Fallo del Tribunal: Funcionarios municipales imputados por fraude de subsidios deberán devolver dinero

Fiscalía/ En una audiencia realizada en el Juzgado de Garantía de Iquique, el magistrado Mauricio Chía aprobó  la suspensión condicional del procedimiento acordada entre la Fiscalía y la hija del alcalde de la comuna de Alto Hospicio y otros cuatro funcionarios municipales, que habían sido formalizados por el delito de fraude de subsidios, tras obtener los aportes estatales para viviendas sociales de manera fraudulenta.

 Como condiciones de esta salida alternativa, los imputados deberán devolver las 330 UF que recibieron como subsidio, que corresponden a más de 8 millones de pesos, en una sola cuota, en el caso de la hija del edil y  una funcionaria A.L.G.; y en ocho cuotas para el resto de los imputados, de iniciales. Además, deberán fijar un domicilio por el plazo de 3 años.

 La fiscal Virginia Aravena, a cargo de la investigación, explicó que los imputados no tenían condenas anteriores y dada la penalidad del delito, era factible ofrecer esta salida alternativa con la condición que devolvieran la totalidad del dinero defraudado al Fisco. Respecto a la posibilidad que los imputados hubieran devueltos la casas, como pedían los querellantes Consejo de Defensa del Estado y el diputado Hugo Gutiérrez, la fiscal explicó que desde que los imputados recibieron los subsidios, el año 2007, han realizado mejoras a las viviendas que han elevado el precio de las mismas, por lo que parecía más justo que devolvieran el monto del subsidio recibido actualizado a la fecha.

 De acuerdo a la formalización que había realizado la Fiscalía, los hechos se remontan entre febrero de 2005 y noviembre de 2008, cuando los imputados proporcionaron información falsa que se incluyó en las Fichas CAS II y Fichas de Protección Social, con las cuales postularon al Programa Fondo Solidario de la Vivienda en Iquique, en el llamado correspondiente a junio de 2007, que estaba dirigido al quintil más vulnerable de la población. Es así como cada uno de los imputados obtuvo un subsidio del Estado de 330 UF para la adquisición de una vivienda social ubicada en la comuna de Alto Hospicio.