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Inédita diligencia en el marco de la Ley de Entrevistas Videograbadas,  permitió que menor declarara desde Iquique en juicio que se desarrollaba en Antofagasta,... En Tribunal de Iquique se realizó la primera intermediación  transmitida por videoconferencia. Víctima menor de edad declaró desde Iquique a Antofagasta

Inédita diligencia en el marco de la Ley de Entrevistas Videograbadas,  permitió que menor declarara desde Iquique en juicio que se desarrollaba en Antofagasta, acción que se traduce en garantizar un mejor acceso a la justicia de niños, niñas y adolescentes, la protección de sus derechos en juicio y el respeto a su condición de personas.

En el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal (TOP) de Iquique se desarrolló una inédita diligencia que permitió la declaración de menor de edad en un juicio por abuso sexual, para una audiencia que se desarrollaba en el TOP de Antofagasta.

A nivel nacional, esta es la primera vez que se realiza una intermediación transmitida vía videoconferencia de un tribunal a otro, por lo que su gestión y desarrollo concitó la concentración de todo un equipo operativo para que pudiera llevarse a cabo con éxito.

Así lo explicó el magistrado Andrés Provoste Valenzuela, monitor de la implementación de la Ley de Entrevista Videograbada en la jurisdicción. “El TOP de Antofagasta nos solicitó la realización de una intermediación respecto de una víctima residente en la ciudad de Iquique, para ser transmitida en tiempo real vía videoconferencia a ese tribunal, donde se desarrollaba el juicio, por lo que debimos desplegar todos los esfuerzos técnicos y personales del tribunal para cumplir el encargo y llevarlo a cabo conforme a los estándares y exigencias legales”.

“Nuestro equipo respondió muy bien al desafío y pudo sacar adelante esta diligencia sin problemas, pues tanto la coordinación con el intermediador, con la unidad de víctimas y testigos del Ministerio Público, como con nuestros colegas del Tribunal Oral de Antofagasta, se realizó sin dificultades, tal como sucedió, también, con el desarrollo de la diligencia propiamente tal, cumpliéndose con todos los requerimientos para su realización”, señaló el magistrado.

Agregó que “por primera vez en el país se hace una transmisión de este tipo desde un tribunal a otro, lo que ha implicado una importante colaboración de muchas personas tanto en este tribunal como en el de Antofagasta y del Ministerio Público, lo que demuestra un alto grado de compromiso de nuestra gente con nuestra labor y con esta nueva normativa, cuyo fin último es la protección de niños, niñas y adolescentes que declaran como víctimas en el marco de un proceso penal”.

El magistrado Provoste detalló que primero se desarrolló la llamada “fase previa” donde solo interactuó el intermediador, que en esta oportunidad fue el sicólogo del Ministerio Público de Iquique, Óscar Elgueta, con el Top de Antofagasta, donde éstos acordaron las directrices con que abordarían el trabajo con la menor de edad.

“A continuación se desarrolló la intermediación propiamente donde tal, donde el profesional especializado y debidamente habilitado para este fin, se abocó a interrogar a la menor en base a las consultas dirigidas por los intervinientes en juicio, explicando que antes se efectuó una simulación de toda la diligencia a fin de evitar errores y fallas de equipos computacionales y de audio, lo que en buena medida redundó en los buenos resultados obtenidos”.

Puntualizó que “para nosotros era importante que el resultado fuera bueno, pues de este modo se sienta el precedente que esta diligencia es perfectamente posible y que en los hechos no hay diferencia con una intermediación realizada en una sala especial del mismo tribunal que la solicita”.

Agradeció además el apoyo constante del equipo formador integrado por Nora Rosati, Carlos Iturra y Alicia Fuentes, quienes “incansablemente nos guían y secundan en todo lo relacionado con la aplicación de la Ley”, enfatizando que ese trabajo en equipo les ha permitido enfrentar estos nuevos desafíos, los que en definitiva se traducen en garantizar un mejor acceso a la justicia de niños, niñas y adolescentes, la protección de sus derechos en juicio y el respeto a su condición de personas.