Resultados de la última Evaluación Docente ¿motivo para alegrarse?

Haroldo Quinteros Bugueño/ Profesor universitario. Doctor en Educación

Los maestros de la educación pública que lo deseen pueden someterse a una prueba  cuya validez reside en que ella, como se presume, dirá cómo lo están haciendo en su trabajo. Esta es la “Evaluación Docente”  chilena (ED), instancia de Estado, cuyos resultados este año 2014 indican que el 82% de los docentes la aprobaron bien, con un alza de cinco puntos con respecto a 2013. La ED puede tener un fatal efecto: la reiteración del fracaso en ella significa, además de la vergüenza y el escarnio público, la expulsión oficial del maestro del sistema educacional público.

En virtud de ello, 30 maestros acaban de ser exonerados de la Educación pública. La verdad sea dicha, su exoneración será definitiva, porque si bien en la letra no lo es, es prácticamente imposible que un profesor eliminado de esa manera del sistema de educación pública pueda encontrar trabajo en el sector privado. Además, no se sabe bien si de por medio hay indemnizaciones especiales, jubilación, oferta de labores docentes alternativas, etc. En fin, este método de asegurar calidad en la Educación, aplaudido por políticos de todos los bandos y opinólogos de la más diversa pluma, y del cual los dirigentes del Magisterio no dicen esta boca es mía, me parece decididamente cojo e injusto.

La Educación de Estado nunca mejorará realmente presionando a los maestros con una prueba que, en los hechos, puede asegurarles la continuidad en su trabajo. No, lo primero es terminar no sólo con las precarias condiciones bajo las cuales funciona el sistema educacional público, tan bien graficado en el viejo poema de Nicanor Parra “Autorretrato” (que vivamente recomiendo leer), sino con las agudas desigualdades sociales que caracterizan globalmente a la sociedad chilena. Además, la Evaluación Docente, con el demoledor final que eventualmente puede tener, es otra expresión más del discriminatorio trato que el Estado de Chile tradicionalmente ha tenido para con nuestros maestros.

Es decir, aquí, nada menos, no se ha respetado el principio de la igualdad ante la Ley.¿Por qué la ED sólo se aplica a los profesores y no a todos los profesionales? ¿Cuándo serán evaluados los facultativos culpables de tantas vergonzosas «negligencias médicas,»  los ingenieros y arquitectos cuyas construcciones se han venido abajo al primer temblor, o los abogados de las reparticiones del Estado que no atan ni desatan en los tribunales? Finalmente, ¿por qué la evaluación se reduce solamente a los profesores de las escuelas públicas y no de las privadas, que son la mayoría del país?

Otra arista muy seria en el asunto es que en la práctica, el Estado está desconociendo un título universitario, que el profesor exonerado obtuvo legal y meritoriamente, tras muchos años de sacrificio material y de estudio. Aunque la ED es inicialmente injusta por su sello discriminatorio, por los menos, y como va a seguir, los maestros reprobados deben ser sólo suspendidos y tratados con el respeto que merece todo ser humano; es decir, con atención remedial a las causas sociales, personales y psicológicas de su fracaso; obviamente, además, con el fin  práctico de no perderlos como profesionales y retenerlos en el sistema.