Educación y Derechos Humanos

Iván Vera-Pinto Soto, Cientista Social, pedagogo y escritor

En cualquier país donde ha existido un proceso doloroso de violencia política y enfrentamiento interno, queda la sensación en la ciudadanía de vivir una suerte de desprotección, acompañada de una crítica al «alejamiento» de los organismos de Derechos Humanos, y un reclamo a la inoperancia del Estado como instancia protectora.

Somos conscientes que la actual crisis en el planeta de los derechos fundamentales del hombre y la mujer, tiene directa relación con los procesos económicos, sociales y culturales que viven muchas regiones del mundo, tales como: el impacto de la globalización en el mundo de trabajo y la cultura; la revalorización del mercado en desmedro de las regulaciones sociales y estatales, la crisis del Estado, la aparición de discursos fundamentalistas, la existencia de modelos autoritarios, la instalación de regímenes de excepción, la extinción de las utopías, etc. Todas estas variables modifican la percepción que los ciudadanos tienen de sus derechos, como también los escenarios donde se ejercen estos principios.

Debemos reconocer que en innumerables latitudes aún se mantienen diversas formas de violencia individual o social, como corolario de la subsistencia de los desequilibrios estructurales (económicos y sociales). Por lo anterior, es necesario ampliar el compromiso de toda la ciudadanía en la causa de los Derechos Humanos. Esto implica promocionar una cultura de la Paz y de los Derechos Humanos que permita erradicar las condiciones que dieron origen a la violencia y a la guerra. Es por eso que es importante poner énfasis en la educación, ya que ella puede contribuir a que las nuevas generaciones aprendan actuar como ciudadanos del futuro.

En esta línea, nos preguntamos ¿qué pueden hacer los educadores?, ¿cómo puede la pedagogía contribuir a formar nuevos ciudadanos democráticos? En relación a estas dos interrogantes, los investigadores educacionales afirman que una manera de empezar a formar personas con conciencia en los derechos humanos es precisamente haciéndoles partícipe del debate, sobre todo cuando existe una ley que en teoría incluye a los jóvenes.

Por cierto, somos testigos que  hasta hace muy poco la educación no tuvo un rol destacado en los esfuerzos por alcanzar la paz, la democracia y el respeto de los derechos esenciales de las personas; sin embargo, esto no invalida la capacidad conciencializadora que ella tiene sobre los peligros de una cultura articulada en la violencia. Es más, la educación asume la obligación moral de abrir espacios donde las personas puedan deliberar e imaginar unidas nuevas posibilidades de vida. A su vez,  está requerida para  alentar el diálogo de los educandos con las organizaciones sociales, fuerzas políticas y ciudadanos comprometidos en la acción de transformar las condiciones que generan discriminación y pobreza; es decir, con todas las instancias que promuevan alternativas de desarrollo humano sustentable y de gobernabilidad democrática del país.

En esa lógica, a la educación no exclusivamente le corresponde socializar aquellos preceptos sustentados en los Derechos Humanos, los que provienen de los instrumentos internacionales; sino, también, los otros vinculados a una educación en valores, aquella que busca un aprendizaje moral y cívico mediante el ejercicio reflexivo concerniente a los problemas éticos más significativos  y los que derivan de la experiencia cotidiana.

Creemos que, hoy más que nunca, es clave que los jóvenes mediten sobre la dinámica y los funestos resultados que acompañan el hábito de la violencia, tristemente enquistada en el seno de nuestra sociedad. Y sobre todo, que tomen razón que la violencia no es la única, ni la más eficaz forma de resolver los conflictos, a pesar que, ostensiblemente, golpee diariamente nuestras vidas.

En ese marco, es innegable que la educación puede coadyuvar a crear ciudadanos más respetuosos y tolerantes con los demás miembros de una determinada sociedad. A propósito, Paulo Freire, decía: «La tolerancia es la posibilidad que inventamos en nosotros de convivir con el diferente. De entender el diferente para poder pelear con el antagónico” Empero, sabemos que ello no es fácil lograr, más aún cuando observamos que la realidad para la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas se les presenta muy distinta: cruel e injusta. Quizás – es nuestra hipótesis – las tragedias de otrora vividas, todavía tienen repercusiones sociales y políticas se extienden hasta nuestros días, por cuanto el paradigma social, en esencia, se mantiene en vigor, con una intolerancia que espanta y con una carencia de pluralismo y diversidad; donde los vencedores siguen empeñados en imponer su relato histórico, incluso, a fuerza de tergiversarlo en los textos educativos.

Por otro lado, tenemos registro de algunas experiencias educativas ensayadas en otras latitudes, las que han aprovechado ciertas herramientas y medios creativos, tales como el arte y la literatura, para ayudar a establecer un enfoque educativo sobre los peligros de la intolerancia, la violación de los derechos básicos de los ciudadanos, el poder y los quiebres institucionales. A la vez, han permitido relevar a las víctimas de la historia, poniendo en valor sus luchas y utopías. Es a todas luces claro que estos genuinos proyectos, obligatoriamente, precisan de la movilización de los afectos, de los imaginarios y de todos los actores sociales; con mayor razón cuando en la actualidad vivimos engañados por el discurso de la cultura mediática que enfatiza sobre la espectacularidad de la guerra y la muerte violenta, sometiéndonos a un clima alienante, escéptico, adormecido y brutal. En esa condición, se hace necesario desplegar aquellos contenidos que dan protagonismo a las voces silenciadas, convertidas en culpables y sepultadas por la omisión y la indolencia.

Lo anterior involucra una perspectiva de trabajo pluridisciplinario que facilite la comprensión de aquellos acontecimientos infaustos, reiterados en nuestra historia nacional. A este tenor, discurrimos que tanto artistas, educadores, antropólogos, sociólogos y psiquiatras, entre otros profesionales, pueden aportar su concurso, no solamente al entendimiento de las masacres contra civiles, sino también para pensar en los efectos a largo plazo de las laceraciones físicas y psicológicas sufridas por las víctimas. Por mucho que nos pese, tenemos una vasta cantera que puede ser rastreada para generar estudios y artefactos educativos que contribuyan a la instalación de un currículo basado en los Derechos Humanos y la Paz, y a  posibilitar acciones de emancipación social y deconstrucción de los discursos hegemónicos.

A nuestro juicio, la educación nacional precisa de acciones concretas en este ámbito que permita dar paso a un aprendizaje integral e integrador, con el ánimo de formar a personas democráticas, pensantes, solidarias, críticas, reflexivas y comprometidas socialmente, competencia humanas básicas para edificar una sociedad pluralista del siglo XXI.

Si bien debemos dar la razón que MINEDUC ha hecho algunos avances, pero, no obstante, aún son insuficientes y restringidos, puesto que todos los planes que apunten a educar sobre los Derechos Humanos (tema transversal) debería ser abordado en cualquier nivel y no solo – como opera en la actualidad – en algunos de Enseñanza Media.

Esta nueva condición obliga, además, contar con especialistas capacitados en el área que puedan impartir en propiedad esta asignatura, la que cuenta con una fuerte carga valórica. Asimismo, en el entendido que es una materia delicada, los profesionales encargados deberían tener una formación de excelencia. Incluso, opinamos, que la misma asignatura debiera estar incluida en el currículo de las Fuerzas Armadas y de Orden, pues el objetivo primordial es lograr construir con todas y todos una sociedad plural, democrática, tolerante e inclusiva.

Sin duda, este desafío demanda poner sobre el pupitre todos aquellos conocimientos esenciales sobre este tópico, con el fin de discutirlos, analizarlos, problematizarlos, interpelarlos, mejorarlos y traducirlos en acciones y comportamientos prácticos, reales y concretos. En fin, prácticas sociales que, indudablemente, contribuirían a mejorar la calidad educacional y democrática de Chile. En el fondo, hablamos de una educación desde y para la democracia; desde y para los Derechos Humanos.