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Gonzalo Prieto Navarrete/ Sociólogo, Máster en Medio Ambiente: Dimensiones Humanas y Socioeconómicas de la Universidad Complutense de Madrid La situación ya conocida por los habitantes... El que contamina, paga

gonzalo prieto navarreteGonzalo Prieto Navarrete/ Sociólogo, Máster en Medio Ambiente: Dimensiones Humanas y Socioeconómicas de la Universidad Complutense de Madrid

La situación ya conocida por los habitantes de la Región de Tarapacá y particularmente, por la población residente en la comuna de Alto Hospicio, sobre las lagunas de estabilización de aguas servidas, mantiene un conflicto ambiental de largo tiempo sin resolver. Lo anterior, dice relación principalmente con la mitigación y compensación a los grupos humanos a quienes impacta negativamente el funcionamiento de las lagunas en su área directa de influencia. Hablo de las poblaciones de “Parque Oriente”, “Jardines del Desierto”, “Villa Frei”, y el sector de “El Boro” en general.

 Por más de una década, se administró el conflicto con los vecinos, pero sin solución alguna. Las instituciones hicieron poco o casi nada, olvidando su responsabilidad política y social frente a un problema de grandes proporciones humanitarias. Incluso, se firmaron compromisos, que luego quedaron sin efecto. En definitiva, y hasta el día de hoy -pese a los planes existentes de cierre-, las vecinas y vecinos de los sectores mencionados, siguen soportando los malos olores y los efectos colaterales de la mantención de dichas lagunas. No basta solamente con las acciones para cerrar el lugar, sino que debe existir una política seria de mitigación y lo que es más relevante aún, de compensación directa para las familias afectadas.

 Ésta es una cuestión que personalmente señalé en su momento a la gerencia de la empresa de Aguas del Altiplano, pero que no fue acogida por ellos. Es de conocimiento público que los instrumentos legales y administrativos de nuestra legislación ambiental y los de la superintendencia de servicios sanitarios son precarios para este tipo de cuestiones, tomando demasiado tiempo y llegando a multas bajísimas de sanción -tomando en cuenta el daño social y económico para las familias-. Por lo general, la comunidad no cuenta con información suficiente para exigir lo que les corresponde, y hoy es el momento de exigir con fuerza lo que por un principio del derecho público y la económica ambiental internacional  suscriben todos los países de la OCDE -al que nosotros también pertenecemos-. Ese principio es: el que contamina, paga.

 El principio de “quien contamina paga” es introducido a los países de la OCDE en tratados que datan de 1972, 1974, 1989 y que son reafirmados en otros tantos convenios internacionales, partiendo de la base de que, quien contamina, es aquel que daña directa o indirectamente al medio ambiente, esto incluye a los grupos humanos en el área de influencia de aquellos que polucionan.

 Gracias al tremendo movimiento social promovido por las y los dirigentes vecinales de Alto Hospicio, y a agrupaciones surgidas del conflicto como “Acción Ciudadana”, y una inédita gestión del gobierno, la Empresa Aguas del Altiplano ha suscrito acuerdos voluntarios sobre el cierre de las lagunas. Pero esto, no es suficiente, porque mientras dure el proceso, el impacto negativo para las familias sigue siendo el mismo, pues persisten los malos olores. Por ello, se deben exigir medidas de mitigación para que esto no ocurra, pero como sabemos que operativamente y técnicamente, lograr aquello no es sencillo ya que supone la instalación de dispositivos que a la larga hacen que el proceso final se atrase mucho más. Se debe exigir a la empresa que compense a las familias, pues permitirá que estos hospicianos al menos reciban un beneficio por el perjuicio que están padeciendo durante tanto tiempo.

 Lograr esto sería un triunfo, no tan sólo para las familias afectadas, sino que demostraría la real intención de una empresa que ejerce el monopolio de uno de los servicios más importantes para la población de la región, pero que hasta ahora, sólo da malas noticias. Ésta, es una gran oportunidad para la compañía, de hacer al menos una cosa bien por la responsabilidad social empresarial, y finalmente, sería un avance en una política ambiental que centra su objetivo en cumplir con un derecho constitucional, que es el vivir en un ambiente libre de contaminación, resguardando primero a las personas, antes que los beneficios económicos de unos pocos. Avancemos con esto y estaremos construyendo un Alto Hospicio y una Tarapacá más Humana.