Corrupción… (Había más todavía)

Haroldo Quinteros Bugueño/ Profesor universitario. Doctor en Educación

Con su gigantesco poder financiero, los grandes empresarios descubrieron que podían manipular a su conveniencia a buena parte de la clase política, financiando transversalmente campañas electorales, ofreciendo millonarios cargos en directorios de sus empresas, o, simplemente, recurriendo al cohecho (léase, coimeando). Esta nueva forma de modus vivendi político, inédita en el pasado por su volumen, tiene su origen y data.

Se desencadenó inmediatamente después del advenimiento de la dictadura cívico-militar que impuso en Chile un nuevo tipo de Estado, el Estado subsidiario, concebido y programado por la derecha; en lo económico definido, grosso modo, como el traspaso de las empresas del Estado a los mega-empresarios y, claro está, a varios nuevos ricos más, como el yerno del dictador. Las empresas mayores estatales habían sido levantadas con gran sacrificio por todo el pueblo de Chile por lo menos desde la fundación de la CORFO, durante la presidencia de Pedro Aguirre Cerda (1939-1942), el mismo mandatario radical autor de las históricas frases “Pan para el Pueblo” y “Gobernar es Educar.” Con Pinochet, el Estado las perdió prácticamente todas.

El propio dictador fue uno de los beneficiarios de un orden que jamás habría podido implantarse e institucionalizarse en democracia. Sólo recientemente, la prensa ha revelado un hecho sucedido hace bastante tiempo: seis militares en retiro han sido formalizados por malversar fondos públicos a través del traspaso de dineros a las cientos de cuentas que tenía en diversos bancos del mundo Augusto Pinochet, bajo varias «chapas,» como «Daniel López»;  en fin, conforme a la usanza habitual de los delincuentes económicos.

Según nos lo informa con todo detalle el periodista Benedicto Castillo en su reciente estudio “Pinochet el Gran Comisionista,» los fraudes al Estado los hacían estos militares en calidad de secretarios privados del dictador. Abrían cuentas en el Banco Riggs, y luego las desviaban a 129 cuentas repartidas en todo el mundo, todas de propiedad de Pinochet. Añade Castillo que desde 1989, en plena democracia, el Servicio de Impuestos Internos (SII) no se querelló nunca contra el entonces senador vitalicio Augusto Pinochet ni su familia por estos fraudes, existiendo antecedentes de sobra como para hacerlo. Eran, al fin y al cabo, los mejores tiempos de la “política de los acuerdos” y de «las razones de Estado,» la mismas razones acordadas entre cuatro paredes por los corifeos de las dos coaliciones reinantes en Chile desde el fin de la dictadura.

Esas «razones de Estado,» entre otras desgracias para el pueblo de Chile, al cual se le había prometido Justicia y democracia, y para nuestro propio prestigio como país, llevaron al gobierno de la Concertación a liberar al dictador de la Justicia internacional. Hoy, cuando las ollas de la corrupción se han destapado por completo, estos seis ex – militares deberán enfrentar la Justicia por “substracción de fondos públicos;” es decir, de dineros de todos los chilenos que engrosaron la fortuna del dictador hasta 21 millones de dólares. Estos “verdes,” desde luego, nunca tuvieron explicación legal alguna, lo que ameritaba una investigación. Una vez más, sólo serán los sirvientes y no los amos los que paguen los delitos de estos últimos. La fortuna del dictador, el verdadero malhechor en esta historia, la heredó su familia, y hasta ahora nadie habla de recuperarla desde esa fuente, por lo menos en parte.

En suma, la corrupción partió en dictadura, y con el propio dictador y su familia a la cabeza. Alcanzó luego horizontalmente a la clase política, y también a nuestras FF AA. Como ya lo demostró la periodista Olivia Monckeberg en su libro-libelo “El Saqueo de los Grupos Económicos al Estado Chileno,” así como el sociólogo Dauno Tótoro con su “La Cofradía Blindada,” son muchos los oficiales que se convirtieron en hombres ricos de la noche a la mañana, al hacerse de bienes y tierras expropiadas por la dictadura. “Cosas que ya pasaron,” dirán hoy algunos, pero no es del todo así. Informa la prensa que sólo hace unos días, la Fiscalía de Alta Complejidad Centro Norte de Santiago formalizó al mayor de Ejército Mauricio Lazcano por la emisión de más de cien facturas a nombre del Ejército por servicios informáticos que nunca se prestaron, ascendentes a 6 mil millones de pesos. Además, según la acusación, la empresa cómplice en el fraude pagó a Lazcano $200 millones en coimas. Antes de 1973, nunca en la historia de las FFAA se habían conocido casos como éstos.