los procesos de aprendizajes?

Aracely Farías Ramírez, Profesora de Historia y Cs. Sociales

Un tema de discusión recurrente entre las familias chilenas durante este periodo de confinamiento por covid 19, ha sido, si es pertinente o no, que las y los estudiantes vuelvan a clases presenciales por lo que queda del año escolar 2020. Tema de amplia discusión pero con una clara postura desde la sociedad civil a negarse ante esta posibilidad, así lo señala la encuesta realizada por el Colegio de Profesoras y Profesores de Chile el 18 de agosto de 2020, donde un 97,7% menciona que no enviará a sus hijas e hijos a los establecimientos si el Gobierno insiste en retornar a clases presenciales. Así también la encuesta Cadem, señala que solo un 5% de los encuestados se mostró de acuerdo con que se regrese a clases presenciales durante el segundo semestre del 2020 (Agosto/2020) por consiguiente, la opinión pública ha sido clara, pero el gobierno insiste en el retorno seguro y lo peor es que deposita la toma de decisión en las familias y comunidades escolares.

Cuando el Ministerio de Educación establece la condición de “voluntariedad” en la toma de decisión sobre el retorno a clases presenciales, abandona la misión que cumple la cartera en materia de educación, esto lo evidenciamos al verificar en la página web del servicio, donde establece que la misión de dicho ministerio es “(…) asegurar un sistema educativo inclusivo y de calidad que contribuya a la formación integral y permanente de las personas y al desarrollo del país (…) (Mineduc.cl), aquí queda expresada la obligación que posee la cartera de educación en la toma de este tipo de decisiones que involucran el aseguramiento de una educación inclusiva y de calidad en todo el sistema educativo del país. Hoy se agrega otro factor que pone en jaque esta voluntariedad del retorno a clases presenciales, al extenderse por tres meses más el estado de excepción constitucional y los anuncios de casos de contagios de regiones que eran el caballito de batalla del ministro, registrándose 4 casos positivos en Rapa Nui, rebrote en Aysén y Los Ríos, según datos entregados en Cuenta Pública el día domingo 13 de septiembre por Ministerio de Salud en cadena nacional.

Donde tampoco hay definiciones claras es sobre los procesos de evaluación y promoción de las y los estudiantes bajo este contexto. Este año 2020, inicia la implementación de una nueva normativa entorno a la Evaluación, Calificación y Promoción Escolar, el Decreto 67, esta nueva normativa responde a la necesidad, “de facilitar las condiciones necesarias para que en cada establecimiento y en cada sala de clases se promuevan procesos de evaluación con un fuerte sentido pedagógico” (Orientaciones/Decreto 67/Mineduc/2018). Esta nueva normativa sobre evaluación y promoción de las y los estudiantes, pone mayor énfasis en el proceso educativo, a través de la evaluación formativa y sumativa, orientando la medición en el nivel de logro y desarrollo de los aprendizajes de las y los estudiantes.

En agosto recién pasado, el ministerio presentó nuevas “orientaciones” para definir la promoción de las y los estudiantes, mostrando recién, sugerencias sobre los criterios de evaluación de nivel de logro y proponiendo la conversión a calificación numérica, para de esta forma no interferir en las postulaciones de las matrículas al sistema escolar y al proceso de admisión universitaria 2021, ambos procesos se realizan con registro de notas numéricas en el Sistema de Información General del estudiante o SIGE. Por ello la premura de cambiar la instrucción dada los meses anteriores donde se recomendaba evaluar formativamente y con conceptos, los resultados de las actividades de aprendizaje propuestas bajo este contexto, entonces ahora en agosto, nos vuelven a cambiar las reglas del juego y además incluye sugerencias y criterios entorno a la asistencia a clases bajo el contexto de confinamiento, es decir, clases sincrónicas o clases virtuales y clases asincrónicas o clases vía telefónica, WhatsApp, entrega de guías de aplicación, entre otros instrumentos y estrategias desplegadas bajo este contexto.

Estas orientaciones aplicadas al contexto educativo actual  nos muestran lo alejados que se encuentran de la realidad educativa nacional y se apartan del objetivo que debiese tener la educación en tiempos de pandemia, no se hace cargo de la integralidad del proceso de aprendizaje y desoye su propia normativa, el decreto 67, que busca justamente, garantizar la igualdad de condiciones en los procesos de aprendizajes y de medición entre las y los estudiantes del país. Queda  nuevamente en evidencia el poco conocimiento del proceso de enseñanza con estudiantes reales por parte del Ministerio de Educación.

No contempló tampoco, a las y los estudiantes con necesidades educativas especiales (NEE) cuyos diagnóstico más severos, tales como los permanentes, necesitan crear rutinas de normalidad para no descompensarse, por ello, no podemos informar de un día para otro, que ingresamos a clases o que su promoción dependerá de su rendimiento bajo este contexto, tal y como sucedió con la suspensión de clases en marzo, donde la premura y la falta de planificación ante dichos eventos anunciados con antelación, posibilitaron crisis de ansiedad y descompensación ante este nuevo escenario imprevisto, demostrando nuevamente que las políticas inclusivas solo son parte del discurso y no son parte de la toma de decisiones pedagógicas.

Hoy proponer una evaluación calificativa bajo un contexto desigual, es aumentar aún más la brecha entre las comunidades educativas. Esta nueva orientación busca convertir el proceso formativo a toda costa en calificación numérica, y ¿qué pasa con aquellos estudiantes que sus padres están cesantes?, los recursos disponibles tienen otros fines más prioritarios que internet o imprimir guías, o ¿quiénes no tienen acceso a internet de forma permanente, por tener un celular para uso familiar?

Son miles los casos que han salido a la luz durante este tiempo de confinamiento, por ello, es necesario garantizar una justicia evaluativa y que el Ministerio se haga cargo del acceso al aprendizaje del estudiante, ya que un factor determinante y crucial para el proceso educativo, es que el o la estudiante tenga acceso. Por ello es necesario detenernos y repensar la educación desde sus cimientos, replantear la cantidad de estudiantes por aula, la subvención por matrícula, asegurar la conexión de la y el estudiante, entre otros temas sentidos que han quedado develados en educación,. Lo mínimo que necesitamos hoy en tiempos de incertidumbre son definiciones, para continuar con claridad los procesos educativos y que estos estén pensados en las y los estudiantes y su diversidad, no priorizando la activación económica como pilar central en la toma de decisiones, sino el bienestar de las comunidades educativas en su conjunto.