Funcionarios del M. del Interior exigen que autoridades determinen responsabilidades de jefaturas en licitación de equipos detectores de drogas

A través de una declaración pública, la entidad señaló que «estas lamentables prácticas son consecuencias de la gestión autoritaria y el desprecio por las normas que rigen a la administración pública y al estado chileno. Estilo que con rigurosidad impuso el ex fiscal Alejandro Peña».

La Federación Nacional de Asociaciones de Funcionarios del Ministerio del Interior y Servicios Afines (Fenaminsa), en conjunto con la Asociación de Funcionarios de la Subsecretaría del Interior (Afunsag), frente a los graves hechos ocurridos en la División de Estudios de la Subsecretaria de Interior, a cargo del ex Fiscal Alejandro Peña, relativos a la denuncia realizada por el Centro de Investigación Periodística, Ciper Chile, emitió un duro comunicado de prensa.

En el escrito, la entidad demanda que «las autoridades del Ministerio del Interior determinen las responsabilidades políticas y administrativas y de las jefaturas a cargo del proceso de licitación de los equipos detectores de drogas.

«Exigimos que los antecedentes de estos graves hechos sean investigados por la Contraloría General de la República. Señalamos que estas lamentables prácticas son consecuencias de la gestión autoritaria y el desprecio por las normas que rigen a la administración pública y al estado chileno. Estilo que con rigurosidad impuso el ex fiscal Alejandro Peña», agrega el texto.

Según los dirigentes, «conocida la cuestionable trayectoria del ex fiscal en las reparticiones públicas donde ha ejercido cargos de autoridad, reafirma la errada y cuestionada decisión política de las autoridades del Ministerio del Interior que durante todo este tiempo respaldaron su gestión».

Finalmente, los trabajadores manifestaron la «preocupación por la exposición y vulnerabilidad a la que quedan sujetos los funcionarios de la subsecretaría de Interior, quienes estando obligados a cumplir las instrucciones de sus jefaturas sean quiénes finalmente paguen los costos de estas decisiones políticas».