Edición Cero

Un enérgico llamado formuló la Coordinadora de Presos y Perseguido Políticos de Tarapacá, para que se cambie la prisión que cumplen 13 jóvenes detenidos... Coordinadora de Presos y Perseguidos Políticos pide que cambien medida cautelar a 13 de ellos por arresto domiciliario

Un enérgico llamado formuló la Coordinadora de Presos y Perseguido Políticos de Tarapacá, para que se cambie la prisión que cumplen 13 jóvenes detenidos en el contexto del estallido social, por arresto domiciliario total, quienes “han padecido de la  condena que se hace a la protesta social”. Por  ello llaman al Defensor Regional jefe, Gabriel Carrión, que se solicite que esta medida se haga efectiva, mientras se realiza la investigación judicial.

Sin embargo, la Coordinadora es crítica de la reacción gubernamental ante el estallido social que, “como respuesta al despertar popular por justicia social, el Estado de Chile ha puesto en ejercicio una serie de leyes que solo apuntan a criminalizar la protesta ciudadana, reprimiendo sin medida todo tipo de manifestación o disidencia que vaya en contra del sistema político-económico establecido. Y por sobre todo para amedrentar a quienes se manifiestan públicamente contra el actual gobierno, ejerciéndose como castigo extrajudicial dirigido especialmente contra la población de jóvenes estudiantes y trabajadores”.

En Chile, a la fecha, hay  2500 encarcelados a lo largo de todo el país, entre octubre 2019 y marzo 2020 según el informe del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), “instalándose un pre-juicio político por sobre lo que establece el orden jurídico nacional, transformando la prisión preventiva en un instrumento de represión política. Ejemplo de esto son las 13 personas que se encuentran privadas de libertad en la cárcel de Alto Hospicio, quienes fueron detenidos en dudosos operativos policiales, selectivos y de seguimiento, siendo encarcelados por supuestos delitos que, en otro contexto, no tendrían como consecuencia inmediata la prisión preventiva. Nos parece que el uso desproporcionado de esta medida cautelar, constituye una evidente persecución política que atenta contra el principio de inocencia de cada uno de los detenidos a consecuencia del estallido social”.

Puedes leer la declaración completa acá: