Consejos de Guerra: Penas de cárcel y multas en que aparece el nombre de ex jefe del Ejército Juan Cheyre

El 4 de enero de 1974 quedó marcado en la memoria de Aroldo Legua Leiva. Ese día, en La Serena, el oriundo de Los Vilos debió enfrentar un consejo de guerra, instancia dependiente de la segunda fiscalía militar, según consta en la sentencia emitida por aquella instancia castrense.

En el documento, al cual accedió La Tercera, se le acusa de ser un “reconocido activista y agitador político, extremista de ideas miristas y haberse encontrado en la secretaría del juzgado de policía local, debajo de unos legajos y junto con otras especies, seis cartuchos de amongelatina y tres tiras de guías”.

Hoy, Legua lo recuerda bien. “El consejo de guerra eran siete militares. Estaba acusado de querer quemar una iglesia. Trabajaba en el juzgado de policía local y dijeron que ahí tenía cuatro rollos de dinamita, yo no sabía que se llamaba amongelatina. Y otras acusaciones de compañeros de trabajo y de mi partido. Yo no maté a nadie, nosotros hacíamos una labor social”, relata, respecto de lo que fue esa jornada.

Y continúa: “Me tenían sentado en una silla chica, frente a estos siete militares, no sé si generales, pero no conocía a ninguno. Ahí no estaba (Juan Emilio) Cheyre, pero sí en el regimiento”.

Según se lee en el mismo fallo, Aroldo Legua fue condenado a 541 días de cárcel por Ley de Seguridad del Estado y a tres años por Ley de Armas: “Me llevaron a la penitenciaría de La Serena y ahí estuve casi dos años”.

Respecto de los miembros de este consejo de guerra, el acta señala que “fue constituido por el teniente coronel Oscar Arriagada Anentto, el mayor Tomás Manríquez Núñez, el capitán Daniel Verdugo Gómez, los tenientes Raúl Alvarado Bencini y Emilio Cheyre Espinosa, y el auditor de guerra Francisco Alvarez Merry”.

Consultado Aroldo Legua por el rol que jugaba Cheyre en el ex regimiento Arica, de La Serena, indica que “de lo que pude ver, estaba a cargo de unos pelotones. A mí no me pegó, no es que quiera defenderlo, pero hay que decir la verdad”.

Investigación

La presencia en esta acta del ex comandante en jefe del Ejército, general (R) Juan Emilio Cheyre Espinosa, no es la única. La Tercera, a través de una solicitud de Transparencia, tuvo acceso a las copias de 26 actas de sentencias de consejos de guerra efectuados en el ex regimiento Arica, de La Serena, entre septiembre de 1973 y enero de 1974, en todas las cuales aparece el nombre del oficial. En ellas, sin embargo, no existirían casos de decesos o torturas.

Según informó el Estado Mayor del Ejército, en el documento de entrega de las copias de estos documentos, “los antecedentes se refieren a causas por delitos y faltas previstas en el Código Penal; infracción a la Ley N° 17.798 sobre Control de Armas; a la Ley de Seguridad Interior del Estado; al Bando N° 34 de la Jefatura de Plaza; y, desde el punto de vista de las sanciones, comprenden solo penas privativas de libertad, relegación, extrañamiento, multa y comiso de especies; también existen casos de sobreseimiento y absolución”.

El tema surgió a principios de noviembre del año pasado, a raíz de una solicitud del ministro en visita de la IV Región, Vicente Hormazábal, quien indaga una querella presentada por Nicolás Barrantes, hermano de una persona fallecida, por hechos que habrían ocurrido en 1973 en el ex Regimiento Arica. Después se sumó un testimonio similar de Nelson Rodríguez. En este proceso, el general Cheyre no ha sido procesado.

En 1973, el general en retiro cumplía funciones en ese recinto militar cuando pasó la llamada “Caravana de la Muerte”, que dejó como saldo a 15 personas fusiladas. Por ese hecho, en una investigación paralela, Cheyre fue procesado por el ministro Mario Carroza como presunto cómplice de los homicidios. En ese entonces tenía el grado de teniente y ejercía funciones como ayudante del comandante del regimiento.

Respecto de la indagatoria del ministro Hormazábal, en julio del año pasado el general (r) Cheyre, en dependencias de la Brigada de Derechos Humanos de la PDI, fue careado con dos presuntas víctimas de apremios ilegítimos, en 1973, en el Regimiento Arica.

Tras aquella diligencia, Hormazábal sostuvo que “el general (Cheyre) no se acordaba de los hechos puntuales ni de las imputaciones que se le hacían, pero sí prestó colaboración en cuanto a señalar cuáles eran las actividades que él desempeñaba en esa época”.

El ministro agregó, aquella vez, que “en otras oportunidades he informado que la versión del señor Cheyre respecto de los hechos que yo investigo es que en esa época él se desempeñaba como ayudante del jefe de plaza e intendente, y realizaba muchas actividades fuera del regimiento”.

Sin embargo, el magistrado decidió consultar al Ejército sobre si el ex comandante en jefe había participado en otros consejos de guerra, además de los cinco que constaban en su indagatoria. Y el Ejército le envió un documento que daba cuenta de que Cheyre integró otras 26 de estas instancias. Esas son las sentencias a las que accedió La Tercera.

Respecto de ellas, del total de 49 personas condenadas en estos consejos de guerra donde se menciona a Juan Emilio Cheyre, 26 están registradas por la Comisión Asesora para la Calificación de Detenidos Desaparecidos, Ejecutados Políticos y Víctimas de Prisión Política y Tortura (Comisión Valech). Sin embargo, no se especifica por qué caso ni circunstancia. Es decir, eventualmente, podrían haber sufrido apremios en otras instancias o lugares. Las actas de las sentencias hablan de cargos y pruebas, y mencionan a abogados defensores.

José Manuel Alvarez Bahamondes es una de las personas que fue enjuiciada en uno de los 26 consejos de guerra. Él, junto a otra persona, fue acusado por una presunta infracción a la Ley de Seguridad Interior del Estado, el 31 de octubre de 1973. Sobre ese período, recordó que “estuve unos cinco días en el regimiento y después en la casa, con arresto domiciliario. Pero mentiría si vi a Cheyre. No lo vi”.

Jorge Bofill, abogado defensor del ex comandante en jefe del Ejército, sostiene que “el entonces teniente ayudante Juan Emilio Cheyre, de 25 años, no era parte de la estructura de mando y cumplía labores administrativas.

Las agrupaciones de DD.HH. tienen una visión más crítica. Lorena Pizarro, presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, dijo que “para nosotros demuestra la falta de compromiso con la verdad y la justicia de las autoridades, que permitieron que llegase a ser comandante en jefe del Ejército”.

Alicia Lira, quien encabeza la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, indicó que “haber estado en estas instancias en esa época ya es parte de un atropello a los derechos humanos”.