Haroldo Quinteros Bugueño/ Profesor universitario. Doctor en Educación
En estos momentos, existe una minoría opositora que se opone a la Reforma Educacional (RE) planteada por el gobierno, la que, a pesar de varias indefiniciones y vacíos, es particularmente clara en cuanto poner fin gradualmente a la educación privada subvencionada por el Estado. La RE, cuyo mayor eje es poner fin a la subvención estatal a privados y derivar esos fondos a la educación estatal, es la voluntad de la más amplia mayoría del país, la que en gran medida por esa sola razón eligió a Michelle Bachelet como Presidenta de Chile. Entonces, la cuestión política de fondo es si se respeta o no la voluntad ciudadana mayoritaria.
Piénsese sólo en el apabullante triunfo de Bachelet sobre Evelyn Matthei en cada una de las regiones del país, o compárense los cientos de miles de estudiantes, maestros, dueñas de casa y trabajadores de todos los sectores sociales que se han manifestado por años en las calles de todo el país por una RE que consagre este principio, con las escuálidas manifestaciones de hoy contra ella, evidentemente convocadas y encabezadas por conspicuos dirigentes de la derecha de hoy, otrora los ideólogos y consejeros de la infamante dictadura cívico-militar que terminó con el Estado Docente e hizo de la Educación un servicio comercial más, sin respetar ni oír jamás la opinión de ningún opositor. ¿Hasta cuándo vamos a soportar el orden que a sangre y fuego impuso la dictadura?
Las leyes educacionales dictadas por Pinochet establecieron el sistema de subvenciones estatales a empresarios educacionales privados, y, además, consagraron el lucro con esos fondos, con la excepción de la Educación universitaria. Empero, como todos sabemos, en las universidades se ha lucrado a destajo desde siempre. En educación escolar ha sucedido lo mismo. La actual Ley General de Educación (LGE), dictada en 2009 bajo el primer período presidencial de Bachelet, debía sustituir la vieja LOCE de la dictadura. Explícitamente prohíbe el lucro en la educación escolar privada subvencionada por el Estado, y obliga a los dueños de colegios subvencionados a transformarse en corporaciones sin fines de lucro. Sin embargo, se ha lucrado con la Educación escolar subvencionada hasta nuestros días, a vista y paciencia de todo el mundo.
Baste sólo observar las descomunales ganancias de varios colegios subvencionados de nuestra propia ciudad y región para darse cuenta hasta qué punto ha llegado este escándalo. Ahora ya está instalada en el país una campaña del terror contra la RE que no tiene base alguna. Primero, es preciso reiterar que la RE propuesta por el gobierno no terminará con la educación privada. Hasta el fin del sistema de subvención (planeado para 12 años más, incluso ahora se piensa en 15), los padres irán pagando cada año menos hasta la gratuidad, puesto que el Estado irá paulatinamente bonificando su parte en el co-pago. Al término de este proceso, estos colegios, o bien serán adquiridos por el Estado, o serán, como su nombre lo indica, realmente privados, como los actuales particular-pagados.
Segundo, la totalidad de los fondos estatales para la Educación, serán, como es en todo el mundo, destinados a la Educación pública. A ellos, se agregarán los que recaude la Reforma Tributaria en trámite en estos días. Sólo así será posible alzar de su difícil situación a la Educación de Estado, que más temprano que tarde será gratuita y de calidad, como lo fue en el pasado.