Caso Quemados: 29 años de crueles mentiras. La verdad que siempre se supo y no se quería ver

Cambio 21/ Por Mario López M.-  El país está estupefacto ante las revelaciones sobre la criminal acción militar contra los jóvenes Rodrigo Rojas De Negri y Carmen Gloria Quintana, sobre la cual tribunales y autoridades de la época negaron la evidencia e inventaron burdas coartadas.  Hace 25 años, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos había fallado exactamente lo mismo que hoy impresiona a la ciudadanía.

El Ejército al principio negó la participación de militares. El 9 de julio de 1986 el brigadier general Carlos Ojeda Vargas, comandante de la Guarnición de Santiago, señaló al 19 Juzgado del Crimen que investigaba el caso, que «no existían fuerzas militares en los sectores en que ocurrieron los hechos».

«Tanto el abogado Héctor Salazar como yo fuimos designados por la Vicaría de la Solidaridad para representar a las víctimas. Fue un calvario intentar acceder al proceso o a las presuntas pruebas. Qué decir de poder presenciar un interrogatorio o las reconstituciones de escena que se realizaron mañosamente», señala el abogado Luis Toro a Cambio21.

Echavarría el «incompetente»

Ante la imposibilidad de seguir negando, el 18 de julio de 1986 el Ejército declaró: «No obstante que el resultado de las primeras informaciones y antecedentes recibidos, no aparecía vinculación alguna de personal institucional en los hechos aludidos, posteriores indagaciones han permitido deducir que determinado personal del Ejército habría tenido intervención en ellos».

Y agregaba: «según tales antecedentes, el día 2 de julio, en circunstancias que una patrulla militar vigilaba el orden público, sorprendió a un grupo de personas que pretendía alterarlo y portaba material inflamable contenido en envases destinados a ese objeto. Entre dichas personas se encontraban Carmen Gloria Quintana y Rodrigo Rojas De Negri (…) según las informaciones proporcionadas por el personal (…) al volcarse uno de los envases con material inflamable, por la acción de uno de los propios detenidos, se encendió la vestimenta de los nombrados, la que fue apagada con frazadas que llevaba el personal militar». Era el principio de la gran mentira.

El ministro encontró la justificación precisa para desentenderse del tema y el 23 de julio de 1986 se declaró incompetente, remitiendo los antecedentes a la Fiscalía Militar en ese entonces a cargo de Erwin Blanco, no sin antes avalar la tesis de los inculpados y la dictadura sobre la autoría y calificación del delito, «pues de manera inexplicable e inexcusable Echavarría asumió la tesis de los militares, dijo que era un accidente, cuando las circunstancias conocidas demostraban que no era así», denuncia Luis Toro.

Estilo mafioso

Durante el proceso se intimidó a los testigos llegando a secuestrarse por «civiles no identificados» a Jorge Sanhueza Medina el 22 de agosto de 1986. Debió abandonar el país. A Marcelo Martínez se le incomunicó y a un tercero, Gregorio Olmedo Canales, se le acusó de asociación ilícita y encarceló. Se trataba de testigos presenciales de los hechos. Se les presionó para que cambiaran sus declaraciones que inculpaban a los militares. No fue lo único, el 1º de septiembre de 1986, el Ejército se querelló en contra del abogado Héctor Salazar por «injurias a las FFAA», por afirmar que esa institución le debía una explicación al país por cambiar sus dichos.

Al abogado Luis Toro se le intentó secuestrar el 12 de septiembre de 1986 por un numeroso grupo de individuos no identificados y fuertemente armados, en horas avanzadas de la noche y mientras se encontraba en su domicilio. La prensa adicta al régimen avalaba la tesis de la dictadura y acusaba que los propios jóvenes se habían causado las heridas producto de bombas que portaban. Se negaba incluso la participación de militares en las inmediaciones.

El fallo de la CIDH

La Comisión Interamericana de DDHH (CIDH), resolvió con fecha 12 de septiembre de 1988, sí, hace 25 años: «La manifiesta arbitrariedad en la evaluación de la prueba de parte del ministro Echavarría Lorca al basarse sólo en los testimonios de 7 integrantes de la patrulla e ignorar todo el resto de elementos de prueba y la grave distorsión de los hechos que revela el empleo de la expresión ‘se les dejó en libertad’ utilizado en el fallo (…) configura un comportamiento reñido con la obligación de todo magistrado de cautelar los derechos de los ciudadanos y velar por el ejemplar cumplimiento de la ley»

Y continúa la resolución Nº 01a/88 de la CIDH, que sancionó a la dictadura, por haber «violado el derecho a la vida de Rodrigo Rojas De Negri y el derecho a la integridad personal de Carmen Gloria Quintana (…) a través de los actos de sus agentes cuando detuvieron a los nombrados, los impregnaron de combustible y provocaron deliberadamente el fuego que los lesionó, procediendo luego a abandonarlos en un camino rural».

Igualmente declaró que «el Gobierno de Chile ha violado el derecho a la justicia consagrado en el Artículo XVIII de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre al no haber proporcionado un recurso judicial que ampare a los lesionados en sus derechos». Y en Chile hoy, con sorpresa, se descubre que los hechos efectivamente ocurrieron de la manera que hace 25 años todo el mundo conocía. Digno de Ripley.

Para no olvidar: Los quemaron vivos

Carmen Gloria Quintana recuerda en entrevista con Cambio21 de manera dramática lo sucedido aquel día. «Tratamos de huir, pero nos detuvieron a Rodrigo y a mí, nos golpearon. Luego nos empaparon con bencina, pensé que era para intimidarnos, jamás pensé que nos prenderían fuego, como lo hicieron. Mi cuerpo y el de Rodrigo eran unas antorchas humanas, trataba de pararme, no podía, me desmayé. Luego nos fueron a botar a Quilicura».

Verónica de Negri, madre de Rodrigo, ha ocupado los últimos días para hacer memoria de lo acontecido 29 años atrás. «El cuatro de julio del 86 volaba desde Estados Unidos, donde todo el mundo celebraba su independencia, para encontrarme con mi hijo, que había sido quemado vivo», recuerda de manera dolorosa a Cambio21. Para Verónica, como madre, fue «la destrucción de un niño, de un ser humano, de una familia, amigos, de una nación».

«La muerte de Rodrigo nos ha demostrado que él no era sólo mi hijo, es un patrimonio que vive o debe vivir en la conciencia nacional. En lo humano hay tanto que decir…», señala guardando unos instantes de silencio. Fue prisionera en el campo de concentración de Tres Álamos. Permaneció más de un año allí, hasta que fue expulsada del país y logró refugiarse en Estados Unidos, donde se reunió con Rodrigo. «Rodrigo nunca dejó de ser chileno, a pesar de haber abandonado obligadamente el país a los seis años -recuerda-, ansiaba volver a Chile».

¿Justicia militar?

«No. No existió justicia en este caso», afirma Verónica De Negri. No desconoce que un juez civil, el ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Alberto Echavarría consignó como un «accidente» no voluntario el hecho que causó el fuego. «Todos sabemos que en ese tiempo los jueces hacían lo que ordenaba el dictador», asegura.

De hecho, en la Corte Suprema hubo un empate que fue definido por el voto del Fiscal Militar. Tres ministros civiles se pronunciaron por el homicidio calificado. Dos lo hicieron por cuasidelito de homicidio. El voto que dio el empate fue el del Fiscal Militar. Se aplicó la pena más leve en estos casos, 600 días de presidio fue sentencia sólo para el jefe de Patrulla, Fernández Dittus, quien fuera más tarde ascendido a capitán e indemnizado por stress post guerra.