Unap y gratuidad de las universidades
Opinión y Comentarios 17 diciembre, 2015 Edición Cero
Haroldo Quinteros Bugueño/ Profesor universitario, Doctor en Educación
En torno a la problemática de la gratuidad en el acceso a las universidades del Consejo de Rectores (CRUCH), integrado por 19 universidades estatales y 6 privadas, el gobierno decretó la acreditación por cuatro años como requisito para acceder a tal beneficio. No puede pasar inadvertido el hecho que en cuanto las tres universidades estatales regionales que fueron excluidas de la gratuidad por no cumplir con este requisito, la Universidad Arturo Prat (UNAP), la de Los Lagos y la Tecnológica Metropolitana (UTEM), el gobierno no podía ignorar, desde un comienzo, que ellas serían rechazadas. En relación a la UNAP, sólo cabe la triste deducción que en una ciudad del volumen demográfico de Iquique, en la que habrá una universidad estatal gratuita casi del mismo tamaño de la UNAP y con una similar oferta de carreras (la Universidad de Tarapacá, UTA), bien puede ser que se esté iniciando el desaparecimiento de la UNAP.Por supuesto, también de la de Los Lagos y la UTEM.
Esto es obvio, porque sería absurdo suponer que los jóvenes que se incorporarán en 2016 a la educación superior, no van a preferir una universidad gratuita y acreditada. Otro hecho que esperamos sea desmentido lo antes posible, es que el lugar de las tres universidades rechazadas, por la propia iniciativa del gobierno, podrían ocuparlo tres universidades privadas que no pertenecen al CRUCH, la Adolfo Ibáñez, la Finis Terrae y la Adventista, que cumplen con los 4 años de acreditación y su condición de no tener lucro (Diario La Tercera de ayer). Esto último tiene más de chiste que otra cosa, porque el lucro está prohibido por ley para toda institución universitaria, y, sobre todo, porque siempre será difícil probar que no hay lucro cuando una institución es sostenida por privados. T
ambién resulta insólito que universidades estatales y laicas desaparezcan en favor de una que es privada y además confesional, como la Universidad Adventista. Ante el trance en que se encuentra la UNAP, también sorprende el rasgue de vestiduras de la derecha y su vocero regional el diputado Trisotti. Fue la derecha política la que en primera línea exigió la acreditación por cuatro años para la obtención de la gratuidad, a sabiendas que con eso se perjudicaba a la UNAP y las otras dos universidades regionales, todas reconocidas por la «vulnerabilidad» (perfil económico deprimido, dicho con claridad) de sus estudiantes. Además, muy sugestivamente, esa misma derecha alegó que había universidades privadas que por tener alumnos vulnerables también debían ser beneficiaras de la medida. Ahora, pues, está a punto de conseguir algo mucho más importante para ella, extender la gratuidad hacia al sector privado, sabiendo también que la vulnerabilidad estudiantil se concentra masivamente en las universidades estatales regionales, dadas las mórbidas condiciones de centralismo y de desigualdades sociales que caracterizan nuestro país.
Finalmente, ¿con qué solvencia moral la derecha política se pone en primera fila defendiendo a los estudiantes vulnerables, si fue SU dictadura la que impuso en el país la universidad pagada como la forma básica del financiamiento de la Educación superior? También fue la dictadura la que llevó la desigualdad a su nivel máximo en materia universitaria al instituir el Aporte Fiscal Indirecto (AFI), puesto que esos fondos se entregan a las universidades que matriculan en Primer Año a los alumnos de los mejores puntajes PSU; es decir, por matricular a aquellos jóvenes que en su total mayoría no provienen de la educación media pública, ni menos aun de los sectores pobres de nuestra sociedad. No obstante la injusticia manifiesta que se produciría si la UNAP no accede a la gratuidad, también la propia UNAP tiene responsabilidad en la situación en que encuentra hoy. Si bien los males de la UNAP y muchas otras universidades regionales son producto general de la involución educacional impuesta al país bajo dictadura, también está de por medio la gestión de la universidad.
La UNAP es de mandato unipersonal del rector (aunque haya de por medio una decorativa «Junta Directiva»); es decir, ningún otro sector de la comunidad universitaria decide nada en cuanto, por ejemplo: criterios de inicio de carreras nuevas, formas serias y objetivas de contratación y jerarquización de académicos, revisión de la situación de los profesores a honorarios (a veces, más calificados que de los de planta), de los sueldos de directivos, docentes y funcionarios, criterios de inversión, de estrategias de vínculo con la sociedad, del reglamento de elección de las autoridades, etc., etc. Hoy, 16 de diciembre, el rector convocó a toda la comunidad universitaria a un acto y marcha en defensa de la UNAP, cuestión que, por supuesto, nos alegra. Sin embargo, la larga lucha estudiantil por el derecho a la participación en la gestión institucional ha sido sistemáticamente desoída por la autoridad universitaria desde el advenimiento de la democracia.
Esta participación sólo es posible a través de la re-estructuración de la universidad sobre la base de la tri-estamentalidad; i.e., la participación ordenada, reglada y ponderada de toda la comunidad universitaria en su administración. Si el rector piensa que necesita a los estudiantes en su lucha por revertir la exclusión en la gratuidad, debe, ahora mismo, acoger el clamor estudiantil por participación. Como el país aún es presa de las leyes de la dictadura, muchas universidades en Chile han iniciado procesos de tri-estamentalidad, en mayor o menor gradualidad, sobre la base de subterfugios y resquicios legales. Esa es la tendencia actual general en el país; vale decir, la democracia interna. La Universidad Arturo Prat debe sumarse a esa tendencia porque es propiedad del pueblo de Chile, y de nadie más. Esperemos que el gobierno comprenda que no puede abandonar las universidades del Estado y revierta lo que está ocurriendo. No puede, por las mejores razones éticas y políticas, iniciar la liquidación de tres de ellas. En cuanto al caso de, por lo menos, la UNAP, su salvación y futuro, dependen de un urgente cambio, profundo y decidido, en su gestión interna.
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