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El 20 de marzo de 2018, asume en el cargo de Secretaría Regional Ministerial de Desarrollo Social Katherine Jeannette Aliaga Araya. Tito Rodríguez Elgueta,... Desde que asumió Seremi Aliaga mostró su sello. Funcionario al que deberá indemnizar y pedir disculpas recuerda: “Me dijo que no confiaba en nadie”.

El 20 de marzo de 2018, asume en el cargo de Secretaría Regional Ministerial de Desarrollo Social Katherine Jeannette Aliaga Araya. Tito Rodríguez Elgueta, ya se encontraba trabajando en esa repartición desde el año anterior y en ese momento era el Jefe de Administración y Finanzas. Las evaluaciones de sus jefaturas anteriores eran en lista 1, por lo que nada hacía presagiar lo que se le venía encima. Nunca imaginó los insultos, descalificaciones  como «no serví pa´na» o «¿estai segur0 que te gusta esta pega?» ; y menos que fuera conminado a cometer actos ilegales.  Tras el fallo del Tribunal Laboral, hoy la vida nuevamente le sonríe.

Sin embargo, la primera señal, -sin sospechar la vertiginosa manera en que todo se agudizaría, hasta afectar su salud-,  la recibió al escuchar de boca de la propia Seremi Katherine Aliaga Araya, recién asumida que «no confío en nadie», según declara en la demanda, el funcionario desvinculado:

“La autoridad referida, desde el primer momento demostró un trato despectivo, descalificatorio e irrespetuoso para con los funcionarios del servicio, y muy particularmente para con el suscrito, lo cual se expresó en solicitudes no pertinentes con el trabajo, de carácter extemporáneas o de carga excesiva a fin de que el suscrito no pudiera cumplir con el buen desempeño obtenido hasta la fecha”.

Y continúa: “…en la primera reunión sostenida con la autoridad, la Sra. Aliaga Araya me señala que “No confiaba en nadie”, lo cual me causó un gran impacto, toda vez que no comprendía como una persona recién designada en un cargo de tanta importancia, arribaba a un servicio de sello esencialmente social y humano, con una actitud como la descrita. Sin embargo, dicha actitud se fue materializando en diversas acciones y actitudes para con el suscrito, dejando en claro que no contaba ni con su confianza ni con su beneplácito”.

La Seremi, constantemente le hacía solicitudes de informes u otros temas referidos a sus funciones. “Era notoria su molestia, al verificar que el suscrito cumplía siempre con sus solicitudes y requerimientos, a pesar de que el objetivo era que precisamente no cumpliera producto de la gran cantidad de información solicitada”.

Entonces, no conforme con ello, sus requerimientos al funcionario se ampliaron a áreas que no eran de su competencia, pero esas solicitudes” iba acompañado de frases como “antes todo se hacía mal y ahora se harán bien las cosas”, además de otras frases de descalificación a la labor desempeñada por la administración anterior”.

Esa fue la tónica en la relación laboral dela Seremi Aliaga con el funcionario Tito Rodríguez, lo que fue tensionando cada vez más la situación, hasta caer ya, en las descalificaciones, insultos y groserías, justo por las que ahora le deberá pagar una indemnización de 50 millones de pesos por daños moral.

 “en razón de estas solicitudes por parte de la autoridad referida, me fue imposible cumplir a tiempo con todo lo solicitado. Fue en ese momento que comenzaron las descalificaciones en frases como “Ud. no sabe nada” “Donde estudio… de verdad tiene un Magisterio” “estay seguro que te gusta esta pega”. En algunos casos dichas frase iban acompañadas de groserías, como la palabra “huevon”. Y lo decía en presencia de los otros funcionarios; incluso escuchaban quienes estaban cerca porque se expresaba por medio de gritos.

Pero la persecución laboral no terminó con los insultos, gritos y hostigamientos, sino que la Seremi Katherine Aliaga, obstaculizó procesos administrativos, por ejemplo, al negarse a firmar el pago de unos arreglos que se realizaron a las instalaciones del servicio.  Su negativa se basó en que lo había ordenado la administración anterior.

No sólo Tito Rodríguez fue el blanco de la furia de la seremi, con acciones de denostación y menoscabo. Con él se ensaño particularmente, estima el afectado, porque  le molestaba su condición de discapacidad física en un 70%.  Sin embargo, también fue testigo de malos tratos a otros funcionarios “algunos renunciaron voluntariamente durante el periodo marzo a mayo del presente año, o bien iniciaran acciones legales contra la autoridad”.

ILEGALIDAD

Titio Rodríguez, en su denuncia, va más allá al acusar a la Seremi de Desarrollo Social de acciones derechamente ilegales, frente a las cuales se opuso, porque “no era posible acceder a su deseo de contar con un auto fiscal del servicio para su uso exclusivo, menos fuera de la jornada laboral, toda vez que en razón de las medidas de austeridad fiscal, el uso privativo de los vehículos fiscales alcanzaban al nivel de ministros y subsecretarios”. No así los seremis donde su uso está restringido a las labores propias del servicio. Obviamente, estas situaciones, recrudecían el trato de la autoridad hacia Tito Rodríguez

La SEREMI le dijo  que no quería que el chofer titular del servicio Eduardo Marambio, con 27 años de trayectoria,  siguiera. “Para ello, me solicita que busque “cualquier forma” para evaluar negativamente al funcionario señalado, a efecto que se cuestionaran sus capacidades de conducción, y por esa vía apartarlo del cargo”. Le señaló a la autoridad que lo que estaba pidiendo era ilegal y le detalló el procedimiento de evaluación de los conductores que es observado por la Asociación Chilena de Seguridad, mutualidad a la cual se encuentra afiliada nuestro servicio.

Un “no serví pan a”, fue la respuesta de la autoridad, en una actitud  “en extremo agresiva”, declara Rodríguez.

Y sus actitudes suman y siguen. Por ejemplo a la Seremi Aliaga, no le gustaba el escritorio asignado a su oficina, el que fue  utilizado sin mayores problemas las autoridades anteriores. Entonces le íde al demandante que compre uno nuevo, pasando por alto “las instrucciones de austeridad en el gasto publico generadas desde el nivel central”. Sin embargo, optó por la compra de un escritorio que tenía el valor aproximado de $600.000, y el cual tenía plazo de entrega 15 días desde efectuada la compra”.

La historia no termina ahí, porque después de usarlo durante 2 semana, según se consigna en la demanda, le  señaló que ya no lo quería y que debía retirarlo de su despacho, instalando nuevamente el antiguo escritorio.

Suman y siguen situaciones como las señaladas, en una actitud de acoso permanente de la autoridad lo que fue generando “una afectación grave y directa a la salud del suscrito, por actos de acosos laboral”.

“Lo anterior, deja de ser una simple percepción del suscrito, para ser una situación debidamente acredita por un órgano especializado como es la Asociación Chilena de Seguridad, quien ha dictaminado la necesidad de reposo medico por enfermedad psiquiátrica y el tratamiento respectivo al suscrito, una vez que fue verificado según el procedimiento contemplado para estos efectos en la Ley 16.744 sobre enfermedades profesionales, que el suscrito tiene una enfermedad de origen profesional, diagnosticado específicamente como trastorno adaptativo, dado que se ha corroborado la siguiente circunstancias:

“Evaluación de puesto de trabajo corrobora la presencia de factor de riesgo liderazgo disfuncional través de comportamiento hostil en el puesto de trabajo del paciente”. De esta manera, la Secretaría Regional Ministerial de Desarrollo Social Sra. Katherine Jeannette Aliaga Araya es responsable directa de los perjuicios y deterioro a mi salud, producto de actos de su responsabilidad que no tienen relación con el desempeño laboral del suscrito, salvo al animadversión de la autoridad para con este denunciante”.

Puedes revisar todos los detalles, en la demanda adjunta.

demanda Tito Rodríguez

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  • Homero Varela Aguirre

    12 agosto, 2019 #1 Author

    Este relato confirma mi apreciación, que la dama en cuestión no tiene las capacidades para el cargo en que fué designada; sumado al perjuicio que provoca al Estado, que debe desembolsar una millonaria suma por la indemnización que la Justicia ha determinado por un despido injustificado.

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