Continúa cuestionamiento a justicia chilena: Tribunal internacional exige reabrir casos de oficiales FACh torturados

Cambio 21/ El pasado septiembre dejó en la silla de los acusados a los jueces, señalados en muchos casos como cómplices activos de la dictadura. Luego de 10 años y contra la opinión del poder judicial chileno, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, exigió al Estado de Chile investigar y juzgar las torturas cometidas contra oficiales de la FACh.

La justicia tarda pero llega. Eso bien lo saben los familiares de detenidos desaparecidos y las propias víctimas de los horrores de la dictadura de Pinochet.

Esta vez, por recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA, el Estado chileno deberá investigar, juzgar y sancionar a los torturadores de los ex oficiales de la FACh. Entre ellos, Alberto Bachelet -padre de la presidenta electa-. Esto, tras haber sufrido los constantes horrores luego del golpe militar por haber defendido el gobierno de Allende.

El septiembre negro golpeó las puertas. Además de denotar consciencia y realismo en la ciudadanía, sobre la crudeza oculta tras la «mejora económica» -que algunos justifican- las violaciones a los derechos humanos fueron descritas y escuchadas de forma inédita. De ahí emana el «perdón» de algunos sectores políticos.

«En el aparato del Pacto San José de Costa Rica, hay dos organismos. Uno es la Comisión y el otro la Corte. La primera es donde recurre la gente, porque el segundo es para los estados. Esta Comisión puede otorgar recomendaciones, pero no son obligatorias. Es un instrumento jurídico, que puede solicitar al Estado chileno que adelante las investigaciones, pero no es vinculante. Acá hay varios casos involucrados, entre ellos el del general Alberto Bachelet. Lo normal es que Chile atienda estas voces, pero no es una sentencia. Pero ojo, esto no lo hace menos importante», explicó a Cambio21 el abogado de Derechos Humanos, Eduardo Cerda.

Chile se lavó las manos

Los recuerdos de los 40 años del golpe de Estado no dejaron títere con cabeza. A la justicia le llegó su juicio y por orden del presidente Sebastián Piñera, para escándalo de muchos, fueron cuestionados por su labor durante y después del derrocamiento de Allende. Sin embargo, poco se ha logrado.

«En la dictadura la justicia fue absolutamente cómplice. De vuelta de la democracia, no pasó absolutamente nada, por culpa de los gobiernos que no lo requirieron. En 1998, a partir de una querella que presentamos con Gladys Marín, se abren los casos y cambia la situación. Aparece el juez Juan Guzmán, quien por muchos años llevó estas investigaciones solo. Hoy existen más de 1.500 procesos judiciales en Chile. Sin embargo, yo creo que recién ahora en octubre pasado empezó a avanzar la justicia en este ámbito», manifestó el abogado Cerda.

Otro directamente involucrado en el tema es el doctor Alvaro Yáñez, quien compartió celda con Alberto Bachelet: «Yo no sé realmente cómo se han llevado los casos en términos judiciales. Yo presté declaraciones en dos oportunidades en distintos procesamientos sobre delitos cometidos de gente que encabezó la represión en la FACh. El tema es que ha habido un montón de procedimientos judiciales que han terminado en la impunidad. Eso tiene que ver con la interpretación de las leyes y la habilidad de los abogados, que se las arreglan para defender lo indefendible. Por ejemplo, aquellos que participaron en la detención de todos los oficiales de la Fuerza Área y que desconozco si alguno sigue cumpliendo condena».

También ha seguido estos casos de la FACh el periodista Fernando Villagrán, autor precisamente de un libro titulado «Disparen a la bandada» que puso en el tapete los atropellos en esa rama de las Fuerzas Armadas.

«Unos pocos han sido procesados, los demás permanecen impunes. Hay una cantidad de pruebas y evidencias que demuestran que la mayoría de estos crímenes fueron realizados y que los acusados han tenido un trato privilegiado de la justicia. La dictadura creó una carrera militar de torturadores. Todavía la Corte Suprema sigue anulando el fallo del Consejo de Guerra del año 74′, para borrar ese estigma que para muchos chilenos no era nada, pero que algunos sabemos que fue simplemente preparación para matar sin discriminar», sentenció a Cambio21 el periodista.

Durmiendo con el enemigo

En su libro Villagrán, narró detalladamente cómo sucedieron los crímenes contra los miembros de la FACh. Cabe recordar que el alto mando de la Fuerza Área llegó a interrogar a cerca de 700 oficiales y suboficiales de su propia milicia. Una parte de este conglomerado era un férreo defensor de la izquierda política y otro de la rebelión militar dirigida por Pinochet.

«Los arrestos fueron violentos, de tortura. Los oficiales fueron sometidos prácticamente a un consejo de guerra, donde recibieron condenas drásticas, incluso de muerte. Más de un centenar de hombres practicaron la tortura que tienen el agravante que fueron realizadas a sus compañeros de armas. Fueron torturas extremas, diría que las más graves que se perpetraron en dictadura. Muertes que fueron ejecutadas por altos oficiales y solo hay dos de ellos que han sido sometidos a procesos, olvidando la larga lista», señaló Villagrán.

«La situación fue que la violencia durante días y semanas, fue de una brutalidad extrema que aterrorizó a todo el país. Salvo a los que aplaudían y decían que esto era un elemento necesario. En segundo lugar, dentro de las Fuerzas Armadas hubo un proceso selectivo donde los sujetos más inescrupulosos y faltos de sentido de ética se presentaron para perseguir a los demás ciudadanos, alegremente. Yo vi salir soldado armados a operativos que consistían en asaltos a casas de individuos indefensos, donde los maltrataban. Todo esto es de una impunidad absoluta, nadie levantó en aquellos meses ningún procedimiento judicial. El poder judicial en ese minuto era una vergüenza nacional», finalizó el doctor Yáñez.