Doctrina Hinzpeter: La teoría del terror hacia el ciudadano
Opinión y Comentarios 21 enero, 2012 Edición Cero
Hugo Gutiérrez Galvez, Diputado Región de Tarapacá
El ministro del interior, Rodrigo Javier Hinzpeter, pretende crear una nueva doctrina en materia de orden público y seguridad ciudadana. Con entusiasmo se encuentra embarcado en un proyecto de ley que fortalece el resguardo del orden público. Su misión es criminalizar la protesta social y clausurar cualquier aire de cambio que provenga desde la organización social y el clamor ciudadano en las calles. Su proyecto de ley es una verdadera revisión ideológica de la materia, y señala:
«En primer término, nuestra actual legislación en materia de orden público se encuentra obsoleta. La redacción del artículo 269 del Código Penal, no responde a los fenómenos sociales actuales ni a los de desórdenes públicos que enfrentamos, lo cual se ha traducido en una difícil aplicación de la norma y, en muchos casos, la consecuente impunidad de quienes son parte de
estos hechos públicos ante la falta de tipos penales que describan adecuadamente las conductas que, en virtud de dicho artículo, debieran ser objeto de sanción. (PROYECTO DE LEY QUE FORTALECE EL RESGUARDO DEL ORDEN PÚBLICO pág. 7. Título II. Nº 1)
Esto constituye un nuevo intento de criminalizar la movilización social, la protesta y la acción política de la ciudadanía. El proyecto agrega una serie de nuevos ilícitos para sancionar acciones de claro corte político, que por sus características puedan ocasionar desorden público. Es así como sucesos, hechos o acontecimientos propios de una movilización social, como la ocupación de un centro de estudios, la paralización de un centro productivo, una marcha que interrumpa el tránsito, y que tienen como propósito una acción de protesta social o reivindicación de un sector de nuestra sociedad, serán considerados delitos y fuertemente castigados en la mayoría de los casos con cárcel. En la sanción serían incluidos manifestantes y dirigentes; en lenguaje del proyecto: autores
e incitadores.
El gobierno de Piñera busca impactar a la opinión pública, confundiendo su juicio, haciendo aparecer la expresión política y social de la calle como una agresión a las personas y sus bienes. Este es el sentido de la operación política que recoge el proyecto de ley propuesto. Hinzpeter nos dice que cada vez que hay movilización en la calle “las personas se ven afectadas”, “personas comunes y corrientes”, “vecinos de los barrios”; entonces se reivindica la necesidad de proteger el orden público. Sin embargo, la realidad es diametralmente opuesta.
La protesta social es contra la usura y el lucro, el abuso, la mala calidad de los servicios públicos como la educación y la salud; la falta de seguridad en los derechos sociales de las personas. El orden que pretende proteger el gobierno al inhibir la protesta social y atemorizar a quienes participan de ella, es el orden de los abusadores, de los que han convertido a nuestro país en un mal negocio para la gente, pero en uno muy bueno para ellos.
«Los objetivos principales de la tranquilidad y la seguridad consisten en proteger a las personas y sus bienes contra los daños que pueden provenir de otras personas… La seguridad y la tranquilidad pública tienen como fundamento especial el deber general de no perturbar el orden público, deber que se aplica a todo ciudadano por el solo hecho de vivir en sociedad y es previo en independiente a su consignación en cualquier norma jurídica (PROYECTO DE LEY QUE FORTALECE EL RESGUARDO DEL ORDEN PÚBLICO pág. 4. Título I. Nº 2.1)
Un punto relevante en este acto revisionista de la opción ideológica de la derecha de criminalizar la protesta social, es lo referido a los periodistas; cuando se busca usar su trabajo para una función represiva. El proyecto demanda requisar sus materiales gráficos o de registro para usarlos como evidencia para incriminar a quienes cometan delitos en las manifestaciones.
Ello sin duda puede responder a una visión totalitaria que tienen sobre todos los actos de la sociedad y sobre todo lo referido a los medios y a quienes participen de ella como los periodistas o fotógrafos. Este gobierno ha querido posar de liberal, en lo referido a la cultura y la libre circulación de ideas y opiniones; sin embargo, lo que hace es instrumentalizar estas visiones, pues su obsesión está puesta en el control social.
Este es un hecho de la mayor gravedad, pues se opone a la libertad de trabajo de estos profesionales, alterando el sentido que ellos le dan a su profesión, atentando contra la libertad de expresión, poniendo en riesgo la seguridad de los periodistas al volverlos sujetos de sospecha para quienes participan de las movilizaciones sociales, concretando así una perversión del trabajo periodístico.
«Finalmente, el proyecto propone incorporar una nueva facultad para las Fuerzas de Orden y Seguridad para que éstas puedan solicitar la entrega voluntaria de grabaciones, filmaciones u otros medios electrónicos que puedan servir para acreditar la existencia de delitos o la participación en los mismos, sin orden previa del fiscal. Cabe señalar que lo anterior, nuevamente responde a las circunstancias en que se cometen los delitos contra el orden público en que es común la presencia de medios de comunicación masiva que permiten la existencia de diversos medios de prueba para acreditar hechos punibles. (PROYECTO DE LEY QUE FORTALECE EL RESGUARDO DEL ORDEN PÚBLICO pág. 11. Título II Nº 4)
La derecha política chilena siempre ha querido ser la promesa del orden y la representante de los poderes económicos del país. El orden y la estabilidad del sistema político y económico capitalista y neoliberal es parte de su vocación.
Para defender ese orden usa a veces toda la fuerza de la ley y cuando la ley es transformar el uso de la fuerza, autoritaria y represiva, en ley.
Oponerse a este proyecto de ley no es sólo oponerse a la posición ideológica de la derecha, autoritaria y represiva en cuestiones que importen cambios sustanciales al orden social injusto. Es también oponerse a un proyecto irresponsable que no mide las tremendas consecuencias para la convivencia social en nuestro país; responder a la protesta social con represión y cárcel implica un paso hacia el abismo. Las cárceles están saturadas y llenarlas de jóvenes estudiantes y dirigentes sociales como pretende el proyecto de ley del ministro Hinzpeter, expresa una ceguera inaceptable.
Con este gobierno la represión policial a la movilización estudiantil se ha vuelto natural y este proyecto de ley lo que hace es ponernos frente a una situación inédita en la historia de nuestro país: que en democracia las cárceles se llenen de jóvenes estudiantes presos por sus convicciones y acciones políticas.
Nuestra posición es diametralmente opuesta a la ideología del autoritarismo, creemos que la protesta social en particular de los jóvenes le ha hecho un gran bien al país. La movilización estudiantil es un aviso del malestar que existe en nuestra sociedad y que todos reconocen como un hecho real.
El reclamo mayor tiene que ver con las tremendas desigualdades en lo social y económico, tarea que necesita del aporte y visiones de todos, en particular de las organizaciones sociales, de lo contrario no habrá posibilidad de cohesión social. Su acción ha aportado enormemente a repensar la necesidad de las personas en materia de seguridad social en salud, educación, vejez, calidad de vida, condiciones laborales, endeudamiento y también en temas relativos al desarrollo del país, como el tema de la energía, uso de las aguas, propiedad de los recursos nacionales, contaminación. La expresión y movilización ciudadana es sana y necesaria para el país, para las personas en su vida cotidiana.
Al contrario de lo que hace la ideología del autoritarismo, debemos estimularla y protegerla.
El año 2011, será importante en la historia del país. Los estudiantes junto a otros sectores sociales organizados, desde las calles y centros de estudios nos han dado una lección de política y moral. De política, pues no sólo han reivindicado sus derechos sociales, sino han demandado justicia para todos, han pensado en cambios para el país aunque con torpeza e ignorancia personeros de gobierno y alcaldes pinochetistas decían que los escolares no debían opinar de política).
De moral, por el enorme sacrificio y consecuencia personal demostrado en sus marchas y tomas. Hacemos un llamado a las organizaciones sociales, principal objetivo del proyecto de ley, a informarse y movilizarse, con la convicción que si hay una movilización nacional fracasará el intento de la derecha de sofocar y apagar la protesta ciudadana.