Trabajadores de Cosayach bloquearon carretera ante fallo adverso de Tribunales
Destacado 17 octubre, 2011 Edición Cero
Barricadas y tacos de más unos 10 kilómetros protagonizaron en plena pampa del Tamarugal, en las cercanías de Pozo Almonte, más de trescientos trabajadores de la empresa minera Cosayach, ante el fallo desfavorable de los Tribunales, en el marco de un proceso en contra de esa empresa de propiedad de Francisco Javier Errázuriz, acusada de extraer ilegalmente aguas.
La movilización se realizó durante varias horas, provocando la intervención de Carabineros que utilizó gases lacrimógenenos para despejar la Ruta A-5, que une a Iquique con Pozo Almonte.
En medio de los incidentes, los trabajadores mineros, sostuvieron que las acciones judiciales en contra del empresario, constituyen una persecución en su contra y que a ellos les afecta directamente, poniendo en peligro su fuente laboral. Por lo mismo, no descartan seguir con las movilizaciones.
Fiscalía
De acuerdo al informe oficial emanado de la Fiscalía Regional, el Juzgado de Garantía de Pozo Almonte rechazó el recurso de reposición interpuesto por uno de los imputados en la investigación que sigue adelante la Fiscalía por el delito de Usurpación de Aguas en contra de los gerentes de la empresa Cosayach, y que buscaba dejar sin efecto la diligencia de incautación de los implementos de extracción de agua realizada en septiembre pasado.
Acogiendo los planteamientos de la Fiscalía y de los querellantes, el Juzgado resolvió rechazar el recurso presentado por la defensa del imputado Carlos Contreras Quispe, argumentando que ni la resolución dictada por el tribunal que permitió la realización de la incautación, ni la diligencia misma realizada por la Fiscalía de Tarapacá, vulneraron ninguna garantía constitucional, cumpliendo absolutamente con los requisitos establecidos por la ley.
De igual forma, el Juzgado rechazo por improcedente un recurso de apelación interpuesto por la misma defensa.
La Fiscalía informó que se fijó para el 7 de diciembre una audiencia para discutir sobre la propiedad de las especies incautadas a través de lo que legalmente se conoce como “tercería de dominio”, interpuesto por las defensas de las sociedades de Cala Cala y Negreiros.