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Daniel Ramírez G.- Quienes tienen como dios al mercado, creen que la única forma de solucionar los problemas de   nuestra sociedad es convertir las... Bien por la Pandemia

Daniel Ramírez G.-

Quienes tienen como dios al mercado, creen que la única forma de solucionar los problemas de   nuestra sociedad es convertir las necesidades sociales en buenos negocios. La buena salud es una necesidad prioritaria para las familias y el Estado gastaba y gasta enormes recursos en ello. Entonces, basándose en la política del Estado subsidiario y en la cantinela de que los privados administran mejor que el Estado, se crearon las Isapres, no con el objetivo de solucionar los problemas de salud, sino con el fin de captar gran parte de los recursos que el Estado destina a ese sector y de paso, extender el negocio a los sectores de mayores ingresos.

PARTE I

Para la cultura neoliberal de nuestra clase dirigente, esta actividad privada descompresiona el sistema y debería ser considerada como un complemento al sistema de salud público que garantiza el Estado, pero esto sería validar el fin de lucro por sobre los valores de solidaridad, igualdad y respeto por la vida humana, que todas nuestras constituciones dicen respetar. Esto nos ha llevado a un amargo y generalizado sentimiento en nuestra sociedad, si no tienes dinero suficiente debes resignarte a permanecer enfermo o morir.

¿Qué nos ha mostrado ahora la pandemia? Que cuando los problemas son graves, los comerciantes de la salud acuden siempre al Estado y es este, o sea todos nosotros, los que terminamos pagando los costos.

Las ISAPRES tuvieron una utilidad de 18.000 millones de pesos el primer trimestre de este año y ¿Cuál fue su actitud frente a la pandemia? Arrendar servicios a la salud pública y solicitar al ministerio de salud que le entregaran los reactivos que tenían reservados en sus bodegas para su funcionamiento, para ellos poder seguir vendiendo el test del coronavirus a precio de mercado.

¿Han visto a alguna ISAPRE anunciar que pondrá sus clínicas y personal al servicio de la política antipandemia sin costo alguno para la sociedad? Por el contrario, ha habido que obligarlas a implementar sus instalaciones y camas críticas, por lo que seguramente pasarán una buena factura.

En resumen, el señor Corona nos ha dejado más que claro que la salud es un derecho y que su servicio no se puede dejar en manos privadas que se guíen comercialmente. Generar salud de calidad debe ser un deber preferente del Estado para con la sociedad y cualquier participación privada en esta área debe ser sin fines de lucro.

Hay que recordar esto al trabajar la nueva Constitución.

Otra necesidad indispensable para alimentar el desarrollo y progreso de nuestra sociedad es la educación y en este caso la intervención neoliberal fue más integral. El concepto de libertad de educación, que entendíamos como la necesidad de no poner límites a la enseñanza del conocimiento universal, se transformó en la libertad económica para educar. Cualquier analfabeto que quisiera invertir en un negocio lo podría hacer en los sagrados templos del conocimiento.

Los alumnos se transformaron en clientes y el Estado docente en la oferta de servicios de innumerables sostenedores, emprendedores o dueños de las empresas, que reciben un subsidio por cada cliente que asiste a clases y no por la calidad de la educación entregan.

En el caso de la educación superior el negocio fue mejor, porque el gasto estatal era de mayor volumen y más focalizado, a tal punto que entraron al baile los principales dueños del sistema, los Bancos Comerciales. Se crearon y se otorgaron créditos de los Bancos avalados por el Estado, para que ingresara a la educación universitaria la mayor cantidad de los estudiantes mediocres que arrojaba el sistema secundario.

La lógica comercial con que actúan las universidades al ofrecer sus servicios implica que a mayor volumen mayor ganancia y complementan esto con el criterio que; no es a la universidad a la que corresponde seleccionar la calidad profesional, sino que, la selección la hacen los empleadores cuando estos nuevos profesionales salen a buscar empleo. Como resultado, la Universidad dejó de formar a la clase dirigente de nuestra sociedad y solo se dedicó a preparar mano de obra para una economía que había dejado de ser industrial y que ahora basa su desarrollo principalmente en la exportación de materias primas, en los servicios y en el comercio.

Durante la dictadura las universidades estatales fueron desmanteladas, principalmente la Universidad de Chile, que prácticamente estuvo inhibida de realizar una de las principales tareas que tiene una universidad, que es la investigación científica. Pasada la dictadura las cosas no cambiaron mucho, ya no por el temor de la dictadura al desarrollo político en las universidades, sino porque ahora había un modelo económico heredado y asumido con gusto por nuestra clase dirigente y en él, el comportamiento era regido por el mercado y el objetivo fundamental era el lucro. El negocio en educación calzaba perfectamente, tanto económicamente como socialmente. El éxito permitiría incorporar nueva fuerza social y política al sector empresarial.

El resultado lo tenemos a la vista, escuelas para ricos y escuelas para pobres, desde el nivel preescolar. Pésimos niveles de educación al término de la secundaria, una enorme cantidad de profesionales cesantes y otros trabajando por debajo de su calificación Una enorme cantidad de jóvenes profesionales agobiados por una deuda que les dejó su educación universitaria y que no pueden pagar, deuda que ya sobrepasa los 8 mil millones de dólares. Los Bancos como buenos piratas, la ven crecer y esperan. Por otra parte, sectores de la clase media emergente que se ha desarrollado en este modelo social, ven en la educación un respaldo al ascenso social de sus familias y hacen cualquier esfuerzo por educar a sus hijos en colegios donde puedan tener buenas relaciones socio económicas.

Las soluciones que nuestros dirigentes buscan, siempre están hechas para beneficiar al que comercia, al dueño del negocio y no al ciudadano de a pie. En este caso no podía ser diferente. Ante las muchas presiones de los estudiantes por los impagables créditos dados para la educación universitaria, se consiguió bajar el interés de estos créditos de 6% al 2% pero, el 4% de diferencia lo pagaría el Estado, es decir, lo pagaremos entre todos. ¿Cuál fue el aporte social de los Bancos a la solución de la crisis? Cero. Para ellos sigue siendo un buen negocio.

¿Qué nos ha mostrado la pandemia? Que el Estado en la medida en que administra el patrimonio de la sociedad toda y en quién ella delega su representación, debe poder exigir solidaridad a aquellos que la solicitaron y la obtuvieron de la sociedad cuando temían no sobrevivir.

En la crisis de los 80, el Estado salvó a los Bancos de la bancarrota pagando sus deudas y dándoles un crédito a intereses y plazos preferenciales para su devolución. Esa deuda que pagó el Estado, en el fondo la pagamos todos. Ahora que nuestra sociedad está en problemas y que estos se agravan en las familias de los estudiantes endeudados ¿Por qué no exigir a los Bancos la misma solidaridad? Los Bancos podrían condonar esa deuda y darle al Estado un crédito con las mismas condiciones que el Estado les dio el crédito que los salvó de la muerte. Ese crédito lo podrían recuperar los Bancos descontando la respectiva cuota de los impuestos anuales que deben pagar. En 40 años no sería mucho. Igual lo pagaremos todos, pero de una forma posible.

PARTE II

La sociedad humana se ha dado la obligación de proteger la vida de aquellos que dedicaron su fuerza vital a la producción, de aquellos que vaciaron su vida en lo laboral. Con anterioridad a la dictadura, cuando un ciudadano dejaba la vida laboral, tenía un desahucio de un mes de sueldo por año de trabajo lo que normalmente significaba un monto de treinta sueldos. Al margen de ello, recibiría una pensión vitalicia otorgada por el Estado a través de sus cajas de previsión, equivalente a su ultimo sueldo o muy cercana a eso.

Los depredadores económicos que llegaron con la dictadura se dieron cuenta de la enorme cantidad de dinero que el Estado captaba por concepto de cotizaciones previsionales y se les despertó el apetito. Inventaron el robo del siglo, que en este caso se llamó AFP. Un plan maestro que rebajaría los costos empresariales originados por la cotización previsional de sus trabajadores y que pondría a disposición de las grandes empresas, un fondo de recursos gigantesco, que hoy ya se empina por los 186.000 millones de dólares.

Los trabajadores están obligados a entregar a las AFP los descuentos previsionales de sus remuneraciones, los que se mantendrán cautivos por 30 años o hasta que cumpla los 65 años de edad. El derecho a la propiedad privada que quedó consagrado en la constitución como protección al patrimonio empresarial, no es válido para estos fondos de los trabajadores. Ellos han solicitado devolución de parte de estos fondos, para tratamientos de enfermedades catastróficas y se les ha negado.

Se les llama fondos de ahorro previsional, pero cualquier fondo de ahorro, sobre todo si es a 30 años, es reajustable por el IPC, lo que no sucede en este caso. Es más, esto se puede considerar un préstamo en moneda corriente a las empresas, a 30 años plazo, a tasa de interés variable y sin ninguna garantía que los respalde.

¿Qué sucedería si como consecuencia de la pandemia quebrara una AFP? Seguramente tendría que ser el Estado, es decir todos nosotros, el que se haría cargo del problema. Si es el Estado el único capaz de garantizar que en 30 años esos fondos no sufran deterioro ¿Por qué esos fondos no se entregan al Estado para estructurar un sistema de reparto? No hay ninguna razón social, política ni económica que sostenga seriamente esta negativa empresarial. Recurren al eterno mito de que el Estado no es buen empresario, ocultando que siempre las mejores y más grandes empresas que ha habido en Chile fueron estatales y que fueron un modelo de administración que hasta ellos adoptaron.

Alegan que el sistema de reparto es un fracaso donde se ha adoptado, lo que no es cierto, pero aunque el sistema generara pérdidas, estas tendrían plena justificación, puesto que serían generadas por la entrega de una pensión justa para el trabajador retirado, que es la esencia del sistema y esos mayores costos o perdidas, serían absorbidas solidariamente por la sociedad.

Pero parece que, de acuerdo con la lógica neoliberal, el sistema de pensiones no se establece para otorgar una pensión digna al trabajador que termina su vida laboral, sino que se establece para que las empresas administradoras de los fondos tengan utilidades. De hecho, en el año 2019 subieron un 59 % sus utilidades, alcanzando la cifra de 645 millones de dólares.

La verdad es que el sistema de pensiones a través de las AFP se ha convertido en una legalización del sistema de estafa piramidal. Deshacer esto es una de las principales tareas para quienes elaboren la nueva constitución.

Pero la pandemia nos ha mostrado no solo la inmoralidad de lucrar para satisfacer los derechos ciudadanos y la inhumanidad y falta de conciencia social a que conduce la ambición insaciable de los grandes grupos económicos. Nos ha mostrado también la fragilidad económica y laboral con que enfrentan épocas de crisis, tratando de descargar sus problemas en el Estado.

Para nadie es un secreto que la burguesía empresarial utilizó la dictadura, para diseñar un Estado que les sirviera como escudo de protección a su forma de operar. Y eso es para ellos el Estado subsidiario, que en este caso obedece a la norma: Cuando los negocios son buenos gana la empresa, cuando los negocios son malos, pierde el Estado.

El fin de esta norma cultural que ellos han creado como protección, también es tarea para la nueva constitución.

El Estado chileno ha mostrado con creces que, a diferencia del empresario nacional, sabe construir y desarrollar grandes empresas y mantenerlas en óptimas condiciones de competitividad. Si Lan Chile hubiese seguido siendo propiedad social, nunca le habría sucedido lo que le ha sucedido a Latam.

Cuando aún la pandemia no mostraba sus garras, el gran argumento político que se usaba contra la asamblea constituyente que solicitaba la mayoría ciudadana, era que esta solo se justificaba cuando se producía el término caótico de un régimen y el convencimiento social de que este necesariamente debía ser reemplazado por uno distinto. Ahora que la pandemia ha destruido nuestra economía y gran parte de las relaciones sociales, ahora que la crisis de octubre está latente e intocada, ahora que la revolución feminista ha sido reconocida como una realidad política, ese argumento ha perdido validez.

Un gran número de políticos, analistas y filósofos, coinciden en que debemos pensar en una nueva sociedad, porque la vida que enfrentaremos después de la pandemia, si hay un después, será muy diferente a la que vivimos hasta 2019. Esta es una verdad poco conversada, porque los dueños del poder quieren seguir manteniéndolo cuando pasemos a la nueva sociedad y eso es algo que no podemos permitir.

Creo que no son muchas las naciones que pueden lograr cambios estructurales económicos, sociales y políticos derivados de la devastación generada por la pandemia. Estamos a la puerta de un proceso constituyente y eso nos da la oportunidad histórica de establecer los valores fundamentales y elaborar las reglas para crear una nueva sociedad que sea realmente democrática, solidaria, justa e igualitaria, donde los derechos no solo estén en el papel.

Tenemos en nuestro favor la fuerza social de octubre y la revolución feminista con su flamante espada paridad de género. Tenemos en nuestra contra al gran empresariado que defiende sus privilegios y a toda una clase política, de todos los colores, que no se resigna a perder el poder con que sirven al gran capital.

El primer paso ahora es no permitir que los políticos tradicionales, pasen del manejo de la crisis Corona Virus al manejo de la crisis social de Octubre 18.

Al margen de todo el daño generado por la pandemia, creo que no podemos dejar de agradecerle el habernos demostrado lo insignificante que somos como humanos, nos ha refregado en la cara nuestra desigualdad social, la debilidad de nuestras instituciones, la falta de sentido democrático de nuestras autoridades, la fragilidad de nuestro modelo económico, la indefensión de los trabajadores, la escasa disciplina social que nuestro modelo de vida ha generado, la falta de respeto

por la pobreza, por los ancianos, por los inmigrantes, la avidez por generar un negocio con gente y para gente que necesita solidaridad. Creo que el examen a que nos ha sometido el hasta ahora invencible Corona, es una especie de preuniversitario o más bien un preconstitucional que necesariamente debemos aprobar.